El Salvador. De 11 medidas anunciadas esta semana por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para hacer frente a la inflación, solo un par podrían tener algún tipo de impacto en la población, señalan analistas.
Los expertos tildan las medidas “de insuficientes” y “poco significativas”, y el mismo gobierno afirma que no implican una inversión que afecte las arcas del Estado o la economía del país.
Las medidas más representativas, según los expertos, son la suspensión por tres meses del arancel del Fondo de Estabilización Económica (FEFE), un impuesto de guerra que se incluye en los precios de la gasolina ($0,16 por cada galón) y los 10 centavos por galón del impuesto de contribución al transporte (COTRANS), ambas aprobadas por el Congreso esta semana y que entrarán en vigor una vez sean publicadas por el diario oficial.
Sin embargo, no todos los sectores de la población han visto con buenos ojos el anuncio hecho por el Ejecutivo, y acusan al gobierno de imponerlas sin previamente haber dialogado con los sectores que se verán afectados, como agroindustriales, transportistas y empresarios, entre otros.
El presidente Nayib Bukele durante el anunció explicó que la eliminación del FEFE, impuesto que se usa para pagar pensión a los veteranos de la guerra civil, privaba al Estado de la recaudación de 3,84 millones de dólares por mes. Al quitarlo por tres meses, la cifra asciende a “11,52 millones de dólares que el Estado deja de percibir en estos tres meses”, explicó el mandatario.
Sin embargo, que el Estado deje de percibir dicho monto no afecta la economía del país o “el impulso que esta ha tenido en los primeros tres meses” de 2022, dijo el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en un comunicado de prensa.
Según Zelaya, las medidas se complementan con el recorte del gasto corriente y no de la inversión pública. “Sacrificar la inversión pública significa perder el impulso que le dimos a nuestra economía y que les hemos estado dando durante el primer trimestre de este año”, aseguró.
El ministro asegura que las 11 medidas solo costarán al Estados “entre 75 y 80 millones de dólares”.
¿Tiene el país capacidad de subsidiar lo prometido?
Expertos consultados por la Voz de América no ven una inversión significativa por parte del Gobierno, ya que algunas de las medidas anunciadas, según ellos, “ya estaban vigentes” y en ninguna “existe austeridad en el gasto público” por parte del Ejecutivo.
Por ejemplo, en el caso del subsidio al gas propano y otras, no se pueden aplicar como la exoneración por tres meses del impuesto a la importación de algunos alimentos, como cebollas, plátanos, tomates, repollo, trigo, etc. – si son importados a nivel de Centroamérica – “porque no pagan impuestos”.
“Esa medida no va a tener ningún impacto en la población”, explicó a la VOA Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social en El Salvador.
Escobar recordó que “a nivel centroamericano, los productos alimenticios no pagan aranceles” porque existe un Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
En cuanto a la eliminación de los impuestos al combustible, el experto tiene reservas de cómo impactará a los salvadoreños, por la fluctuación del precio del combustible.
“Al final son otro tipo de medidas las que se deberían tomar, pero construidas en consenso con los diferentes sectores para disminuir el costo de la vida. Aparte que el Gobierno no ha planteado un plan de austeridad”, dijo el experto, quien recordó que las otras medidas son únicamente mecanismos de control de precios, los que ya han resultado en acciones represivas, como el encarcelamiento de un empresario de transporte.
Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de La Empresa Privada (ANEP), dijo que la asociación que representa ve con inquietud la implementación de las medidas, ya que considera que “deben respetar el estado de derecho, las reglas del juego y al final la economía, porque lo que se genera es un desorden que termina afectando al consumidor”.
ANEP compartió un comunicado con VOA sobre la intervención del Estado en empresas privadas que prestan servicios públicos y esenciales ante el caos que generó la confiscación de casi 300 unidades por el Estado del transporte privado propiedad de ACOSTES de RL, las que luego fueron entregadas al ejército para que operara las unidades.
Selva dijo que si bien es cierto que el sector del transporte colectivo no forma parte de la asociación y que no defienden los intereses de un empresario en particular, están “preocupados por el mensaje que se ha enviado”.
Además de crear una falsa expectativa en la población, ya que, tal y como se vio durante la semana, el Gobierno no pudo mantener gratuito el servicio de las unidades confiscadas.
