Costa Rica. El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, anunció el miércoles un ambicioso programa de medidas de seguridad, acorralado ante el fuerte aumento de la criminalidad en el país, que en 2022 alcanzó una cifra récord de homicidios y lo que va de 2023 registra un 41 % más que el año anterior.
En vísperas de cumplir un año en el poder el 8 de mayo, el mandatario presentó varias reformas legales y anunció que triplicará hasta 9.500 los policías disponibles para patrullar las calles de la nación centroamericana, reconocido durante años por su ambiente tranquilo y por recibir a turistas y jubilados.
«Vamos a enmendar el rumbo que hace tiempo perdimos», dijo Chaves, una semana después de criticar a quienes denuncian una crisis de seguridad y a pesar de la ola de violencia reflejada en las estadísticas oficiales en el país de 5,2 millones de habitantes.
Entre los cambios legales propuestos está permitir la extradición de costarricenses en casos de narcotráfico y endurecer la ley penal juvenil, medidas que se toparán con una mayoría opositora en la Asamblea Legislativa.
Costa Rica terminó el 2022 con una tasa histórica de 12,6 homicidios por cada 100.000 habitantes, según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que en los primeros 100 días del 2023 reporta un aumento del 41 % en esos crímenes, con uno cada 10 horas.
«El 63 % de homicidios están clasificados como ajustes de cuentas (venganza) entre estructuras criminales», asociadas al tráfico de drogas, dijo durante la presentación del programa Daniel Calderón, director de la Fuerza Pública en el país, que abolió el Ejército en 1948.
«Quiero que la gente pueda andar tranquila en la calle, que los chiquitos vayan seguros al parque, que los jóvenes vayan a estudiar sin temor a que los agarre una balacera», dijo Chaves, que tiene una aprobación cercana al 70 %, aunque en las encuestas los ciudadanos colocan la inseguridad entre los principales problemas nacionales.
El deterioro de las condiciones sociales en las últimas décadas, la presión de grupos de narcotraficantes internacionales, la limitación de recursos policiales y la ineficacia judicial son algunos de los factores de fondo señalados por el Gobierno para justificar el plan.
La principal organización de empresarios, Unión de Cámaras, pidió el viernes declarar «emergencia nacional» por el aumento de la violencia y los asaltos, así como por el impacto negativo que estos podrían tener en la icónica industria turística local y en las inversiones extranjeras.
La embajada de Estados Unidos en San José publicó en marzo un recordatorio para pedir a sus ciudadanos que residen o viajan a la nación centroamericana «extremar precauciones debido a la criminalidad».
Fuente: VOA.
