California es uno de los estados más avanzados en Estados Unidos en materia de protección legal contra la discriminación por embarazo. Las trabajadoras embarazadas cuentan con un entramado de leyes que garantiza licencias, adaptaciones razonables y protección contra represalias. Sin embargo, los casos siguen ocurriendo. Y no son pocos. La brecha entre la letra de la ley y su implementación efectiva revela tensiones que reflejan un problema cultural más que normativo.
Bajo la Fair Employment and Housing Act (FEHA) y la Pregnancy Discrimination Act (PDA) —a nivel federal—, los empleadores no pueden discriminar a una persona por embarazo, parto o condiciones médicas relacionadas. En la práctica, eso incluye desde impedir un ascenso hasta despedir a una trabajadora o negarle una adaptación laboral básica como reducir la carga física o permitir pausas adicionales. A esto se suman otras normas específicas del estado, como la California Family Rights Act (CFRA), la Pregnancy Disability Leave (PDL) y el State Disability Insurance (SDI), -explican los abogados especialistas en discriminación por embarazo en Los Angeles de MSD Lawyers, que amplían la cantidad de semanas protegidas y/o remuneradas.
Discriminación persistente, incluso en sectores tecnológicos
A pesar del marco normativo, las denuncias persisten. En sectores de alto perfil como el tecnológico, donde predominan entornos masculinos, se han visibilizado casos en los que mujeres fueron degradadas, aisladas de sus equipos o despedidas poco después de comunicar su embarazo. Uno de los casos más comentados fue documentado en un informe del medio local KTVU sobre discriminación de género en una empresa de videojuegos con sede en San Francisco, donde empleadas relataron que la maternidad era vista como una carga organizacional más que como un derecho protegido.
Este tipo de situaciones, aunque legales a primera vista, encubren dinámicas de castigo o marginación difíciles de probar judicialmente, pero devastadoras para las carreras de muchas mujeres.
El valor de las demandas como herramienta de cambio
Los casos que llegan a tribunales o se hacen públicos son solo la punta del iceberg. Según el California Department of Fair Employment and Housing (DFEH), más de 5.000 quejas por discriminación de género fueron presentadas solo en 2022, muchas de ellas relacionadas con embarazo. (DFEH Annual Report 2022 – California Civil Rights Department)
Si bien algunas empresas acuerdan compensaciones privadas, otras optan por procesos judiciales prolongados. En ambos casos, la visibilidad y la presión pública han demostrado ser factores clave para promover reformas internas en las organizaciones.
California demuestra que el marco legal puede ser un escudo poderoso frente a la discriminación, pero también que su existencia no garantiza por sí sola la justicia. Por otro lado,en Centroamérica, el panorama es más desigual. Si bien algunos países cuentan con leyes que protegen a las trabajadoras embarazadas, como el derecho a licencias de maternidad o la prohibición de despido durante el embarazo, en la práctica muchas mujeres siguen enfrentando despidos encubiertos, negativas a contratarlas por su condición o presiones para renunciar. La informalidad laboral, que en algunos países supera el 60%, agrava aún más esta situación, dejando a miles de mujeres sin mecanismos reales de defensa. En este contexto, el modelo californiano puede ofrecer una referencia útil, aunque exige ser adaptado a las realidades socioeconómicas de la región.
