Costa Rica. Con 49 votos a favor y 2 en contra, los diputados dieron primer debate este jueves al proyecto que pretende combatir el crimen organizado, luego de que la Corte Suprema de Justicia señaló que la iniciativa requería 38 votos para ser aprobada.
El proyecto de ley fue sometido a un proceso de muchos meses en el que pasó por los trámites de discusión propios del Congreso y al que se le aplicó un procedimiento abreviado para acelerar su trámite final.
Las fracciones parlamentarias y por iniciativa del presidente del Congreso, Rodrigo Arias, sostuvieron reuniones con el fiscal general de la República, el presidente de la Corte Suprema de Justicia y Magistrados de dicho órgano.
De esos encuentros nació la urgencia de aprobar la iniciativa para enfrentar el flagelo de la delincuencia organizada y ante el riesgo de la eventual libertad de cabecillas de grupos peligrosos.
Esta reforma es una de las cinco iniciativas legales que buscan combatir la ola de criminalidad que enfrenta Costa Rica, con la cifra récord de casi 350 homicidios en lo corrido de 2023.
En 2022, este país contabilizó 657 asesinatos y una tasa de 12,6 por 100 mil habitantes, ambas también cotas máximas históricas.
Durante la discusión por el fondo, la mayoría de diputados coincidieron en señalar que es un proyecto importante para enfrentar los índices de violencia y criminalidad que han aumentado en los últimos años.
El jefe de la fracción liberacionista, Oscar Izquierdo, resaltó el impulso que a este tema le dio el presidente del Congreso. Explicó que mayoritariamente los diputados de su fracción apoyaron desde el inicio este proyecto. «Votamos el proyecto consecuentes con la petición del Poder Judicial para ser más eficaces en la lucha contra el crimen organizado.
Priscilla Vindas, integrante de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, declaró que la fracción del Frente Amplio celebra la aprobación del expediente en el primer debate.
El diputado oficialista, Alexander Barrantes, aseguró que este es un proyecto de gran relevancia para la seguridad de nacional y solicitado por las autoridades del ramo.
Los diputados también agradecieron el trabajo de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico donde hubo una discusión amplia y profunda.
La diputada Gloria Navas, quien presidió ese órgano durante todo el debate, insistió en que el proyecto 23090 es «una necesidad nacional» destacando su importancia para el país y para la región latinoamericana de aprobar esta
El diputado Danny Vargas, quien votó en contra, manifestó su descontento porque «a pesar de que hicieron ver todos los errores que tiene el proyecto no fueron escuchados» Agregó que «se tiene la tendencia de aprobar legislación de emergencia para hacer frente a la criminalización, aunque se le pase por encima a las garantías procesales»
La diputada Carolina Delgado, quien presentó la mayoría de las mociones, defendió su voto en contra pues manifestó que su lucha fue para discutir sobre asuntos de fondo.
«Reiteré una y otra vez que expediente pone en riesgo la seguridad jurídica, atenta contra los derechos humanos y sirve de cómplice a los horrores que, de forma reiterativa, viene cometiendo el Poder Judicial y el Ministerio Público en la lucha contra la delincuencia organizada».
El diputado del Frente Amplio, Johnatan Acuña, defendió el voto positivo de su bancada.
«Que nadie se olvide la de la amplia discusión que se dio en torno a este proyecto de gran urgencia para el país. La propia institucionalidad así lo pidió y nosotros respondemos a ese llamado. Ponemos al día legislación importante».
El proyecto aprobado, bajo el expediente 23090, reforma dos leyes: La Orgánica del Poder Judicial y la de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia. Busca mejorar la redacción de la normativa vigente y las reglas sobre distribución de competencias en asuntos de delincuencia organizada, aclarando cuáles se tramitan en la jurisdicción ordinaria y cuáles en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada.
También establece que los asuntos relacionados con delincuencia organizada son de acción pública y no pueden ser convertidos en delitos de acción privada. Igualmente, la iniciativa busca que los asuntos sobre crimen organizado tengan plazos de 24 meses y que se dupliquen los de etapa intermedia, así como los de prisión preventiva y los plazos para la continuidad y suspensión del debate, entre otros puntos a destacar.
El proyecto se discutirá en su trámite de segundo debate el próximo lunes 29 de mayo.
Fuente: El País.cr