“También le tienes que pagar dignamente a los motoristas (conductores) que han contratado […]. Por generar la imagen que están dando, algo gratis les está costando al Estado, nos está constando nuestros impuestos”, apuntó la representante de ANEP.
“Esa medida no va a tener ningún impacto en la población”, explicó a la VOA Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, asociación sin fines de lucro especializada en contraloría social en El Salvador.
Escobar recordó que “a nivel centroamericano, los productos alimenticios no pagan aranceles” porque existe un Tratado de Libre Comercio de Centroamérica.
En cuanto a la eliminación de los impuestos al combustible, el experto tiene reservas de cómo impactará a los salvadoreños, por la fluctuación del precio del combustible.
“Al final son otro tipo de medidas las que se deberían tomar, pero construidas en consenso con los diferentes sectores para disminuir el costo de la vida. Aparte que el Gobierno no ha planteado un plan de austeridad”, dijo el experto, quien recordó que las otras medidas son únicamente mecanismos de control de precios, los que ya han resultado en acciones represivas, como el encarcelamiento de un empresario de transporte.
Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación Nacional de La Empresa Privada (ANEP), dijo que la asociación que representa ve con inquietud la implementación de las medidas, ya que considera que “deben respetar el estado de derecho, las reglas del juego y al final la economía, porque lo que se genera es un desorden que termina afectando al consumidor”.
ANEP compartió un comunicado con VOA sobre la intervención del Estado en empresas privadas que prestan servicios públicos y esenciales ante el caos que generó la confiscación de casi 300 unidades por el Estado del transporte privado propiedad de ACOSTES de RL, las que luego fueron entregadas al ejército para que operara las unidades.
Selva dijo que si bien es cierto que el sector del transporte colectivo no forma parte de la asociación y que no defienden los intereses de un empresario en particular, están “preocupados por el mensaje que se ha enviado”.
Además de crear una falsa expectativa en la población, ya que, tal y como se vio durante la semana, el Gobierno no pudo mantener gratuito el servicio de las unidades confiscadas.
“También le tienes que pagar dignamente a los motoristas (conductores) que han contratado […]. Por generar la imagen que están dando, algo gratis les está costando al Estado, nos está constando nuestros impuestos”, apuntó la representante de ANEP.
Expertos internacionales en temas económicos también han advertido del impacto económico que el aumento del precio del petróleo tendrá en países de América Latina y Centroamérica, como El Salvador.
Martín Castellanos, jefe de investigación de América Latina en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), explicó en su último informe que “el aumento de los precios del petróleo erosionaría las cuentas externas” de países importadores netos de energía “donde El Salvador, Jamaica y Honduras podrían sufrir más”.
Con relación a los subsidios, el investigar explicó que el impacto en las cuentas fiscales podría ser negativo para “las economías más pequeñas de la región”, como el país centroamericano, debido a la necesidad de “aumentar los subsidios”.
Desde el punto de vista del representante del IIF “la inflación será el principal desafío” en los países de la región, como El Salvador, porque esta trae “una mayor erosión del poder adquisitivo, especialmente para aquellos con ingresos más bajos”.
Combate a la inflación de precios
La décima medida que implementa la Ley Especial Transitoria de Combate a la Inflación de Precios ha causado alarma entre los miembros de la agroindustria azucarera.
Por medio de un comunicado de prensa, detallaron que la normativa afectaría a unos 50.000 trabajadores que dependen directamente de la industria azucarera, entre “productores de caña de azúcar, trabajadores agrícolas e industriales, transportistas e ingenios, expuestos a la volatilidad del mercado internacional del azúcar y a sus distorsiones”.
La gremial señala que el Gobierno no ha tomado en cuenta aquellos factores que están afectado la producción nacional de azúcar, como el aumento de los insumos agrícolas y de los combustibles.
También dejaron en claro que en el país no hay desabastecimiento de azúcar “ni fluctuaciones constantes de precios”, ya que dicho sector está regulado por la Ley de la Agroindustria Azucarera, “la cual garantiza el suministro de azúcar que el mercado nacional demanda cada año”.
El experto en Relaciones Internacionales, consultado por VOA, también coincide con el reclamo del sector azucarero. Explicó que las cadenas de suministros del país “no están siendo afectadas” por el conflicto entre Rusia y Ucrania como dijo el presidente Bukele el emitir la ley.
Campos también hizo referencia a las cadenas de suministro energético, aduciendo que “no es un problema de escasez, es un problema de precios”.
Fuente: VOA.
