Asamblea aprueba extender estado de emergencia nacional hasta el 16 de mayo

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Tigo Guatemala

El Salvador. Los diputados de la Asamblea Legislativa con 83 votos decidieron este jueves extender el Estado de Emergencia Nacional ante la pandemia por COVID-19 por 15 días más, es decir del 2 al 16 de mayo.

El Estado de Emergencia Nacional, Estado de Calamidad Pública y Desastre Natural en todo el territorio de la República, establecido en el Decreto Legislativo n. °593 se mantiene desde el pasado 14 de marzo, cuando el Órgano Legislativo emitió la declaratoria que tuvo vigencia durante 30 días. Ese decreto se ha prorrogado dos veces más, una por cuatro días y la otra por quince días, misma que culmina el 1 de mayo.

Antes de esta aprobación los diputados de las distintas fracciones legislativas se habían enfrascado en un debate de si ampliar o no la emergencia debido a que el Gobierno supuestamente “no cumplió” con lo que el mismo decreto determina, que cada 15 días debe enviar un informe detallando las medidas que ha implementado para mantener la cuarentena domiciliar.

Asimismo, se buscaba poner como condición superara el veto del presidente de la República, Nayib Bukele, a la ley especial de protección de Derechos Humanos para extender el Estado de Emergencia.

Diputados como Norman Quijano, Ricardo Velásquez Parker, Rodolfo Parker y Jorge Schafik Hándal se mostraron “insatisfechos” por los informes de aplicación de la cuarentena enviados por el Ejecutivo.

Sin embargo, minutos después se logró desentrampar estas diferencias y se avaló prorroga emergencia condicionada a preparación de un plan de reactivación.

Según el dictamen, se tiene como requisito indispensable que el Gobierno, a través del ministro de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión de Protección Civil, así como las autoridades respectivas de la Policía Nacional Civil (PNC) y de la Fuerza Armada remitan a la Asamblea un informe detallado sobre las distintas actividades realizadas en el marco de la emergencia.

Asimismo, se deja establecido que, durante el período de prórroga, el Ejecutivo debe de presentar a los diputados un plan de reactivación gradual de la economía con los protocolos de saneamiento que deberán aplicarse para el reinicio de la actividad económica del país.

Se estableció que el ministro de Hacienda tendrá que presentar un informe sobre la reestructuración del presupuesto general en cuanto a la orientación de recursos ordinarios para el combate de la pandemia con cita de los mismos y sobre los montos ingresados al fondo general a cuenta del financiamiento autorizado por la suma de $2 mil millones.

¿Qué implica el estado de emergencia?

La declaratoria implica suspensión de clases en el territorio nacional, la garantía de centros de cuarentena, el desarrollo de medidas para evitar acaparamiento de productos y alza de sus precios, protección laboral, limitación de circulación en lugares afectados o que se encuentren en riesgo epidémico, facilita la compra directa al proveedor de equipo y la medicina necesaria para atender a los salvadoreños afectados con dicho virus, evitando dilataciones en los procesos.

De igual forma, en este plazo permanecen los mecanismos de gestión de asistencia humanitaria internacional para disponer de todos los recursos necesarios para prevenir los riesgos y atender a la población que sea afectada por el COVID-19.

Por otra parte, continúa la exención de pagos de derechos arancelarios de la importación del impuesto a la transferencia de bienes muebles y a la prestación de servicios y cualquier otro tipo de gravámenes sobre los bienes que se internen en el territorio de la República como ayuda humanitaria.

Todas las contrataciones en el marco de la ley avalada se harán de acuerdo a los principios de la Ley de Acceso a la Información Pública: transparencia, publicidad, prontitud, sencillez, gratuidad y rendición de cuentas.

El estado de emergencia permitiría agilizar los mecanismos previstos en la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, así como demás leyes, convenios o contratos de cooperación o préstamo aplicables, a fin de facilitar el abastecimiento adecuado de todos los insumos que fueren necesarios para hacer frente al COVID-19.

Fuente: La Página.


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