Guatemala. Luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) decidiera intervenir al menos 160 cajas electorales, donde se resguardaban los votos emitidos por miles de guatemaltecos en la jornada del pasado 25 de junio, el presidente electo, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa exigió la renuncia “inmediata” de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes calificó de golpistas.
Las declaraciones de Arévalo se suman a las de varias organizaciones nacionales e internacionales, que ven con preocupación cómo se deteriora el estado de Derecho en el país, pues, según el presidente electo, los operativos del Ministerio Público (MP) contravienen lo establecido en la Ley Electoral y de Partido Políticos, que en su artículo 243 dice que solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden hacer el escrutinio de los votos.
“Los golpistas deben renunciar. La fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral”, dijo Arévalo.
Agregó que “otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido UNE, esta vez en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio”.
Luego de que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) decidiera intervenir al menos 160 cajas electorales, donde se resguardaban los votos emitidos por miles de guatemaltecos en la jornada del pasado 25 de junio, el presidente electo, Bernardo Arévalo, en conferencia de prensa exigió la renuncia “inmediata” de la fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Fredy Orellana, a quienes calificó de golpistas.
Las declaraciones de Arévalo se suman a las de varias organizaciones nacionales e internacionales, que ven con preocupación cómo se deteriora el estado de Derecho en el país, pues, según el presidente electo, los operativos del Ministerio Público (MP) contravienen lo establecido en la Ley Electoral y de Partido Políticos, que en su artículo 243 dice que solo las juntas electorales, compuestas por ciudadanos, pueden hacer el escrutinio de los votos.
“Los golpistas deben renunciar. La fiscal general, Consuelo Porras, el fiscal Rafael Curruchiche y el juez Freddy Orellana en asociación perversa han emprendido una nueva escalada en el golpe de Estado en desarrollo que iniciaron al finalizar la primera vuelta electoral”, dijo Arévalo.
Agregó que “otorgando un disfraz judicial a una acción política espuria del partido UNE, esta vez en su intento de anular la voluntad popular y burlarse del pueblo honesto han ordenado la apertura de algunas de las cajas que preservan los votos emitidos en las elecciones del 25 de junio”.
También dijo que “ante la situación provocada por estos funcionarios hemos informado al presidente Alejandro Giammattei que suspendemos temporalmente nuestra participación en el proceso administrativo de transición en tanto se restablecen las condiciones políticas e institucionales necesarias”.
El presidente electo añadió que “insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedades, ya que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito”.
“Se quebró la custodia del voto”
La presidenta del TSE, Irma Palencia, aseguró este martes que “se quebró la custodia del voto”, después de que el MP decidiera abrir varias cajas electorales y revisar las boletas fuera de los parámetros que indica la ley.
La magistrada Palencia advirtió que con las acciones de la Fiscalía “ya no son responsables del voto” y que la intervención “es grave y pone en riesgo el proceso electoral”.
Palencia calificó como “grotesca” la acción de la Fiscalía y recordó que los resultados electorales ya han sido oficializados por lo que “de ninguna manera se pueden invalidar” ya que los cargos públicos ganados en las urnas ya han sido adjudicados.
Fuente: Prensa Libre/EFE.
