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ONU. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) expresó este jueves su preocupación por el deterioro de la crisis socioeconómica en Cuba y su impacto en los derechos fundamentales de los ciudadanos.
La portavoz, Marta Hurtado, advirtió desde Ginebra que la escasez de combustible “está poniendo en riesgo servicios esenciales en todo el país”.
La situación actual es el resultado de varios factores que se alargan en el tiempo. Así, el embargo financiero y comercial que se prolonga desde hace décadas, los fenómenos meteorológicos extremos y las recientes medidas de Estados Unidos que restringen los envíos de petróleo a la isla, afectan a sectores clave como la salud, el abastecimiento de agua y la alimentación.
Emergencia en hospitales
Marta Hurtado subrayó que los hospitales enfrentan serias limitaciones operativas.
“Las unidades de cuidados intensivos y los servicios de urgencias se encuentran comprometidos, así como la producción y conservación de vacunas, hemoderivados y medicamentos que requieren refrigeración constante”, explicó.
Además, la dependencia de combustibles importados agrava la fragilidad del sistema sanitario.
Los apagones también están dificultando el suministro de agua en Cuba, donde más del 80% de los equipos de bombeo dependen de la electricidad. El acceso a agua potable es restringido lo que afecta a las condiciones adecuadas de saneamiento e higiene.
Los más vulnerables en riesgo
La escasez de combustible está alterando también el sistema de racionamiento y la distribución de la canasta básica regulada. Los más vulnerables que dependen de programas sociales, como la alimentación escolar, centros de atención para embarazadas y las residencias de ancianos, son los que más están sufriendo el desabastecimiento.
La Oficina recordó que el acceso a bienes y servicios esenciales, como alimentos, agua, medicamentos, combustible y electricidad, es fundamental para garantizar el derecho a la vida y otros derechos humanos básicos.
Asimismo, alertó de que las sanciones prolongadas generan dificultades económicas que debilitan la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de protección y asistencia, aumentando el riesgo de tensiones sociales.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, reiteró su llamado a todos los Estados para que revisen y levanten las medidas unilaterales que afectan de manera amplia e indiscriminada a la población.
“Los objetivos políticos no pueden justificar acciones que vulneren los derechos humanos”.
