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EEUU. Una jueza federal suspendió de forma indefinida las restricciones del gobierno de Trump contra estudiantes extranjeros en Harvard, mientras el expresidente anunció un posible acuerdo con la universidad.
Una jueza federal en Estados Unidos suspendió de forma indefinida el intento del expresidente Donald Trump de bloquear el ingreso de estudiantes extranjeros a la Universidad de Harvard, mientras el propio Trump sugirió que su gobierno podría estar cerca de alcanzar un “acuerdo” con la institución.
La medida judicial, dictada el viernes por la jueza Allison Burroughs, extiende sin plazo una suspensión previa que ya había paralizado temporalmente las restricciones impulsadas por la administración Trump. Harvard había logrado detener en tribunales esas directrices, argumentando que eran ilegales e inconstitucionales.
En medio de la tensión, Trump suavizó el tono al declarar en su red Truth Social que su equipo está en conversaciones con Harvard para alcanzar un posible entendimiento “la próxima semana”, el cual calificó como “histórico y muy bueno para nuestro país”.
El conflicto entre la Casa Blanca y Harvard surgió por la negativa de la universidad a aceptar intentos del gobierno de influir en sus procesos de contratación, los contenidos académicos y las líneas de investigación. Además, Trump ha atacado públicamente a las universidades por promover políticas de diversidad y permitir protestas contra la guerra de Israel en Gaza, a las que ha calificado de “antisemitas”.
Como parte de la presión, el gobierno congeló alrededor de 3.200 millones de dólares en subvenciones y contratos federales destinados a la institución y propuso nuevas medidas para impedir la admisión de estudiantes extranjeros.
Actualmente, los estudiantes internacionales representan el 27% de la matrícula de Harvard, lo que los convierte en una fuente clave tanto de ingresos como de proyección internacional para la universidad.
En sus argumentos ante el tribunal, Harvard denunció que las acciones del gobierno constituyen una represalia directa por ejercer su derecho constitucional a la libertad de expresión. Rechazó además cualquier intento del Ejecutivo de imponer control sobre su gestión interna, sus planes de estudio o la ideología de su comunidad académica.
