Nuevas maniobras de Estados Unidos contra la cadena hotelera Meliá por sus relaciones con Cuba

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Cuba. Otra vez el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump asume una postura injerencista contra Cuba y sus socios comerciales, con la prohibición de la entrada al país norteño de Gabriel Escarrer, vicepresidente y consejero delegado de Meliá.

Debido a la presencia de la cadena hotelera española en la mayor de las Antillas, a partir de la activación del Título III de la Ley Helms-Burton uno de sus directivos es ahora el blanco de la extraterritorialidad de la política de la Casa Blanca.

Según un comunicado emitido por la propia cadena, el propio Escarrer confirmó que recibió hace unos meses, una carta del Departamento de Estado, en la que se le informaban una serie de condiciones.

Esas condiciones están relacionadas con la actividad de la empresa en Cuba, y que de no aceptarlas en un plazo de 45 días se le prohibiría la entrada a los Estados Unidos.

Con 38 instalaciones en la nación caribeña, dicha compañía de la industria del ocio es de las afectadas con la mencionada ley, a lo cual se suma el apoyo que recibió Meliá en septiembre pasado, cuando el juzgado de primera instancia de Palma de Mallorca, en España, ordenó archivar la demanda planteada por la familia Sánchez-Hill contra el grupo, al entender que un tribunal español no es competente para valorar si la nacionalización acordada por el Estado cubano en 1960 fue o no lícita.

Meliá reitera que las condiciones impuestas por el Departamento de Estado norteamericano no resultan asumibles por la compañía, además de que su cumplimiento es contrario a la norma europea, conocida como Estatuto de Bloqueo.

Dicho Estatuto considera que la Ley Helms-Burton infringe los más elementales principios de derecho internacional.

Desde mayo de 2019, cuando Washington decidió poner en vigor el Título III de la Helms-Burton a la fecha, existe una veintena de demandas en curso contra compañías internacionales con inversiones en Cuba.

Hasta el presente las empresas turísticas con intereses en la nación caribeña, trabajan en su defensa jurídica ante posibles reclamaciones tras esa activación, concluye la nota.

Fuente: Cubadebate.


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