Panamá actualizó los lineamientos y directrices dirigidos a los profesionales que realizan las actividades sujetas a supervisión, con la finalidad de elevar el nivel de cumplimiento con un enfoque basado en riesgo, fortalecer el sistema de prevención de blanqueo de capitales, para así favorecer la competitividad del país.
Así quedó establecido en el acuerdo No. JD-02-2022, que reemplaza el acuerdo No. JD-01 de 25 de junio de 2020 como parte de la estrategia de mitigación de riesgo. “El acuerdo nace de la normativa vigente y de un análisis de riesgo del sector corporativo que se hizo en el año 2021”, explicó la Superintendente de Sujetos no Financieros (SSNF), Dayra Carrizo Castillero.
En el documento se detallan y precisan las obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo para abogados y contadores, con el fin de proporcionar guía y certeza jurídica a estas dos profesiones.
El acuerdo forma parte de la estrategia de mitigación para que tanto los abogados como los contadores puedan evaluar el riesgo de sus actividades y las actividades de sus clientes, hacer una debida diligencia ya sea básica o ampliada.
En específico, el acuerdo provee orientación con respecto a las obligaciones en los ejes temáticos de: evaluación del riesgo, mitigación de riesgo, conocimiento de la naturaleza del negocio, determinación del perfil financiero y transaccional.
“Al final del día lo que se busca con este acuerdo es poder reforzar todo lo que son las medidas de debida diligencia, dar un enfoque basado en riesgo. Es como si uno va a construir una casa… Este acuerdo está tratando de blindar los servicios que tanto los abogados como los contadores prestan, para así tener una mayor transparencia y eventualmente una mayor competitividad”, sostuvo Carrizo.
El acuerdo está muy alineado al cumplimiento de los estándares internacionales exigidos por organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera (Gafi) para que Panamá pueda salir de sus listas grises de paraísos fiscales.
Aunque para Carrizo, afirmar que el acuerdo forma parte de los requerimiento del Gafi para que el país pueda salir de la lista gris “es una decisión propia del gobierno. Como lo mencioné anteriormente, responde a la normativa vigente, es decir Ley 23, Ley 254 que nos faculta a nosotros para emitir este tipo de regulación. Este acuerdo subroga uno que ya fue emitido en 2020, es una actualización de la norma respondiendo a nuestra evaluación de riesgo del año pasado”.
Desde junio de 2019, el Gafi mantiene a Panamá dentro de su lista de países no cooperantes y jurisdicciones de alto riesgo, conocida como lista gris, por considerar que todavía tiene deficiencias estratégicas en los regímenes para contrarrestar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, aunque reconoce sus avances.
Con respecto al acuerdo actualizado en materia de riesgo, el presidente del Colegio Nacional de Abogados (CNA), Juan Carlos Araúz, dijo que “hay que comprender el momento que vive y atraviesa el país en materia de las listas discriminatorias”.
Destacó que por parte del sector de abogados se requiere capacitación, se requiere sensibilización y también una comunicación muy eficiente con las autoridades del gobierno, entendiendo que la abogacía ha hecho su sacrificio.
“Con el paso del tiempo es el sector que más se ha visto atormentado frente a las regulaciones y esa realidad hace obviamente que desde el Colegio pidamos sensibilidad para la implementación de este documento”, señaló Araúz.
Adelantó que el próximo lunes a las 2:00 de la tarde se llevará a cabo la primera capacitación de abogados, en el Colegio Nacional de Abogados, por parte de autoridades. “Será el primer intercambio para que la abogacía pueda exteriorizar distintos planteamientos, los tiempos en los que se pretende implementar, pero sobre todo que el recurso de capacitar logre ser transmitido a las autoridades constantemente”.
Araúz señaló que la aspiración es que cada abogado se convierta en su propio oficial de cumplimiento, desde el entendimiento pleno de la responsabilidad, y que esto no se entienda como una prohibición a la prestación de un servicio propio de la abogacía.
“Hay que comprender que el servicio de agente residente entraña una actividad de todos los abogados, por lo tanto en la medida en que estos nuevos requerimientos estén puestos en un contexto de posibilidad y sobre todo de comprensión total, creería que la abogacía va a seguir contribuyendo con la transparencia y sobre todo con la responsabilidad de presentar al país y al mundo la competitividad de un sector que está llamado a ser un motor de desarrollo del país”, expresó.
Sin embargo, según Araúz, la principal queja de los abogados es el tiempo. “Ahora a partir de todas estas regulaciones implica que un abogado que preste el servicio de agente residente debe invertir en documentar y sustentar todas estas carpetas, que deben estar a la vista. Es una realidad que en la regulaciones anteriores no existía la minuciosidad de tener esa documentación que se debía registrar, por lo tanto diría que hoy día para los abogados la primera reacción es el tiempo de invertir para poder completar los requerimientos; y lo segundo sería entender cuáles son esos requerimientos para poder documentar eficientemente, lo que las autoridades buscan acreditar en el momento en que se presente alguna incidencia”, puntualizó.
Fuente: La Estrella de Panamá.
