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Nicaragua anunció el jueves su retiro de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un día después de conocerse un informe del Grupo de Expertos de Derechos Humanos (GHREN), que acusa al gobierno de Daniel Ortega de tener una «maquinaria de represión» e instaurar un Estado autoritario en el país centroamericano.
«Nicaragua transmite su decisión soberana e irrevocable de retirarnos del Consejo de Derechos Humanos y de toda actividad relacionada con este Consejo y todos sus mecanismos satélites», declaró a medios oficialistas Rosario Murillo, copresidenta de Nicaragua junto a su esposo Ortega.
«Repudiamos todos los insultos, todas las ofensas, todas las falsificaciones, todas las agresiones, todo lo que constituye la política colonialista que rige acciones de organismos que debían servir al bien de todos», dijo Murillo.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, está en el poder desde 2007 y sus críticos lo acusan de instaurar una «dictadura familiar», junto a su esposa, de 73 años.
Informe «demoledor»
En su informe anual publicado el miércoles en Ginebra, sustentado en 1.500 entrevistas y el examen de 7.500 documentos, el GRHEN aseguró que «el régimen de Ortega y Murillo ha transformado deliberadamente al país en un Estado autoritario» con la reforma constitucional que entró en vigor el 18 de febrero.
«No quedan instituciones independientes, las voces disidentes son silenciadas y la población -tanto dentro como fuera de Nicaragua- enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas», subrayó el reporte, que fue calificado como «demoledor» por medios independientes nicaragüenses.
Ejército autor de ejecuciones
El GHREN también aseguró que el ejército al mando de Ortega «participó activamente en la represión de las manifestaciones» que estallaron en abril de 2018 y «cometió ejecuciones extrajudiciales» para «neutralizar» el descontento social.
Al respecto destacó que pudo documentar «el uso sistemático y deliberado de armas letales -algunas reservadas exclusivamente para uso militar-, la intervención de francotiradores, las tácticas de combate diseñadas para matar y no para controlar multitudes, y el elevado número de víctimas con heridas de bala en partes vitales del cuerpo sugieren que su intención no era dispersar a los manifestantes, sino matarlos e infundir miedo en la población”.
El viernes pasado, Ortega juramentó al jefe del ejército, Julio César Avilés, quien lleva 15 años en el cargo para un cuarto mandato consecutivo (2010-2031). Avilés está sancionado por Estados Unidos por «facilitar” la represión contra opositores al gobierno sandinista.
Ortega igualmente juramentó al jefe de la Policía, comisionado Francisco Díaz, también sancionado por Washington por violaciones de derechos humanos.
