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Panamá. El presidente de la República, Laurentino Cortizo, anunció en una transmisión nacional que ha firmado un Decreto Ejecutivo que prohíbe la concesión de nuevas licencias para llevar a cabo actividades de exploración, explotación y/o beneficio de minerales metálicos en todo el territorio nacional.
Esta medida se mantendrá en vigor hasta que se establezca una reforma integral al Código de Recursos Minerales, como resultado de un amplio consenso nacional.
El presidente Cortizo ha tomado esta acción en respuesta a la crisis generada por la aprobación y ratificación del contrato ley entre el Estado y Minera Panamá.
El Decreto Ejecutivo establece que el Ministerio de Comercio e Industrias queda prohibido otorgar nuevas licencias o concesiones para llevar a cabo la exploración, explotación y/o beneficio de minerales metálicos en la República de Panamá. Además, se rechazarán de forma inmediata todas las nuevas solicitudes presentadas para la obtención de estas licencias o concesiones, a partir de la fecha de promulgación del presente Decreto Ejecutivo.
Una vez que se promulgue este decreto ejecutivo, se desestimarán todas las solicitudes en proceso de obtención de licencias y concesiones para la exploración, explotación y/o beneficio de minerales metálicos.
El Ministerio de Comercio e Industrias procederá a archivar estos expedientes en un plazo de tres meses posteriores a la promulgación del decreto.
El presidente fundamenta esta acción en el artículo 6 del Decreto Ley No. 23 de 22 de agosto de 1963, que regula el Código de Recursos Minerales. Además, se respalda en la Resolución de Gabinete No. 123 emitida el 27 de octubre de 2023.
La prohibición de otorgar nuevas concesiones es una respuesta a la crisis desencadenada por el contrato ley con Minera Panamá, y busca abrir un espacio para una reforma más amplia del marco legal que rige la industria minera en el país.
A partir de la mitad del siglo pasado, se realizaron estudios y exploraciones que llevaron al descubrimiento de depósitos de pórfido de cobre en Cerro Colorado en 1957, seguido por Petaquilla (Cobre Panamá) en 1968, junto con otros depósitos de oro y bauxita.
En años recientes, Panamá ha experimentado un crecimiento en su industria minera, con proyectos como El Remance (1990-1998), Santa Rosa (1995-1999), Molejón (2009-2014), y la operación de extracción de cobre en Cobre Panamá en el Distrito de Donoso, que comenzó en 2019. Estos desarrollos mineros han sido un tema de debate en el país debido a preocupaciones ambientales y sociales.
El ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro Boyd, dijo a La Decana este año que el Gobierno Nacional planeaba crear una autoridad minera.
Además, Alfaro Boyd indicó que se tenía programado reformar el Código Minero que data ya de 1963.
El código actual rige la mayoría de las actividades relacionadas con los depósitos minerales del país, incluida la instalación de un régimen para otorgar concesiones de exploración y producción a particulares.
Un informe del Mic, actualizado hasta septiembre, revela que se han presentado un total de 103 solicitudes para llevar a cabo actividades de exploración en el sector minero
Solicitudes de empresarios
Diversas entidades empresariales en Panamá hicieron un llamado a tomar medidas con respecto a las concesiones mineras y la situación actual en el país.
El jueves, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) solicitó al Gobierno decretar una moratoria en el otorgamiento de concesiones mineras, tanto para explotación como exploración, y fijar una fecha para la revisión y fortalecimiento del Código de Recursos Minerales, un paso que consideran esencial para definir el futuro de la nación en esta área.
Además de su llamado sobre la industria minera, la CCIAP pidió un alto a la violencia y la anarquía, refiriéndose a los actos vandálicos que han ocurrido en la capital y otras partes del país.
Por su parte, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) instó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a admitir las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley No. 406, una legislación que ha generado controversia en el país.
Además, Apede solicitó al Gobierno presentar una ley de moratoria de concesiones de recursos metálicos y empezar la revisión y actualización del Código de Recursos Minerales.
El Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) también se pronunció, enfatizando la importancia de proteger el capital humano, especialmente aquellos que luchan por mantener sus empleos y contribuir a la economía en tiempos difíciles.
Raúl Montenegro, presidente del SIP, reportó haber sostenido reuniones con las autoridades gubernamentales para presentar propuestas y recomendaciones concretas. Entre estas propuestas se incluye la implementación de una moratoria en la actividad minera, la revisión del Código Minero actual y el fortalecimiento de las instituciones gubernamentales para garantizar la seguridad nacional.
Apede, en un comunicado, subraya la necesidad de respetar el derecho de los ciudadanos a expresarse pacíficamente y condena la utilización de manifestaciones legítimas para cometer delitos. Insta a la Corte Suprema de Justicia a considerar la admisión de las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra la Ley 406 y a pronunciarse sobre el fondo de estas demandas dentro de los plazos legales.
También hace un llamado para presentar una ley de moratoria de concesiones de recursos metálicos y la revisión y actualización del Código de Recursos Minerales, que data de 1963, para adecuarlo a la realidad actual y a la preservación del medio ambiente en el país.
Fuente: La Estrella de Panamá.
