Panamá sigue recurriendo a más deuda para continuar haciendo frente a sus necesidades. Este jueves se conoció que el Gobierno panameño recurrió a otro préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por la suma de $150 millones.
El crédito es a una tasa de referencia SORF (Secured Overnight Funding Rate, por sus siglas en inglés) y a un plazo de 20 años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia del contrato; y según informó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, el dinero se usarán para solventar el presupuesto general del Estado 2023.
“Es un préstamo de apoyo presupuestario que se basa realmente en medidas de acciones que hemos tomado en ciertos sectores”. Con este nuevo préstamo, “prácticamente completamos todas las necesidades de financiamiento que vendrían de afuera para apoyarnos a ajustar el presupuesto del año 2023”, señaló Alexander.
La Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó este jueves el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2023, con un monto de $27.579,4 millones, un 8% más que el estimado en 2022.
La suscripción del contrato de préstamo fue aprobada a través del Decreto de Gabinete No. 29 del 25 de octubre de 2022, publicado este jueves 27 de octubre de 2022 en la Gaceta Oficial Digital No. 29653-A.
El contrato de préstamo es “con el fin de apoyar al presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal 2022 y otras, a través de una operación financiera programática basada en una matriz de acciones de reformas de políticas denominada programa para impulsar la competitividad y mejorar la sostenibilidad, inclusividad y resiliencia del sector turístico panameño”, dice el decreto.
El préstamo, según consta en el documento, “se aprobó en el marco de los límites establecidos por la Ley 34 de 2008 sobre Responsabilidad Social Fiscal (LRF)y sus modificaciones”, luego de que el Consejo Económico Nacional emitió opinión favorable para su suscripción, en sesión celebrada el pasado 20 de octubre de 2022.
La amortización de este nuevo financiamiento, añade, será con cuotas semestrales consecutivas y, en lo posible, en partes iguales. La primera cuota de amortización será a la fecha de vencimiento del plazo de 48 meses contados a partir a la fecha de entrada en vigencia de este contrato préstamo (No.5602/OC-PN) y la última a más tardar, en la fecha final de amortización. La comisión de crédito es de 0,75% por año sobre el saldo no desembolsado del préstamo.
Política de la deuda
La Ley 34 de 2008 sobre LRF establece límites máximos anuales de déficit fiscal permitidos para el Sector Público No Financiero (SPNF), con el objetivo de reducir el crecimiento de la deuda pública, lograr su sostenibilidad a largo plazo y permitir un manejo ordenado de las finanzas públicas.
Según datos del MEF, para el cierre de 2022 se espera que la deuda pública valorada esté en alrededor de $42.900 millones, es decir, un aumento de $2.420 millones o un 5.6%, respecto a los $40.480 millones reportados en 2021.
Con la modificación del artículo 10 de la LRF, para el año 2020 el tope del déficit fiscal sería de entre 9% y 10,5%; en 2021, entre 7% y 7,5%. En 2022 bajaría a 4%, mientras que en 2023, a 3%; y para 2024 el tope se mantendría en 2%. En 2025 se estima que este se ubicará en 1,5%.
“En general, nuestra política es que a medida que pase el tiempo el peso de la deuda en nuestro país, en la población vaya disminuyendo y eso lo estamos logrando, y eso es importante”, puntualizó el titular del MEF.
Fuente: La Estrella de Panamá.
