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Aumenta el comercio ilícito de tabaco, bebidas alcohólicas y equipos médicos en Panamá

Panamá. Aunque el crecimiento del comercio ilícito depende de los diferentes mercados y productos, las autoridades y organismos internacionales han visto cómo en Panamá el contrabando de tabaco ha crecido entre un 85% y 95%.

Otra industria que también ha visto un aumento es el sector salud, que ya no solo se basa en los productos farmacéuticos, sino en la distribución de equipos médicos.

Según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá (ANA), solo en 2022 se decomisó el equivalente a $73.133 de licor comercializado ilícitamente, $10.360.236 equivalentes en cigarrillos ilegales y $229.449 en múltiples casos de contrabando de medicamentos.

Cigarrillo

Alejo Campo, director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe, advirtió que el 95% del mercado de cigarrillos en Panamá “es ilegal”, es decir, un dinero que va directo a las estructuras del crimen organizado que opera en el país. “Para ellos, esto es sumamente importante porque es un dinero que utilizan como caja menuda para financiar actividades ilegales mucho más grandes que el propio comercio ilícito”, sostuvo.

En Panamá, una organización criminal puede estar valorando un contenedor de cigarrillos por un millón de dólares, una cifra que no se compara con los ingresos que termina de recaudar una vez que lo pone a la venta.

Por ejemplo, en los puertos ingresan más de 100 marcas de cigarrillos, que el crimen organizado distribuye dependiendo del consumo. Las cifras estarían contrastando con las cinco a seis marcas que típicamente llegan a los mercados autorizados.

“Hablamos de cigarrillos que se venden en la calle por $2 o $3. En Panamá los riesgos de este delito en ese mercado son bajos, lo que hace que las ganancias sean mucho más grandes”, indicó Campos.

En la medida que los gobiernos pongan más impuestos a determinados productos, más comercio ilícito se va a desarrollar porque las personas que no tengan para pagar $7 por una caja, irán a la calle a buscarla por $2, explicó el director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe. “Cuanto más impuestos ponga para comprar un cigarrillo, más empujan a la gente a comprarlo ilegalmente porque al final adquieren lo que pueden gastar o tienen disponible en efectivo”, expresó.

Una de las tendencias que ha estado viendo Crime Stoppers es que las organizaciones están utilizando los cigarrillos como un medio de pago criminal.

Equipos médicos

Respecto al contrabando de equipos médicos, Marissa Lasso de la Vega, presidenta de la Alianza contra el Comercio Ilícito de Panamá, explicó que siendo Panamá un país de tránsito para el comercio ilícito, muchos de estos productos que pasan por los puertos tienen sello de fabricación de Asia y con destino de distribución a Sudamérica o Norteamérica.

Para el director regional de Crime Stoppers para América Latina y el Caribe, gran parte de este contrabando también puede estar viniendo de Colombia, que es considerado un país con un mercado grande de manufactura de productos y equipos médicos.

Campos explicó que con los commodities criminales hay sectores que son los más contrabandeados, como es el cigarrillo, las bebidas alcohólicas y todo lo que tiene que ver con medicinas, repuestos de vehículos, ropa, etc.

Lo mismo pasa, dijo, con las bebidas alcohólicas, ya que con una botella te sacan cuatro ilegales porque las tapas las compran de otro país, mandan a imprimir la etiqueta en otro lado y crean el producto.

Perfil regional

Las declaraciones de Lasso de la Vega y Camós se dieron en el marco del foro regional sobre ‘Hubs de comercio ilícito’, un espacio en el que expertos internacionales y regionales expresaron su preocupación por los altos volúmenes de comercio ilícito que pasan por las zonas de libre comercio de Centroamérica.

