Honduras. La Corte Suprema de Justicia de Honduras declaró inconstitucional la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Decreto Nº 21-2012), la cual prohibía a los campesinos guardar, intercambiar y regalar semillas bajo la amenaza de fuertes sanciones, tal como lo señalaba el Artículo 51, que imponía hasta 10,000 días de salario mínimo por vender semillas parecidas a la variedad protegida.
En general, el contenido de esta Ley limitaba y encarecía la producción agrícola, y ponía en riesgo la alimentación de las familias que viven del campo y de los consumidores en las ciudades, ya que supone un aumento de precios.
El fallo de la Corte es un avance importante para Honduras en la defensa de la soberanía alimentaria, pues la también conocida como “Ley Monsanto” era un mecanismo de privatización mediante la imposición de derechos de propiedad intelectual, que en la práctica se traduce en que los campesinos no podrían sembrar con sus propias semillas, sino que deberían adquirirlas en el mercado.
Los esfuerzos para derogar esta ley que limitaba la producción, alimentación y nutrición de las familias rurales fueron impulsados por la Asociación Nacional para el Fomento de la Agricultura Ecológica (ANAFAE), quienes el año 2016 interpusieron un recurso legal para declararla inconstitucional, el cual fue rechazado, y el año 2018 junto a otras organizaciones campesinas y productoras presentaron nuevamente el recurso que concluyó con un fallo favorable.
La Corte Suprema de Justicia expuso en su dictamen que “El Decreto legislativo Nº 21-2012 atenta con la soberanía y libre determinación de nuestro país al otorgar derechos de obtención de nuestras semillas criollas y variedades vegetales para uso comercial… El Convenio UPOV (nombre internacional que recibe la Ley de Obtentores Vegetales) violenta preceptos constitucionales a favor de la vida, la dignidad humana y el derecho de los hondureños y hondureñas a tener un nivel de vida adecuado. Atenta contra el derecho humano a la alimentación y a la salud”.
Por su parte, el Director de ANAFAE, Octavio Sánchez, expresó: “La Ley Monsanto vulnera la Constitución porque limita el desarrollo de la población. En un país donde muchas familias dependen de lo que cultivan para subsistir, este tipo de decretos los condenan al hambre. Pero lo importante es que la Corte por unanimidad tomó una decisión que favorece a toda la población. Este es un triunfo para Honduras”.
Fuente. Periódico Digital Centroamericano y del Caribe
