Costa Rica. El Programa Estado de la Nación (PEN), en su último informe que analiza los años 2021 e inicios del 2022, advierte que el proceso de salida de la crisis provocada por la pandemia en Costa Rica, «está siendo débil, desigual e incierto».
Resalta que en varios indicadores claves del desarrollo humano sostenible, especialmente en materia de empleo e ingresos, aún no se recupera plenamente el nivel prepandémico, pese a que han transcurrido ya más de dos años desde el inicio de la emergencia sanitaria.
El PEN es patrocinado por el Consejo Nacional de Rectores (Conare), integrado por las cinco universidades públicas de Costa Rica.
La investigación sostiene que este rezago, junto con una inflación interanual cercana al 10% al promediar el año en curso, ocasiona que la pobreza por ingresos se mantenga por encima del nivel histórico en el presente siglo, aunque la producción haya superado la caída del 2020.
«Hay notables asimetrías en el dinamismo económico y en el restablecimiento de los ingresos de los hogares, según sea el sector de actividad, la región y el grupo social al que se pertenece. En términos generales, la producción de las zonas francas, el centro del país y la situación de los grupos de mayores ingresos y nivel educativo han logrado recuperarse, mientras que la economía para el mercado doméstico, las regiones fuera del Valle Central, personas trabajadoras sin calificación educativa, jóvenes y mujeres no se recuperan del golpe recibido», precisa.
Agrega que los disparadores de esta situación son, en parte, de origen externo. La pandemia ocasionó impactos que pocos países han logrado superar plenamente, aunque cada nación lo enfrentó en condiciones diferentes y con capacidades y respuestas particulares.
En Costa Rica, el golpe sobre la economía -aunque comparativamente menor al de otros países de América Latina- provocó la destrucción de cientos de miles de empleos, pese a que paralelamente hubo respuestas exitosas en el ámbito de la salud pública y al mantenimiento de una estabilidad política con respeto al Estado de derecho democrático.
Los persistentes efectos de la pandemia no han sido el único factor internacional que debilita la recuperación económica del país en 2022.
Se indica que al cierre de la última edición del Estado de la Nación, se registra el fin del ciclo de políticas monetarias expansivas en las economías más desarrolladas del mundo, las tensiones geopolíticas por la guerra en Ucrania y los problemas logísticos en las cadenas globales de suministros, han propiciado la inflación internacional y la incertidumbre en la inversión y producción.
Además, las predicciones actuales sobre la evolución global en 2023 son negativas. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el mundo atraviesa un período de volatilidad económica, geopolítica y ecológica.
Esta evolución negativa en el plano internacional afecta profundamente a pequeñas sociedades como la costarricense, con poca capacidad de influir sobre los acontecimientos globales, explica.
Sin embargo, sostiene, el caso de Costa Rica tiene particularidades. La debilidad de la recuperación se sustenta también causas internas, especialmente, una situación de desarrollo humano que ya era frágil y vulnerable antes de la pandemia.
El PEN recuerda que a lo largo de la segunda década del siglo XXI se dio una persistente acumulación de tendencias contrarias al progreso y bienestar social de las mayorías, sin respuestas de política pública que las corrigieran.
«Estas tendencias constituyen un antecedente clave para entender la debilidad y asimetría del proceso de salida de la pandemia que el país experimenta.
Tanto la acumulación de tendencias desfavorables como la falta de respuestas para resolver los rezagos sociales y económicos acumulados durante la última década (e incluso, con una perspectiva más amplia, durante el presente siglo) reflejan, en la práctica, la normalización de resultados contrarios al desarrollo humano, que hoy podrían intentar justificarse por la pandemia, pero que tienen una raíz distinta.
Esta normalización social de resultados contrarios al desarrollo humano manifiesta, en la práctica, un progresivo abandono del contrato social sobre el que se asienta el régimen de libertades y derechos en Costa Rica».
Ahonda en que este contrato, codificado en la Constitución Política y articulado por diversas políticas públicas, es una promesa de desarrollo humano para la ciudadanía de este país: que el progreso para las mayorías es posible a partir de la combinación, en democracia, del crecimiento económico con la equidad social y la sostenibilidad ambiental.
Y que la democracia, además de permitir libremente elegir gobiernos, es un medio para remediar los problemas ciudadanos, creando nuevas oportunidades y capacidades para ejercer las libertades y derechos. Año con año persisten resultados contrarios a esa visión del desarrollo humano y democracia que, por largas décadas, fue ampliamente compartida por grupos sociales y políticos con diversos pensamientos e intereses y que distinguió al país en el concierto latinoamericano. Dentro de estos resultados pueden destacarse, por su importancia estratégica los siguientes:
- Una sociedad en la cual los valores de equidad social eran medulares para la convivencia y la política pública se ha convertido, en el curso de una generación, en una de las sociedades con mayor inequidad en la distribución del ingreso del continente.