Según un estudio presentado en el foro por el Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (Traccc, por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, EE.UU., la ubicación estratégica de Panamá es un factor atractivo para empresas criminales dedicadas al comercio ilícito, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

El estudio evaluó cuatro hubs a nivel mundial, incluyendo Sudamérica (la zona fronteriza que comparten Brasil, Argentina y Paraguay), Centroamérica (Panamá, Guatemala y Belice); Medio Oriente (Dubái) y Europa del este (Ucrania), y encontró que todos ellos tienen en común un entorno favorable para el comercio ilícito debido a laxitudes regulatorias y son puntos de convergencia de diferentes tipos de crimen organizado como la corrupción, el lavado de dinero y otros factores que favorecen las actividades delictivas y el movimiento de mercancías ilícitas.

El codirector del Instituto Anti-Comercio Ilícito (AITI) de Traccc y exdiplomático estadounidense, David M. Luna, subrayó que algunos hubs de comercio ilícito se caracterizan notoriamente por “un alto nivel de secreto financiero en regulaciones contra el lavado de dinero y son particularmente atractivos para las redes de comercio ilícito involucradas en el lavado de dinero basado en el comercio y la financiación ilícita en zonas francas y economías nacionales”.

Luna, quien también es jefe del Grupo de Expertos en Negocios Anti-Comercio Ilícito de la OCDE, enfatizó “que la corrupción, la débil aplicación de la ley y las fronteras porosas ponen en peligro la integridad de las instituciones de gobierno y los sistemas judiciales, permitiendo a los criminales y a las redes terroristas como Hezbolá cooptar al Estado y penetrar en los mercados legales”.

La presidente de la Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá señaló que “debido a su rol como hub en la región, Panamá enfrenta desafíos importantes en materia de comercio ilícito y necesitamos continuar promoviendo y desarrollando las capacidades y recursos a nivel nacional e internacional para garantizar un combate enérgico y efectivo contra este flagelo que tiene efectos devastadores en la economía, seguridad y salud pública”.

Según el estudio, la región centroamericana desempeña un papel crucial como punto de tránsito para el comercio ilícito, aunque en los cuatro hubs analizados operan redes de organizaciones criminales que actúan en estas zonas francas.

Para abordar esta situación, el director de Crime Stoppers Panamá enfatizó la importancia de la cooperación público-privada. “Para enfrentar este desafío debemos trabajar juntos, uniendo esfuerzos multisectoriales. La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones son clave para mitigar esta problemática”, recalcó.

Durante el foro, la Asociación Latinoamericana de Industriales (AILA) manifestó que la relación entre el comercio ilícito y el crimen organizado internacional no es exclusiva de Panamá; por el contrario, es una amenaza para los sistemas financieros y de seguridad de toda la región.

Para AILA, este tipo de operaciones representan cientos de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año, impactando significativamente los recursos disponibles de los países latinoamericanos para la inversión social.

Rol institucional

Tanto Lasso de la Vega como Campo reconocieron las labores que se hacen desde la Autoridad Nacional de Aduanas y el Servicio Nacional de Fronteras en la lucha contra el comercio ilícito. No obstante, recomendaron seguir realizando las inversiones necesarias en materia de seguridad porque el crimen organizado avanza con pasos acelerados.

Al respecto, Tayra Barsallo, directora general de Aduanas, mencionó que cuentan con capital humano preparado y especializado para garantizar un hub seguro para el tránsito de carga.

Resaltó que hasta la fecha ya cuenta con siete escáneres de los 16 que requieren para la revisión de camiones y contenedores; llevan adelante el Programa de Intercambio Académico Latinoamericano (Pila); el proyecto “Escudo Invisible”, una plataforma tecnológica que busca optimizar la seguridad del transporte de carga terrestre y facilitar el comercio con Centroamérica; el proyecto Portcel, un portal tecnológico de comercio exterior y logística para el intercambio de información entre instituciones públicas y actores privados, como empresas navieras, contar con más información del manifiesto de carga marítima para análisis de riesgo y estadísticas, entre otros.

Fuente: La Estrella de Panamá.

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