Desde hace un tiempo tengo la intuición de que en la relación entre Estado y ciudadanía –a través de sus diversas etapas históricas– se encuentra una esclarecedora clave para entender relevantes aspectos del desarrollo del sistema democrático y su futuro.
En la relación Estado y ciudadanía se halla una de las más importantes claves para trazar el ideal democrático bajo un nuevo sistema de valores y mecanismos normativos participativos; es por eso que en el nuevo milenio una parte importante del debate político y social se centra en los mecanismos de articulación de las relaciones Estado-ciudadanos.
Si tomamos como base las orientaciones de TH Marshall en su obra clásica Ciudadanía y clase social, podemos observar que en la relación entre Estado y ciudadanía, el primero ha venido negociando a cuentagotas los derechos del segundo, y ha sido un camino largo desde el surgimiento del Estado moderno con el fin de la guerra de los 100 años a mediados del siglo XV y la aparición del Estado liberal que surge luego de la revolución francesa con el propósito de poner fin al Estado absolutista; los derechos ciudadanos han venido evolucionando a una velocidad tan lenta, que no fue hasta la década de 1940 del siglo pasado cuando con el derecho del voto de la mujer se consolidó el sufragio universal. A pesar de esto, el Estado de las décadas de 1970 y 1980 en América Latina fue en su mayoría de corte dictatorial.
Durante la tercera ola de democracia, Panamá –entre otros países del área– adopta la democracia minimalista schumpeteriana, para la cual un régimen es democrático si cumple con un indicador: Elecciones libres.
Esa democracia minimalista no ha dado resultados. A cualquier político que no entienda esto, le falta calle o está sumergido en una realidad utópica donde no percibe el enorme desgaste de la democracia, y por ende del Estado.
A medida que la sociedad enfrenta problemas urgentes como la desigualdad, la corrupción, la accesibilidad tecnológica y la falta de confianza en las instituciones, surge la necesidad de un enfoque fresco y transformador.
Nos referimos a un cambio de paradigma importante: Entender los problemas de la cosa pública como un asunto del gobierno y de la sociedad, así como de la trama de relaciones tejida entre ambos.
Para poner fin al desgaste del Estado y la forma como se organiza el poder y se brinda respuesta a los problemas sociales surge del concepto de gobernanza pública.
La nueva gobernanza pública es un concepto que delimita la actual transición en que se encuentra la administración pública mayormente impulsada por la pandemia, que descubre aún más las falencias administrativas del Estado, y por ende, la necesidad transicionar desde una visión tradicional – internista – gubernamental de la gestión pública, donde solo los gobiernos y su organización jerárquica tienen la capacidad de resolver problemas y direccionar el camino de la cosa pública.
Históricamente la sociedad ha sido percibida como atrasada, desarticulada e incapaz. La nueva gobernanza pública nos impulsa hacia una visión moderna, centrada en el ciudadano, capaz de revalorizar las bondades de incorporar a la sociedad en la toma de decisiones públicas y en el devenir de la cosa pública.
Se trata de pasar del ciudadano – cliente, al ciudadano – participativo, esta es una de las claves de la reforma filosófica y teórica de la ciencia política moderna.
En esa dirección, para otorgarle cuerpo y una hoja de ruta amplia y sencilla a la necesaria nueva gobernanza pública del nuevo milenio, surge la filosofía de gobierno abierto.
Gobierno abierto es una nueva forma de gobernanza pública que plantea un novedoso y necesario cambio en la relación de la administración con los ciudadanos, con el objetivo de otorgarle a estos últimos un rol central en los asuntos del gobierno, poner fin al secretismo y la opacidad, y combatir eficazmente la corrupción. (OEA)
Es un modelo emergente sobre la práctica política, la gestión pública y el fortalecimiento democrático que poco a poco se ha ido transformando en una especie de filosofía sobre cómo gobernar en el siglo XXI.
El gobierno abierto como nueva forma de gobernanza pública nos insta a trabajar cooperativamente sacando el mayor provecho de los conocimientos e iniciativas ciudadanas en un escenario cuya dificultad se acentúa cuando lo abordamos desde una perspectiva que únicamente toma en cuenta las capacidades y recursos estatales.
El maestro Álvaro Ramírez Alujas sustenta que “en definitiva, un gobierno abierto se sustenta en el compromiso de garantizar que todos los aspectos de la forma en que el gobierno y servicios públicos son administrados y operados, estén abiertos al eficaz escrutinio público y a la supervisión de la sociedad (transparencia). Ello debe ir acompañado de la progresiva expansión de espacios de diálogo, participación y deliberación en conjunto con la ciudadanía, y de apertura a la necesaria colaboración que se requiere para encontrar mejores soluciones a problemas públicos cada vez más complejos, aprovechando el potencial y energías disponibles en vastos sectores de la sociedad y, por qué no, en el mercado”. (Ramírez Alujas)
El gobierno abierto es una filosofía sobre cómo gobernar en el nuevo milenio, cuya finalidad es generar confianza en lo público y establecer un nuevo estilo de relación entre gobiernos y ciudadanos que se basa en los principios (valores y mecanismos institucionales) de la transparencia, la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación social, haciendo uso de la tecnología para su potenciación.
Un enfoque teórico del gobierno abierto propone que un gobierno abierto es un gobierno que abre sus puertas al mundo y co-innova con todos, especialmente con los ciudadanos (Lathrop y Ruma).
Este punto de la innovación de la mano de la ciudadanía cobra importancia cuando tomamos en cuenta la carta de innovación en la gestión pública de la cual Panamá es firmante y reconoce que “el gran déficit de las instituciones públicas es que tienen serias dificultades para innovar los procesos internos de sus diseños institucionales y organizativos. La innovación en sus mecanismos internos de toma de decisiones y de gestión es la gran asignatura pendiente”. (Clad, 2020).
La citada carta internacional añade que “la década 2020-2030 va a ser crucial ya que todos los países del mundo se enfrentarán a unos retos extraordinarios que van a requerir instituciones públicas renovadas e innovadoras, eficaces y útiles” (ibídem).
Entre las ventajas de la filosofía de gobierno abierto cabe mencionar:
1. Restablecer la confianza en el gobierno:
La confianza es resultado de rediseñar institucionalmente el Estado bajo la orientación del gobierno abierto (Estado abierto), por medio de sus principios cardinales de transparencia, participación, rendición de cuentas e innovación.
2. Legitimar las políticas públicas.
Hacer que los ciudadanos sean parte del proceso de políticas públicas puede ayudar a asegurar que las decisiones adoptadas por los gobiernos sean percibidas como legítimas. Esto fortalece la cohesión y estabilidad social.
3. Fomentar la innovación pública.
El compromiso de la ciudadanía y del gobierno abierto son cada vez más reconocidos como motor de la innovación y la creación de valor en el sector público, privado y social. Siempre buscando crear valor público por medio de la mejora de servicios y bienes públicos, el valor generado por los procesos abiertos de la administración del Estado que generan confianza y estabilidad a corto, mediano y largo plazo.
4. Mejorar la eficacia mediante el aprovechamiento de los conocimientos y los recursos de los ciudadanos, fomentando un gasto público inteligente.
5- Ampliación de los derechos de ciudadanía:
Al poner en marcha del diseño institucional del gobierno abierto, se reconocen los llamados derechos ciudadanos del nuevo milenio, el derecho al acceso a la información, a una gestión pública eficaz, al control de la gestión administrativa del Estado y a la participación en los asuntos públicos.
Fuente: La Estrella de Panamá.
