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Cuba expresó este lunes la urgente necesidad de rechazar el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) como pretexto para la guerra y el intervencionismo.
Durante su discurso en la décima sesión sustantiva del Grupo de Trabajo de Composición Abierta sobre la seguridad y el uso de las TICs 2021-2025, el viceministro de Comunicaciones de Cuba, Ernesto Rodríguez, abogó por prohibir la militarización del ciberespacio y las operaciones cibernéticas ofensivas.
“Es deber de todos los Estados asegurar que el ciberespacio no se convierta en un campo de batalla, sino que se preserve como un recurso para el bien común”, afirmó.
Al propio tiempo, se opuso a la utilización de las TIC y las plataformas digitales para campañas de desinformación y manipulación política.
Rodríguez dijo que el creciente empleo de inteligencia artificial en ataques cibernéticos sofisticados, puede poner en riesgo el funcionamiento de infraestructuras críticas y de la sociedad en general.
“Si bien las amenazas cibernéticas que socavan la soberanía de los Estados e interfieren directamente en sus asuntos internos, no son nuevas, se regularizan y complejizan a partir del avance vertiginoso de la tecnología”, subrayó el representante cubano.
El viceministro señaló que debe establecerse, como una obligación global, el uso exclusivamente pacífico de las TIC, de manera que se privilegie su potencial para el desarrollo social y económico.
Además, exhortó a que el informe final del grupo recoja también el propósito de los Estados de trabajar juntos para establecer una terminología común en la identificación y respuesta a incidentes cibernéticos, lo cual facilitaría el intercambio, el entendimiento mutuo y la cooperación.
Otro aspecto crítico que requiere nuestra atención -enfatizó el viceministro-, es la significativa brecha tecnológica que enfrentan los países en desarrollo, lo cual limita sus capacidades para enfrentar amenazas actuales y potenciales.
Por eso consideró esencial que se establezcan compromisos que contribuyan a reducir esta brecha, mediante la proporción de asistencia técnica; así como la transferencia de tecnología y equipamiento a los países en desarrollo que le permitan fortalecer la seguridad en el uso de las TIC.
“Estas iniciativas deben ir acompañadas de un compromiso firme de eliminar las medidas coercitivas unilaterales, las cuales obstaculizan las posibilidades de los países sobre los que se aplican para crear un entorno cibernético seguro”, afirmó Rodríguez.
Las acciones mencionadas pueden contribuir a un entorno más seguro en el uso de las TIC, argumentó al insistir que la manera más efectiva de identificar y enfrentar de manera conjunta las amenazas cibernéticas radica en la adopción de un instrumento internacional jurídicamente vinculante.
Tal instrumento establecería “claras obligaciones para todos los Estados. Hacia ese propósito debe avanzarse”, concluyó.
