Cuba. Desde su entrada en vigor en 1996, la Ley para la Libertad y la Solidaridad Democráticas Cubanas, también conocida como Helms-Burton, codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial, dirigida a internacionalizar el bloqueo por medio de medidas coercitivas contra terceros países, a fin de obstaculizar e interrumpir sus relaciones comerciales y de inversión con Cuba.
Con el propósito de asfixiar a la economía cubana y aumentar las carencias de la población, la Ley Helms-Burton ha trascendido como un mecanismo a través del cual el gobierno estadounidense ejerce ilegales y brutales presiones, no solo contra Cuba, sino también contra gobiernos y empresas de terceros países. Sus pretensiones son ilegítimas, violatorias de la Carta de las Naciones Unidas y el Derecho Internacional.
Su título II obliga al gobierno de Estados Unidos a presentar un informe al Congreso sobre las gestiones realizadas con la comunidad internacional para fortalecer el bloqueo contra Cuba.
El Título IV, aplicado también en ocasiones diversas, deniega la entrada en Estados Unidos a empresarios de terceros países que realicen negocios con Cuba que de alguna forma se relaciones con las propiedades legalmente nacionalizadas.
Por último, el Título III permite a los antiguos dueños de propiedades que fueron nacionalizadas en Cuba, incluyendo ciudadanos cubanos devenidos con el tiempo estadounidenses, la posibilidad de demandar ante los tribunales de Estados Unidos a aquellas personas naturales y jurídicas que de alguna forma tuvieran contacto con dichas propiedades, a lo cual la ley califica de “tráfico”.
La posibilidad de demandar a los supuestos beneficiarios del “tráfico” había sido suspendida consistentemente cada seis meses desde 1996 por todos los presidentes de los Estados Unidos, utilizando una excepción incluida en la Ley que les otorga esa facultad. El 17 de abril de 2019, el gobierno de Donald Trump anunció que, a partir del 2 de mayo del propio año, se activaría esta posibilidad, al permitir que los tribunales tomaran acción ante las demandas presentadas. Esta decisión no ha sido revertida por el gobierno de Joseph Biden.
Por primera vez en 23 años, el 2 de abril de 2019, se iniciaron procesos legales al amparo de la Ley Helms-Burton. Hasta el 31 de julio de 2021, se habían presentado un total de 39 demandas, de las cuales 5 fueron retiradas y 34 se mantienen en curso. Esta política ha afectado a empresas estadounidenses y de terceros países que han realizado o realizan negocios con Cuba, así como a empresas nacionales.
Fuente: Misión Permanente de Cuba ante las Naciones Unidas