- Una sociedad orgullosa del sistema de educación pública, como formador de cultura cívica, de competencias para el desarrollo y mecanismo de movilidad social, hoy permite graves retrocesos en el nivel pre-universitario y amplias disparidades entre el ámbito público y el privado, documentados ampliamente por el Informe Estado de la Educación.
Advierte también la normalización de resultados contrarios al desarrollo humano evidencia un progresivo abandono del contrato social costarricense. El progresivo abandono del contrato social ha creado riesgos de largo plazo en el desarrollo humano, que aún pueden ser enfrentados mediante la acción política democrática.
El estudio explica que la metáfora del contrato social es central en el pensamiento político moderno. Sugiere que las bases de la autoridad, las leyes y el gobierno de una sociedad dependen de una serie de acuerdos implícitos y explícitos que las personas libremente aceptan como legítimas y moralmente deseables (D’Agostino, et. al; 2021; Rawls, 1971).
Desde este punto de vista, el contrato social está relacionado con la aceptación de derechos “naturales” a los seres humanos o, en un lenguaje más actual, con el concepto de derechos humanos inherentes a las personas.
A lo largo de varios siglos, diversos pensadores de la talla de Hobbes, Locke, Rousseau, Kant y más recientemente Rawls, han debatido sobre lo que un contrato social es o no es, sus alcances e implicaciones. Pese a estas diferencias, esta idea -en sus distintas versiones- ha persistido a lo largo de los siglos y ha servido como fundamento a teorías sobre el Estado y la democracia.
En años recientes, la noción de contrato social ha sido incorporada al estudio del desarrollo de las naciones, especialmente con la necesidad de generar amplios acuerdos políticos que respalden reformas institucionales, económicas y políticas a favor de un desarrollo más inclusivo (OECD 2021, UNDP, 2016).
En Costa Rica, ese contrato social está codificado en nuestra Constitución Política, que define al país como una “República democrática, libre, independiente, multiétnica y pluricultural” (artículo 1). Estipula que el Estado debe preocuparse por apoyar la generación de riqueza y su justa distribución, con respeto al ambiente (artículo 50), y dedica dos secciones a desarrollar el régimen de libertades y derechos individuales (título IV) y los derechos y garantías sociales, incluyendo un sistema de seguridad social (título V).
De manera informal, un contrato social también se enraíza en valores culturales ampliamente aceptados como normativamente deseables, tales como el orgullo de vivir en una sociedad pacífica, sin ejército y libre; la expectativa de que las y los hijos vivirían mejor que los padres; que el trabajo y la educación llevan al progreso y que la democracia debe servir para el progreso y el bienestar general.
Valoración 2022
- Una sociedad en la que el crecimiento económico estuvo aparejado, por décadas, con la creación de oportunidades laborales e ingresos crecientes para las mayorías, ha permitido la informalización del mercado de trabajo y un persistente estancamiento de ingresos y desempleo para las personas menos calificadas educativamente. • Una sociedad en la que la conservación ambiental cimentó su imagen como líder ambiental internacional y generó amplios ingresos por el turismo, ha permitido un desorden territorial y prácticas insostenibles en materia productiva y de consumo, que generan una creciente huella ecológica y altos costos para el ambiente y las personas.
- Una sociedad orgullosa de su democracia, cuyo sistema de partidos ha dejado profundizar una crisis de representación, reflejada en el alejamiento ciudadano de la política y el declive en la participación electoral, especialmente en las zonas de menor desarrollo humano.
De acuerdo con el Informe, los grandes problemas descritos se traducen, para muchas personas, en un permanente estado de “inseguridad”. Esta inseguridad es concreta y multifacética: incertidumbre de si se perderá el empleo y, si no, si los ingresos alcanzarán para cubrir las necesidades a fin de mes; si los hijos e hijas tendrán un mejor futuro, debido a la mala calidad de la educación que reciben; si las personas cercanas enfermas serán atendidas oportunamente en un Ebais, clínica u hospital de la Caja; es también la percepción de ser víctimas de injusticias no merecidas, de tener que trabajar con poca recompensa y tranquilidad, mientras que “otros” disfrutan ganancias inmerecidas; si serán víctimas de asalto en la calle o en el barrio; si el crimen organizado se apodera o no de las comunidades.
Resalta que en otros países esta inseguridad, sin ser atendida, ha sido un caldo de cultivo común para la emergencia de proyectos populistas que han terminado por afectar la calidad de la democracia e, incluso, provocado regresiones autoritarias. El abandono progresivo del contrato social, señalado previamente, consiste en la incapacidad o falta de voluntad para articular reformas institucionales y cambios en la orientación o la gestión de políticas públicas, orientadas a remover las causas de los resultados contrarios al desarrollo humano.
