Centroamérica. Casi todos los países del mundo cuentan con una entidad militar para defenderse de amenazas externas, pero hay dos en Latinoamérica que desde hace años enterraron el pasado militar.
En todos los países del mundo, las fuerzas armadas fungen como protectoras de la soberanía nacional y la defensa del territorio. Son las protagonistas de los conflictos armados entre las naciones y se dividen en fuerzas terrestres, navales y aéreas.
Usualmente, el comandante general de los Ejércitos es el presidente o caudillo en funciones en democracias liberales y autocracias electorales o cerradas, mientras en sistemas monárquicos, tanto parlamentarios como constitucionales (Reino Unido o España), la cabeza es el monarca: rey o reina.
En algunos países, el Ejército o divisiones del mismo apoyan tareas de seguridad internas en un proceso conocido como «militarización de la seguridad pública», a veces bajo prohibiciones constitucionales o legales que las excluyen o no las designan para tal rol, lo que deriva en críticas de organizaciones civiles por extralimitar sus funciones.
Sin embargo, algunos países del mundo optaron por abolir sus milicias, sobre todo por no existir riesgo de guerra, y asignar las labores de seguridad pública a organismos civiles como una policía o guardia nacional.
En Latinoamérica destacan dos, ambos centroamericanos: Costa Rica y Panamá.
Costa Rica y Panamá son los únicos países de Centroamérica y toda Latinoamérica desprovistos de una institución castrense.
El adiós a la armada en Costa Rica
En el caso costarricense, fue una corta guerra civil tras unas elecciones presidenciales anuladas el detonante del fin de los militares, conmemorado cada 1 de diciembre desde 1948.
El Museo Nacional de Costa Rica recuerda que la década de 1940 en el país estuvo marcada por la ampliación del rol social y económico del Estado y por la conflictividad política e ideológica.
Para las elecciones presidenciales de 1948, Otilio Ulate Blanco fue declarado ganador frente al expresidente Rafael Calderón Guardia. Ulate tuvo el apoyo de varios partidos políticos, del Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales y de José Figueres Ferrer, destacado empresario y posterior presidente (1953-1958 y 1970-1974).
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Pero fueron anuladas por el Congreso Constitucional provocando la sublevación armada de Ferrer y sus tropas a través del Ejército de Liberación Nacional que obtuvo la victoria tras cinco semanas de una guerra que dejó más de 500 muertos.
El 1 de diciembre de 1948, en el cuartel Bellavista, Figueres hizo el acto simbólico de disolución del Ejército y entregó el edificio al Museo Nacional, pero la abolición solo se hizo efectiva hasta 1949 luego de contener un intento de golpe de Estado recordado como “Cardonazo”.
El 2 de abril de 1949 Edgar Cardona, ministro de Seguridad Pública de la Junta de Gobierno liderada por Figueres, intentó un golpe de Estado motivado por el desacuerdo del Estado Mayor del Ejército de Liberación Nacional con varios nombramientos dentro de las fuerzas del orden.
Cardona tomó el cuartel de Artillería y otro grupo bajo el mando del mayor Fernando Figuls controló el cuartel Bellavista, pero un alzamiento interno dentro del cuartel de Artillería devino en la captura de los rebeldes.
En tanto, el grupo de Bellavista se sostuvo bajo ataques hasta la madrugada del tercer día, dejando seis muertos y 29 heridos.
La proscripción castrense en Costa Rica fue “clave” para sentar las bases de un sistema civilista y fue posible porque la institución estaba debilitada desde hace décadas, según el Museo.
Las tareas de orden público se trasladaron a la Guardia Civil, nuevo nombre de las fuerzas armadas, que tenía responsabilidades policiales, de orden y seguridad del país.
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Algunos excombatientes del Ejército de Liberación Nacional formaron parte del nuevo cuerpo policial, derogado en 1996 junto a otras fuerzas policiales para dar paso a la actual Fuerza Pública de Costa Rica, de carácter civil.
El adiós a la armada en Panamá
Tal como Costa Rica, el desmantelamiento del Ejército panameño fue antecedido de otro conflicto armado, esta vez internacional.
Estados Unidos invadió a Panamá con 24,000 soldados el 20 de diciembre de 1989 en el marco de la operación “Causa Justa”, a fin de capturar al presidente y general Manuel Antonio Noriega, para juzgarlo en EUA por narcotráfico y lavado de dólares.
Las Fuerzas de Defensa de Panamá estaban divididas, debilitadas y carentes de comando central efectivo a finales de 1989, según expone Julio Yao en su artículo “Para entender la invasión de Estados Unidos a Panamá”.
Meses, semanas, días y horas previas a la invasión la artillería liviana y otras armas pequeñas fueron retiradas de los cuarteles y sitios designados por órdenes de oficiales panameños que trabajaban para la inteligencia estadounidense.
Aunque también, parte del desarme militar fue culpa del general Noriega, temeroso de un nuevo golpe tras el fallido del 3 de octubre del mismo año.
La mayoría de oficiales del Estado mayor no presentaron combate, y la poca resistencia del Ejército fue de tenientes, sargentos, cabos, rasos y policías. De hecho, la mayor resistencia fue de los Batallones de la Dignidad y Codepadis, compuestos por civiles voluntarios con un entrenamiento pobre y deficiente.
En solo cuatro días hubo un virtual dominio sobre Panamá. A la rendición del Ejército le siguió la de Noriega el 3 de enero de 1990. En febrero, el nuevo gobierno de Guillermo Endara abolió el Ejército y organizó la Fuerza Pública.
Aunque en la práctica se desmantelaron las fuerzas militares, en 1994 la Asamblea Legislativa aprobó reformas constitucionales que oficializaron la disolución de la armada, y en 1997, como una dependencia de la Fuerza Pública, creó la Policía Nacional que actualmente comanda la seguridad pública.
Sin embargo, en la actualidad hay unidades militarizadas dentro de la Fuerza Pública como el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT), creado en 2008, y el Servicio Nacional Aeronaval.
Desde 1994, la Constitución panameña prohíbe la existencia de un Ejército permanente.
La Prensa Gráfica
