Panamá. La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) apoya la iniciativa legislativa para derogar la Ley 122 que dicta normas de incentivos para el fomento de la actividad turística y modificar el artículo 9 de la Ley 80, estableciendo incentivos a inversionistas en empresas turísticas.
Según la institución, esto contribuye a la ejecución del Plan Maestro de Turismo Sostenible (PMTS 2020-2025), incentiva la atracción de inversiones turísticas, creando empleos, descentraliza la economía y contribuye a cerrar la brecha de desigualdad.
En el país existen más de 30 mil habitaciones de hotel; 20 mil están en la ciudad de Panamá, mientras que en países competidores, la principal infraestructura se encuentra fuera de la ciudad capital.
La ATP destaca que para competir con otros destinos a nivel internacional, deben generar infraestructura turística en el interior del país, donde se calcula que está más del 80% de los atractivos turísticos de Panamá.
«Para que nuestro país alcance esa posición a corto y mediano plazo es necesario impulsar un programa de incentivos a la inversión privada, como en otros países de la región», detalla la entidad.
La proyección es atraer inversiones para abrir 5,000 nuevas habitaciones hoteleras; se estima que se podrían generar más de 5,000 empleos directos y más de 20,000 empleos indirectos.
Los elementos principales que se proponen en la modificación de la ley es que se otorgaría un crédito fiscal a un 60% de la inversión total del proyecto declarada ante la ATP, excluyendo el valor de la finca; se limitará el crédito aplicable por la inversión en infraestructura del plan maestro a un máximo del 20% del valor total de la inversión, excluyendo el valor de la finca.
Se explica que se acortaría el periodo del incentivo fiscal hasta el 31 de diciembre de 2023 (hoy es hasta 2025). Se limitan las zonas geográficas aplicables a los destinos fuera del distrito de Panamá declarados en la Resolución de Gabinete No. 14 de 7 de febrero de 2017. Se limita solamente a inversiones en hoteles/sitios de alojamiento incluyendo sus inversiones complementarias turísticas. Se exige al inversionista que antes de poder aplicar su crédito fiscal, demuestre que ya haya iniciado la construcción del proyecto.
La actividad turística es uno de los principales motores económicos, representó al país $7 mil millones en divisas en el 2019.
Resaltan que el objetivo de la ley es que el turismo pueda contribuir como motor económico en zonas vulnerables como en los 68 corregimientos del Plan Colmena.
Fuente: El Siglo.