«Este abandono puede tener múltiples orígenes, que tienen que ser estudiados caso a caso: vetos interpuestos por intereses creados en prolongar la situación actual; la concentración de las respuestas públicas en los problemas inmediatos sin atender las demandas ciudadanas; la subordinación de objetivos sectoriales de política pública a la austeridad fiscal, pese a afectar a los hogares y territorios más vulnerables; o el desinterés en la construcción de acuerdos políticos que abran viabilidad a respuestas innovadoras de política pública».
El efecto común de esta multicausalidad es la no implementación de políticas públicas correctivas de los grandes problemas, incluso cuando, en algunos casos, se han adoptado decisiones “en el papel” para atenderlos. Un ejemplo claro de ello es el escaso desarrollo de la red de cuido: se trata de una política indispensable para la incorporación de mujeres en el mercado laboral, factor clave para el futuro económico del país, que sigue incipiente a pesar de cumplir más de una década de haber sido aprobada.
En este tipo de situaciones, la responsabilidad principal recae en los gobiernos y los partidos políticos, pero también de las organizaciones de la sociedad civil con representación social y de los sectores privados, que actúan como grupos de interés que influyen sobre el curso de los asuntos públicos. A partir de estas consideraciones, la presente edición del Informe presenta tres mensajes clave:
Mensajes clave:
Mensaje 1. La lenta, insuficiente e incierta salida de la pandemia refuerza la normalización de resultados contrarios al desarrollo humano. Este primer mensaje caracteriza el desempeño del país en dos escalas temporales, el corto y el mediano plazo, para valorar curso de evolución del desempeño nacional a lo largo del presente siglo.
En el plano coyuntural, califica la recuperación del golpe pandémico como parcial -lenta e insuficiente-, confirmando lo ya señalado en la anterior edición del informe. El análisis se actualiza con nueva información del 2022, tanto en el plano nacional como internacional, que introduce un elemento de fuerte incertidumbre.
Este resultado de corto plazo refuerza las tendencias de mediano plazo de progresivo estancamiento o, incluso, retroceso en los niveles de desarrollo humano para diversos sectores de la población, pese al crecimiento económico.
Mensaje 2. La normalización de resultados contrarios al desarrollo humano evidencia un progresivo abandono del contrato social costarricense Este mensaje llama la atención a una consecuencia estratégica de la normalización de resultados contrarios al desarrollo humano: el progresivo abandono del contrato social costarricense, fundamento de la estabilidad democrática, debido una renuncia, en la práctica, a sostener y renovar sus bases. Introduce el concepto de “abandono”, como una consecuencia objetiva de no tomar decisiones correctivas de dichos resultados. Aporta evidencias de la existencia real de este fenómeno en Costa Rica: la concentración de la política pública en la atención de problemas inmediatos; la adopción de decisiones “de papel”, que no se traducen en políticas efectivas para cumplir los objetivos planteados; el debilitamiento de la inversión social en una época de retroceso del desarrollo humano; la incapacidad para reformar una institucionalidad disfuncional en materia de desarrollo productivo, pese a los problemas de empleo y producción en la mayoría del territorio; o la inacción frente a problemas que el cambio demográfico y el mercado laboral plantean al sistema de salud pública.
Mensaje 3. El progresivo abandono del contrato social ha creado riesgos de largo plazo en el desarrollo humano, que aún pueden ser enfrentados mediante la acción política democrática. Este mensaje comprende dos componentes que están en tensión dialéctica entre sí.
El primero se enfoca en las consecuencias potenciales del progresivo abandono del contrato social (impulso o “momentum”3 actual), al crear condiciones para la materialización de un riesgo estratégico; a saber, la eventual consolidación de un sendero de retroceso de largo plazo en el bienestar, la paz y las libertades ciudadanas.
El segundo componente se enfoca en la antítesis de ese momento, la articulación de capacidades políticas para, en democracia, romper con la normalización de los resultados contrarios al desarrollo humano. El mensaje ubica el punto de partida del riesgo sistémico en la persistente desconexión entre ciudadanía, partidos políticos y gobiernos. Señala que la posibilidad de cambiar esa historia pasa por superar esa desconexión, aunque reconoce que tal superación es condición necesaria pero no suficiente para evitar ese riesgo.
Es preciso recordar que las demandas ciudadanas no son indicaciones precisas sobre las hojas de ruta para el desarrollo y requieren ser interpretadas. En ese sentido, la gestión del cambio del rumbo actual por parte de los actores con representación política y social es el elemento decisivo, dice el Informe.
La deliberación democrática, la política pública basada en evidencia y la creación de mayores capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas se plantean como requisitos indispensables, concluye.
Fuente: El País.cr
