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Países miembros de la OEA convocan a sexta reunión para analizar la situación política de Guatemala

Tiempo de lectura estimado: 5 minutos

Guatemala. Después de que el Congreso retiró la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Estados Unidos, República Dominicana, Chile, Uruguay y Costa Rica convocaron a una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos (OEA) para este lunes 4 de diciembre y en la que analizarán la situación política de Guatemala en torno al proceso electoral.

Como en otras sesiones, la sesión extraordinaria se efectuará en Washington a pocas semanas de que se concrete el cambio de gobierno, el próximo 14 de enero.

Para expertos en el tema, en esta sesión los integrantes del Consejo Permanente destacarán el avance de actividades que buscan  anular las elecciones, como el retiro de inmunidad a los magistrados del TSE, con la diferencia de que los argumentos que en la sesión pueda dar el canciller, Mario Búcaro pierdan credibilidad. No obstante, también estiman que la resolución podría no pasar de una “preocupación”, y que los países miembros esperen una situación extrema para aplicar el articulo 21 de la Carta Democrática, que es la expulsión de Guatemala de ese organismo.

No pasará nada

Para el experto en temas internacionales, Roberto Wagner, será una discusión como otras en las que finalmente sólo se impondrá un castigo “moral”, puesto que la OEA no puede emitir castigos económicos, ni comerciales.

“La OEA puede convocar a la Carta Democrática solo sí Bernardo Arévalo y Karin Herrera no asumen la presidencia y vicepresidencia el 14 de enero, porque hasta ese momento se reconocerá que hay un golpe de Estado. La clave para que se sancione verdaderamente al país es que se dé una interrupción democrática como esa, pero hasta entonces no pasará nada”, afirma.

En otras sesiones, la OEA ha emitido resoluciones en donde ha manifestado su preocupación por la situación política que atraviesa Guatemala. Sin embargo, Aun con sanciones morales, Wagner afirma que estas tienen un peso “muy grande” para la imagen del país, principalmente en el tema diplomático.

Consecuencias

Edgar Gutiérrez, exministro de Relaciones Exteriores, refiere que se aplicará la Carta Democrática si Bernardo Arévalo no asume el 14 de enero. Y luego de asumir, también se volverá a considerar la aplicación si Arévalo es sometido a un juicio político.

“La aplicación de la Carta significa la expulsión de Guatemala del sistema interamericano y el régimen; y a diferencia de Venezuela y Nicaragua, no tiene otros aliados internacionales, esto implica la soledad absoluta del régimen. En lo inmediato no tiene repercusiones comerciales, aunque algunas ramas de la economía sí podrían sufrir, también se ralentizarían las negociaciones de crédito multilateral e inversiones. No creo que un gobierno nombrado por el Congreso sobreviva al ostracismo”, refiere.

Según Gutiérrez, la alarma esta vez la encendió el retiro de la inmunidad de los cuatro magistrados del TSE, pues la percepción en la comunidad internacional es que “esta es la ruta identificada por el pacto de corruptos para anular la primera vuelta electoral violentando la integridad del voto”.

Gutiérrez afirma que este lunes podría adoptarse la decisión de convocar a una asamblea general extraordinaria para analizar el caso y adoptar las decisiones pertinentes, lo cual “aumentaría el volumen internacional sobre la crisis de la democracia en Guatemala”.

“ Aunque no veo la aplicación del artículo 21 de la Carta Democrática, pues formalmente no se ha producido la ruptura del orden democrático, pero algunos países, como EE.UU. y la UE ya preparan sanciones no solo a personas señaladas, sino de carácter comercial y financiero, lo cual marcaría una soledad internacional del país que no tiene precedentes, ni siquiera en los regímenes dictatoriales de Lucas García y Ríos Montt”, destacó.

Para el exmbajador, Luis Alberto Padilla, la sexta reunión del Consejo Permanente de la OEA será nuevamente para emitir advertencias de las consecuencias que se vendrían para Guatemala si continúan las acciones para que se rompa el “orden democrático”, aunque estas serían más intensas, principalmente por países como Estados Unidos y Canadá, que son algunos de los que han mostrado más preocupación. No obstante, sostiene que para que el país sea sancionado con la expulsión, aun falta consenso entre las naciones.

“Esto es grave, estamos siguiendo el mismo camino de Nicaragua y Venezuela, estos países fueron sancionados por la OEA por romper con la carta democrática, esta carta exige que un gobierno cumpla con las normas democráticas”, advirtió.

Agregó: “Habría que preguntar al gobierno de Guatemala si lo que quiere es que se suspenda a Guatemala de ese organismo, o posiblemente ellos mismos van a pedir la salida de Guatemala de la OEA, pero es algo que no le conviene a Guatemala”.

Padilla destacó que la preocupación se incrementa cada vez más, si se toma en cuenta que el Secretario General de la OEA, Luis Almagro visitó el país para ser intermediario entre organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, pero se percató que no hubo acuerdos.

“Lo que se viene es otra resolución para establecer con claridad que le espera a este país si se continúan con actividades en contra de democracia, el voto popular y en contra de que se lleve a cabo la transmisión de nuevo gobernante”, acotó.

Lo que esperan ahora, según Padilla, es que algún país miembro presente un proyecto de resolución para emitir sanciones, pero de igual forma deberá ser bien evaluado por los embajadores.

“La misma situación que en este momento vivió Guatemala la vivió Honduras hace algunos años y ahora nuevamente es integrante de la OEA”, afirmó.

Golpe

El presidente electo advirtió el 1 de septiembre de un “golpe de Estado” en marcha en su contra por parte del Ministerio Público, bajo el mando de la fiscal general, Consuelo Porras Argueta, lo que provocó una serie de manifestaciones masivas y un paro nacional en octubre pasado.

Desde entonces, la tensión ha decrecido, al igual que las apariciones en público de Porras Argueta y los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso, a cargo de las supuestas investigaciones de un caso en contra de Semilla por firmas falsas en 2018.

Fuente: Prensa Libre.

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