El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) planea invertir, para 2026, $25.000 millones en el desarrollo sostenible de la región e incrementar el financiamiento sustentable desde el 26% al 40% para los próximos cuatro años.
El banco hizo este anuncio durante la presentación del reporte Infraestructura en el Desarrollo de América Latina (IDEAL) 2022, titulado “Energía, agua y salud para un mejor medio ambiente”, este jueves 1 de diciembre en Buenos Aires, Argentina.
En su estudio, el CAF analiza el rol de sectores estratégicos como la energía, el agua y la salud pública para el desarrollo sostenible de la región, en sus compromisos asumidos para convertirse en el banco verde que acompañe la recuperación económica y productiva de América Latina y el Caribe.
El informe tiene como objetivo promover herramientas y mecanismos para transformar el paradigma económico actual en un modelo sostenible y resiliente climáticamente, que permita garantizar una mejor calidad de vida para todos los latinoamericanos y caribeños.
“Aumentar únicamente la resiliencia de activos expuestos a amenazas incrementaría las necesidades anuales de inversión”. Así, “en promedio ese incremento sería de $20.000 millones para energía eléctrica (0,02% del PIB mundial) y algo menos de $5.000 millones para el agua (0,005% del PIB mundial)”, por ejemplo, según CAF.
El análisis
El reporte analiza las múltiples matrices energéticas de la región en línea con los compromisos de descarbonización asumidos por el continente (con una elevada participación de la generación proveniente de fuentes renovables), y propone iniciativas que impulsen la transición hacia un sistema basado en fuentes primarias de menor nivel de emisiones, mayor componente eléctrico, una disminución de la intensidad energética y un incremento de los mecanismos de captura y almacenamiento de carbono (CAC), entre otros.
Durante el período 2015-2019, el sector energético generó el 76% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y más del 90% de las emisiones de CO2 a nivel mundial, así como el 46% de las emisiones de GEI y un 62% de las emisiones de CO2 en América Latina y el Caribe.
“El mayor desafío energético ambiental es lograr una transición energética que logre un equilibrio entre las necesidades (ambientales, pero también económicas y sociales) y las capacidades de la región para alcanzar una determinada velocidad en ese proceso”, destaca CAF en su informe.
Según el índice de transición energética (ITE), elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF, 2021), América Latina y el Caribe se encuentra levemente por debajo del promedio mundial (ITE = 58,6 vs. 59,3, respectivamente) y lejos de las economías avanzadas (ITE = 68,4).
En el sector agua, el reporte de CAF repasa las políticas, regulaciones e inversiones en infraestructura que se llevan a cabo en la región, y que apuntan a limitar actividades contaminantes, impulsar la economía circular y promover un modelo de gestión más eficiente y centrado en la conservación del recurso hídrico.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO), el uso del agua ha aumentado en todo el mundo aproximadamente un 1,1% por año entre 1970 y 2010 (FAO, s.f.b). En la región, la agricultura (incluida la irrigación, la ganadería y la acuicultura) es, por mucho, el mayor consumidor de agua, utilizando un 80% de las extracciones anuales a nivel regional (vs. 67% a nivel mundial), seguido por los hogares (14% vs. 20% a nivel mundial) y la industria (6% vs. 13% a nivel mundial). La extracción de agua para fines productivos o económicos ha ejercido presión sobre la disponibilidad del recurso hídrico.
Por último, también incorpora en su análisis al sector salud y su capacidad de respuesta a posibles eventos disruptivos a partir de las lecciones aprendidas durante la pandemia de la covid-19.
“La pandemia de la covid-19 dejó en evidencia los déficits del sistema y sus dificultades para adaptarse frente a eventos disruptivos que generan aumentos pronunciados y transitorios de la demanda de servicios sanitarios. Pero también mostró aspectos positivos en cuanto a la capacidad de resiliencia, es decir, su adaptación, el fortalecimiento de la red sanitaria y el aprovechamiento de los recursos físicos disponibles (como el uso de infraestructura propia o de otros sectores), así como en coberturas de vacunación”, apunta el estudio.
En conclusión, una mejor adaptación futura a eventos disruptivos, ya sean causados por factores transmisibles o factores climáticos, pasa por lograr una mayor flexibilidad del sistema a partir de distintas intervenciones relacionadas con un financiamiento suficiente, la calidad y cantidad de los recursos humanos, la infraestructura, la previsión de escenarios y recursos, y la gestión y calidad de los datos, entre otras.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) contienen objetivos específicos para los sectores de infraestructura que se priorizan en este reporte: salud, agua y energía. Estos no solo son objetivos en sí mismos (ODS 3, 6 y 7, respectivamente, y transversalmente, el ODS 9), sino que además tienen múltiples interrelaciones con otros, reflejando su rol esencial en el desarrollo de los países.
Fuente: La Estrella de Panamá.
