El hurto de energía eléctrica representa un grave riesgo a la estabilidad del sector

Actualmente este delito es uno de los mayores problemas de comercio ilícito en Guatemala e implica una dinámica intimidatoria preocupante por parte de los grupos que la operan.

Guatemala. La Comisión de Defensa del Comercio Formal (CODECOF), adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), trabaja en la generación de un sistema confiable de recopilación, análisis y presentación de datos para medir el impacto de los ilícitos que afectan el comercio formal del país y buscar nuevas oportunidades para trabajar junto a los actores que permitan la reducción del impacto negativo asociado a esta problemática.

Desde hace años, el hurto de energía eléctrica ha ocasionado en el país una conflictiva dinámica social en diversas localidades y, según datos oficiales, anualmente representa una pérdida de USD$ 50 millones.

Existen dos formas de llevar a cabo este delito. El más común es no permitir el ingreso de personal de la distribuidora, a través de intimidaciones y amenazas para evitar la regularización de conexiones ilegales a la red de distribución, así como la manipulación de los contadores y/o manipulación del cable conectado a la red de distribución y vivienda.

Dentro de las acciones que realizan quienes cometen este delito, se encuentra la organización de grupos por sector para cobrar una cuota mensual y motivar la resistencia y negación al pago regulado del servicio eléctrico.

Los departamentos con mayor presencia de hurto y conflictividad por este tema son Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango, Retalhuleu y Jutiapa.

“Lo que más preocupa sobre el tema del hurto de energía eléctrica es el poco avance que se ha tenido en materia legislativa para establecer penas de cárcel para las personas que cometen este delito. Con esta debilidad legislativa, los grupos antagónicos pueden seguir operando y fortaleciendo sus actividades ilícitas llegando así y con esa dinámica a comunidades pacíficas”, explica Axel Romero, gerente de gestión de CODECOF.

Sin penas de cárcel

El principal problema del hurto de energía es la falta de acceso que tiene el personal de la distribuidora a las localidades donde operan estos grupos antagónicos. Además, la divulgación de información falsa por parte de sus líderes quienes hacen llegar la consigna de que el servicio debe ser nacionalizado para no pagar el consumo de energía.

De 2012 a la fecha, se han presentado 2,500 denuncias penales por hurto de energía y únicamente se han realizado 101 capturas por este delito, las cuales fueron resueltas a través de cauciones económicas para continuar en libertad y seguir con las actividades ilícitas de hurto y recaudación económica ilegal.

De acuerdo con Romero, para disminuir el impacto de este delito, hacen falta cambios en la legislación que regula el delito por hurto de energía, ya que actualmente solo aplica para sanciones económicas y no para penas de cárcel.

Desde el sector eléctrico se han propiciado mesas de negociación entre promotores sociales y líderes comunitarios para lograr acuerdos y compromisos. Como resultado de estas acciones se han tenido grandes avances y de esa cuenta, de los 207 mil clientes en comunidades conflictivas que se tenían en enero de 2016, se logró disminuir a 106 mil clientes en diciembre de 2018 y 83 mil clientes en diciembre de 2019.

La Comisión trabaja en el desarrollo de un plan estratégico para abrir espacios con los organismos y dependencias del Estado, gobiernos locales y líderes comunitarios para unir esfuerzos y lograr la identificación de casos para actuar con prontitud y certeza jurídica.

Fuente. CODECOF

Renace

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