Estados Unidos anunció el pasado miércoles la implementación de nuevas medidas de control migratorio para la población venezolana, una decisión que ha levantado críticas y cuestionamientos por el impacto que tendrá en el masivo flujo de ciudadanos del país sudamericano, que se ha disparado en los últimos años.
Según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la nueva política busca “reducir” el ingreso de venezolanos a EE.UU. y que se dé una “migración ordenada”.
El cambio más relevante tiene que ver con la prohibición de entrada para los venezolanos que crucen irregularmente la frontera con México. De ser detectados, estos serán inmediatamente expulsados bajo el Título 42, un decreto de salud pública que estableció el expresidente Donald Trump (2017-2021) y que data de 1944, pero solo fue durante la pandemia en 2020 que se aplicó por primera vez. Esta permite frenar el ingreso de migrantes que las autoridades consideren pueden introducir enfermedades.
Según datos oficiales del Gobierno estadounidense, al menos 150 mil venezolanos cruzaron la frontera con México desde octubre de 2021 hasta agosto de este año.
Como alternativa, la DHS propuso otorgar un permiso especial de entrada por dos años a 24 mil venezolanos, siempre que estos ingresen formalmente por vía aérea y cuenten con familiares bajo un estatus legal que los “patrocinen”, es decir que tengan la capacidad económica para brindarles apoyo en Estados Unidos.
El trámite anterior debe realizarse antes de ingresar al país, las autoridades revisarán caso por caso y de cumplir con la elegibilidad de la nueva norma, podrán viajar en avión y al llegar solicitar un permiso de trabajo.
Los que no cumplan lo anterior quedan excluidos, en particular aquellos que hayan sido deportados en los últimos cinco años, o su ingreso se dio de manera irregular desde México u otros países de Centroamérica.
La medida se genera en medio de una grave crisis migratoria que enfrenta la región, y cuya respuesta incluyó un acuerdo entre EE.UU. y el Gobierno mexicano que autorizó recibir en su territorio a los migrantes devueltos por los estadounidenses.
Diversas organizaciones que atienden la situación de los migrantes en la región expresaron su preocupación por la medida, en particular las amenazas a la seguridad de las personas que serán devueltas “en caliente” a territorio mexicano, así como el tratamiento que reciben en EE.UU.
Para la organización humanitaria con sede en Washington, Refugees International (RI), la medida deja por fuera los migrantes más vulnerables, sobre todo aquellos que están en camino por las rutas en los países centroamericanos y que, por la precaridad, muchos carecen de pasaporte.
Dylan Corbett, director ejecutivo de Hope Border Institute, una organización católica independiente que trabaja con migrantes en la frontera mexicano-estadounidense, coincide que la decisión de utilizar el polémico Título 42 vulnera el derecho de los migrantes a solicitar asilo frente a las amenazas en sus países.
“La expansión del Título 42 por parte de la administración Biden a los venezolanos en la frontera es la prueba más clara hasta el momento de que el Título 42 no tiene nada que ver con la covid-19. Es un abuso de una orden de salud pública que se utiliza para disuadir a los solicitantes de asilo en la frontera. No hay justificación moral ni legal”, dijo Corbett en su cuenta de Twitter.
Por su parte, algunos sectores antichavistas cuestionaron la decisión.
El excandidato presidencial Henrique Capriles calificó como “cruel” la decisión de Biden, y que esta atiende a un uso de la crisis migratoria venezolana “en la confrontración política de Estados Unidos”.
“(El) Gobierno de EE.UU. anunció una cruel medida migratoria que hace más dolorosa la situación de miles de venezolanos, que tuvieron que irse del país como consecuencia del hambre, la miseria y la pobreza generada por (presidente Nicolás) Maduro y su caos”, dijo Capriles este jueves en Twitter.
Desde 2019 Venezuela y EE.UU. no mantienen relaciones diplomáticas, esto después que Washington reconociera la autoproclamación de Juan Guaidó como “presidente” del país sudamericano, en un fallido intento de desconocer el gobierno de Maduro y que tuvo como resultado, entre otras cosas, el cierre de los servicios consulares en EE.UU. Un problema que agrava la situación de los venezolanos al momento de hacer trámites migratorios.
El gobierno de Maduro, que denuncia que las sanciones impuestas por Washington desde 2017 contra el país han agravado la ya complicada situación económica del país, no se ha pronunciado hasta el momento sobre la postura de la Casa Blanca.
Mientras tanto en Darién, entre Colombia y Panamá, a más de 3.900 kilómetros de la frontera mexicano-estadounidense, el drama migratorio continúa indistintamente las nuevas normas o la política internacional.
Según datos de la ONU, unos 6 millones de venezolanos han salido de su país por la inflación, falta de empleo, violencia e inseguridad alimentaria; en su mayoría repartidos en países de América Latina y el Caribe.
Algunos de estos, decididos a buscar oportunidades frente a la crisis, optan por avanzar a través del infierno de Darién, a merced de las redes de trata, accidentes y abusos físicos y sexuales.
Unos 48 mil migrantes intentaron cruzar por la selva según el Servicio Nacional de Migración, más del 50% de estos es venezolano.
Fuente: La Estrella de Panamá.
