El Salvador. Para el gobierno de El Salvador, las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18 son un cáncer social que se debe eliminar ahora o nunca. Para los salvadoreños, cuyas vidas estaban sometidas a las reglas de las maras en los barrios, la postura gubernamental es un alivio.
El Salvador parece estar cada vez más cerca de ser un territorio libre de pandillas, con una tasa de homicidios entre las más bajas de la región. Pero, ¿cómo se ha logrado algo que lleva décadas buscándose?
En 2015, El Salvador fue catalogado como el país más violento del mundo con una tasa homicida de 105 por cada 100.000 habitantes, según cifras oficiales.
Cuando Nayib Bukele entró a la presidencia en junio de 2019, la tasa de homicidios era de 38 por cada 100.000 habitantes, según datos de la mesa tripartita conformada por la Policía, la Fiscalía y Medicina Legal.
El gobierno impulsó un millonario Plan Control Territorial que dio inicio 20 días después de que Bukele llegara a la silla presidencial, y las cifras bajaron.
«Con la entrada del Plan Control Territorial hubo un cambio en el manejo de la seguridad pública. Llegamos a imponer récord en la baja de homicidios», dijo en 2021 el ministro de Defensa de El Salvador, René Monroy, tras registrar una disminución en la tasa a 18 por 100.000 habitantes.
El Plan Control Territorial fue valorado inicialmente en 575 millones de dólares.
Pero las dos principales pandillas ordenaron en varias ocasiones «abrir válvulas», que en su jerga significa ejecutar grandes matanzas. En septiembre de 2019, abril de 2020, octubre de 2020 e inicios de 2021 las pandillas pusieron en aprietos al gobierno al elevar el número de homicidios repentinamente, según reportes de la prensa local.
El 25 de marzo de 2022, cuando El Salvador llevaba casi tres años del Plan Control Territorial, las pandillas ocasionaron la última gran matanza. El Salvador amaneció con la alerta de que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 habían ordenado abrir válvulas. Ese fin de semana se reportaron 87 asesinatos, según cifras oficiales.
El gobierno, que había sido cuestionado por supuestamente negociar con estos grupos, de acuerdo con investigaciones periodísticas, buscó entonces acabar con la violencia con un régimen de excepción solicitado por Bukele.
Se ve a miembros de pandillas dentro de su celda en la cárcel de Quezaltepeque durante una gira para medios, en Quezaltepeque, El Salvador, el 4 de septiembre de 2020.
La Asamblea Legislativa aprobó el 27 de marzo de 2022 la medida del régimen de excepción, que contempló de inmediato la detención sin orden judicial, la ampliación del tiempo máximo de detención administrativa de 72 horas a 15 días, la intervención de las telecomunicaciones y varias reformas penales.
A unas horas de aprobado el régimen, el gobierno desplegó al Ejército y a la Policía Nacional Civil a las comunidades más peligrosas de El Salvador, capturando a todo aquel con antecedentes policiales y penales y a cualquiera que la Policía considerara sospechoso de pertenecer a pandillas.
“El penalito”, una pequeña cárcel o bartolina policial en San Salvador, comenzó rápidamente a llenarse con nuevos detenidos y familiares que esperaban información.
A 17 meses de implementado el régimen y tras la detención de 71.976 personas hasta agosto, El Salvador parece haber logrado desarticular a las pandillas de los barrios donde antes era imposible entrar. El gobierno asegura que irá tras los reductos.
Según las autoridades salvadoreñas, aún hay intentos de reagrupación de estos grupos en algunas zonas rurales del país centroamericano que se encuentran intervenidas con cercos de seguridad.
¿Cómo se adecuaron las leyes para esto?
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, llegó al poder en junio de 2019, tras vencer en la contienda a los partidos tradicionales de entonces. [Archivo]
El gobierno de Bukele pidió al Legislativo la aprobación del régimen de excepción y “depurar” el Órgano Judicial, al que llamó en su cuenta de Twitter “cómplice del crimen organizado”.
La Asamblea Legislativa, de mayoría afín al partido de Bukele, aprobó cuatro meses después de iniciado el régimen una purga masiva de jueces mayores de 60 años. También fueron creados 10 nuevos juzgados especializados para que conocieran los casos de detenidos en el régimen de excepción.
En reformas al Código Penal y Procesal Penal se introdujo además la figura de “juez sin rostro”, que permite eliminar los nombres de los jueces o cualquier otra información que pueda identificarlos en los casos contra detenidos en el régimen de excepción.
Recientemente fueron aprobados los “juicios colectivos” para condenar a grupos de personas pertenecientes a una misma estructura delictiva, evitando con ello que la Fiscalía demore en presentar pruebas contra cada uno de los acusados.
Pero no solo el sistema judicial ha cambiado su forma de trabajo. El Salvador ha reformado sus leyes y códigos para que los jueces tengan la mínima posibilidad de dejar en libertad a los procesados.
Desde que inició el régimen de excepción, la Asamblea aumentó las penas de prisión por pertenecer a estos grupos a hasta 30 años por agrupaciones y hasta 60 años por ser cabecilla. Asimismo, los acusados de elaborar o expresar de forma visual o en texto cualquier mensaje alusivo a pandilla serán condenados con hasta 15 años de prisión.
Las reformas también castigan con 10 años de cárcel a los niños que hayan cumplido 12 años y que, siendo miembros de pandillas, sean acusados de agrupaciones ilícitas. Si tienen 16 o 17 años, la pena es de hasta 20 años de prisión.
Para los detenidos, Bukele inauguró recientemente una megacárcel con capacidad para hasta 40.000 reos.
Su gobierno también busca duplicar la planilla del Ejército de 20.000 a 40.000 efectivos.
¿Ha funcionado la medida?
El ‘modelo Bukele’ ha logrado reducir la tasa de homicidios de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022, según cifras oficiales.
Para este 2023, el mandatario informó que la tasa ronda los 2,2 homicidios, lo que convierte al país en uno de los más seguros de América Latina en base a esas estadísticas.
Desde 2019, El Salvador acumula más de 300 días sin homicidios, y julio de 2023 ha sido el mes “más seguro de la historia” del país, según las cifras del gobierno. Sin embargo, esas cifras han dejado de incluir las muertes ocasionadas por las fuerzas de seguridad contra supuestos pandilleros.
Las encuestas locales que miden la aceptación del régimen de excepción dan cuenta de que al menos ocho de cada 10 salvadoreños aprueban la continuación de la medida, según publicó la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) en marzo pasado.
El partido político salvadoreño Nuevas Ideas oficializó el domingo 9 de julio la candidatura a presidente de Nayib Bukele, actual presidente de El Salvador.
Los peros de la medida
No toda la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño es color de rosa: la captura arbitraria o sin motivo ha sido la principal queja recibida por organismos de derechos humanos que cuestionan que el régimen de excepción ha violentado los derechos de al menos 6.436 salvadoreños.
Los legisladores de otros partidos no afines al gobierno también lo cuestionan.
«Necesitamos una mejor solución para la seguridad que el régimen de excepción. Una que no encarcele a inocentes como margen de error, y que atienda a las víctimas de los criminales», aseguró la legisladora Claudia Ortíz recientemente.
Según cifras expuestas por organizaciones de derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las torturas y el hacinamiento carcelario han provocado la muerte de hasta 174 detenidos.
El gobierno ha refutado los señalamientos. El comisionado presidencial de los derechos humanos en El Salvador, Andrés Guzmán, rechazó las afirmaciones expuestas a la CIDH de que en El Salvador existen torturas y destacó que no hay denuncias formales.
Fuente: VOA.
