Panamá. Privación de libertad, trabajos forzados y abusos sexuales son denunciados por las personas que se encuentran en las Estaciones de Recepción de Migrantes (ERM), en Darién, Panamá. Así lo asegura un documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que fue enviado al Gobierno panameño en el mes de diciembre.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso del diario El País, los vejámenes son cometidos por los funcionarios del Servicio Nacional de Migración y del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). “Según estas denuncias, el personal del SNM y del Senafront habría solicitado intercambios sexuales a las mujeres y niñas alojadas en la ERM de San Vicente que carecen de dinero para afrontar los costes del transporte”, señala el documento elaborado por el relator especial sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales.
Según el texto reseñado por el medio español, lo hacen “con la promesa de permitirles subir a los autobuses coordinados por las autoridades panameñas para que puedan así continuar su viaje hacia la frontera con Costa Rica”.
El documento cuestiona al gobierno de Panamá por el manejo de la crisis humanitaria del Darién. Aparte de las denuncias por violencia sexual, hay quejas por personas que realizan trabajos forzados para poder pagar los 40 dólares que cuesta el bus y así abandonar las estaciones.
Cifras señalan que en el año 2022, al menos 248.000 migrantes atravesaron la peligrosa selva que separa a Colombia de Panamá, en su mayoría venezolanos, ecuatorianos y haitianos. Estas personas se sometieron peligros como asaltos, desapariciones y violencia sexual a manos de grupos armados. En 2021 se registraron más de 300 casos de abuso sexual; y entre enero y junio de 2022, fueron más de 140 casos durante el recorrido.
Al llegar a territorio panameño y, después de sortear la muerte en el trayecto, los migrantes son alojados en las ERM, que supervisa el Servicio Nacional de Migraciones y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront). Pero es ahí mismo donde, según el informe de la ONU, se encuentran “de facto privadas de la libertad, al no estar autorizadas a salir de dichos centros, salvo para ser trasladadas por las autoridades panameñas hacia la frontera con Costa Rica”.
El informe de la ONU detalla que existen casos de familias retenidas por más de 3 meses en las estaciones por falta de documentos, incluyendo certificados de nacimiento que acrediten el parentesco entre padres e hijos, así como retrasos en los procesos de identificación por parte de las autoridades panameñas.
“A las personas que solicitan asilo en Panamá tampoco se les permitiría salir de las ERM hasta el final del procedimiento, que según se informa puede extenderse durante varios meses”, recoge. “Quisiéramos manifestar de manera particular nuestra preocupación respecto a las alegaciones que indican que niños y niñas estarían también detenidos en las ERM”, agrega.
Además, la ONU asegura que no “prejuzga” y le advierte al Gobierno de Panamá que “de ser confirmadas, las situaciones descritas constituirían violaciones de los derechos humanos de las personas migrantes”. También, le recuerda que las condiciones precarias que se reportan en las Estaciones de Recepción de Migrantes “pueden equivaler a un trato cruel, inhumano o degradante y puede dar lugar a violaciones de los derechos a la vida y a la integridad personal”.
La organización le daba un plazo de 60 días al Gobierno para responder a las denuncias. Se cumplieron eljueves 9 de febrero. El documento, según El País, tiene fecha del mes de diciembre, pero no se ha hecho público.
Fuente: La Estrella de Panamá.
