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Cuba. El ministro de Economía y Planificación (MEP), Joaquín Alonso, aseguró este lunes que los mayores financiamientos de Cuba se destinaron este año a los portadores energéticos en dependencia de la disponibilidad del país.
Al intervenir en la primera jornada de trabajo de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) Alonso señaló que pese a la compleja situación económica nacional se da un seguimiento sistemático al programa de recuperación y la prioridad en los aseguramientos en el ámbito energético, reseñó el periódico Granma.
Sin embargo, persisten considerables limitaciones en el sector por el déficit de combustibles para la generación y en la disponibilidad de recursos para los mantenimientos capitales a las unidades termoeléctricas que constituyen la base del sistema.
La participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética alcanza un 6,4 por ciento más en el período, dato que superior al plan en un 1,9 y un 2,7 por ciento en la comparación con igual período del año anterior.
Sobre el sistema empresarial comentó que, hasta la fecha, se presentaron las propuestas para crear el Instituto Nacional de Activos Empresariales Estatales, así como el proyecto de norma jurídica (Decreto Ley) para la implementación de las transformaciones previstas destinadas a las Juntas de Gobierno que buscan perfeccionar las Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial.
Tal norma define, además, los criterios de selección gradual del sistema empresarial que pasará a la atención del referido Instituto.
Agregó Alonso que se avanzó en la definición operacional de mipymes estatales de base tecnológica y su levantamiento, hasta la fecha se identificaron un total de 115, de ellas 61 constituidas y otras 54 cuya creación se prevé en el corto y mediano plazos, y también se avanza en la elaboración de una propuesta para dar tratamiento diferenciado a estas empresas.
Hoy existen 19 mil 428 actores económicos de ellas: cinco mil 106 formas productivas, dos mil 843 entidades estatales, 11 mil 369 mipymes privadas y 110 empresas mixtas, además, operan 496 mil 535 trabajadores por cuenta propia enumeró el titular del MEP.
En la esfera social y pese a las restricciones, se mantiene la aplicación de la política trazada por el Partido y el Gobierno de que nadie quede atrás, enfatizó Alonso.
Enumeró que se identificaron, y se atienden, dos mil 828 nuevas familias en situación de vulnerabilidad económica, reciben protección tres mil 526 madres de hijos con discapacidad severa.
Reciben el servicio de asistencia social a domicilio 11 mil 204 beneficiarlos, atendidos por 10 mil 67 personas contratadas como asistentes sociales; se entregaron recursos a 18 mil 506 familias en situación de vulnerabilidad, por un valor de 273 millones 966 mil 117 pesos.
También se beneficiaron 309 mil 037 personas con ayuda económica para asumir el costo de la Canasta Familiar Normada, y unas 28 mil pensionados de la seguridad social con pensiones mínimas.
De igual manera, se desarrollan acciones de transformación social en mil 252 comunidades, protegiéndose a 27 mil 897 familias en situación de vulnerabilidad económica; se atienden 63 mil 756 madres de tres hijos o más en situación de vulnerabilidad, que conviven en comunidades en transformación.
Entre las prioridades en el segundo semestre del año 2025, Alonso Vázquez mencionó: avanzar en la implementación del Programa de Estabilización Macroeconómica; potenciar el ingreso de divisas al país por todas las vías posibles; impulsar las actividades productivas, con énfasis en la producción nacional de alimentos y un mayor aprovechamiento de las capacidades industriales.
Unido a fortalecer la elaboración, conducción y control de los balances territoriales de alimentos y su aporte a los destinos priorizados; potenciar la integración entre todos los actores económicos; avanzar en las acciones del Programa de Gobierno para la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional y fortalecer la participación de las fuentes renovables de energía en la matriz energética.
Perfeccionar los mecanismos de atención social, que permitan mejorar las condiciones de vida de las personas, familias, hogares y comunidades en situación de vulnerabilidad.
