El Salvador. La Asamblea Legislativa aprobó este jueves el Presupuesto General de la Nación para el año 2023, el cuarto de la gestión de Nayib Bukele y el segundo en discutirse en un órgano legislativo controlado por el oficialismo.
El plan de gastos del Estado para el próximo año, presentado el pasado 30 de septiembre, fue aprobado sin más cambios que los solicitados por el ministerio de Hacienda en correspondencia a la comisión especial del presupuesto, recibida y aprobada el pasado lunes.
Esto fue: reforzar las asignaciones de la Fiscalía General de la República ($6 millones), Instituto de Acceso a la Información Pública ($350 mil) y Tribunal de Servicio Civil ($300 mil). Otras instituciones que también solicitaron incrementos (Procuraduría General de la República y ministerio de Gobernación) mantuvieron su asignación original.
El monto total del presupuesto es de $8,902 millones 653 mil 672. A comparación del presupuesto de 2022, aumenta en $935 millones.
En el deglose del presupuesto, se realizaron aumentos a diferentes ministerios del área social, al mismo tiempo que se recorta el área de seguridad.
Así, para el ministerio de Salud se asignaron $1,131 milllones 158 mil 090. Para Educación se asignaron $1,501 millones 894 mil 359. Mientras, para los ministerios de Seguridad y Defensa se destinaron $838 millones 787 mil 780, entre ambos.
FGR y PGR piden más presupuesto para 2023
Luego de la presentación del presupuesto, la comisión de hacienda realizó diferentes reuniones con ministros y encargados de diferentes instituciones descentralizadas no empresariales, así como también empresas públicas.
Pese a lo anterior, hubo seis ministerios que no fueron escuchados en comisión para rendir cuentas por el uso de fondos este año ni explicar cómo pretenden usar lo asignado en 2023. Estos son: Agricultura, Economía, Desarrollo Local, Trabajo, Cultura y Medio Ambiente.
Asimismo, el oficialismo no realizó las modificaciones necesarias para armonizar el presupuesto con las disposiciones establecidas con la reciente aprobación de la nueva ley de pensiones.
Así, por ejemplo, tras la discusión del proyecto de decreto, si bien se solicitó modificación para que el presupuesto asignado al actual Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Públicos (INPEP) pase al nuevo Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), no se realizaron cambios relacionados al tema monetario.
Fuente: La Prensa Gráfica.