Para cumplir con las metas del Acuerdo de París de reducción de emisiones, todos los países deben colaborar con los esfuerzos de mitigación. En América Latina y el Caribe hay dos márgenes directos de acción. El principal es frenar la deforestación y reducir las emisiones del sector agropecuario. Para esto es fundamental tanto establecer políticas dirigidas directamente a preservar los ecosistemas, como aumentar la productividad y la sostenibilidad de las prácticas del sector agropecuario.
Este último punto puede lograrse con políticas como las mencionadas en el apartado anterior para el sector agropecuario que, además de favorecer la adaptación, permiten reducir las emisiones y aumentar la productividad.
El segundo margen es la transición energética. Esta consiste en la sustitución del uso de combustibles fósiles por el de fuentes renovables de energía. El avance de este proceso en el mundo ha permitido que los costos y la factibilidad tecnológica de las principales fuentes de energía renovable y de los bienes que utilizan electricidad para funcionar hayan disminuido y se hayan equiparado (o se espera que lo hagan en los próximos años) con los de las energías fósiles.
No obstante, los desafíos de la transición energética en la región siguen siendo formidables. La adopción a gran escala de las fuentes renovables requiere de grandes inversiones de capital y de resolver retos de transmisión e intermitencia. La reducción del uso de carbón y petróleo supondrá importantes desafíos para la producción, la inversión, el empleo, los ingresos fiscales, las cuentas externas y los stocks de riqueza de las economías de la región, así lo explica el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en su nuevo Reporte de economía y desarrollo (Red).
Estos retos, según CAF, no estarán distribuidos uniformemente entre las distintas economías, sino que dependen de la disponibilidad de reservas y de los esfuerzos de adaptación implementados en la región y sobre la efectividad de esas iniciativas. Además, dijo, es necesario fortalecer las capacidades del sector público para la elaboración de diagnósticos de riesgos, el diseño y la implementación de las políticas.
Recalcó que la geografía de la región brinda importantes ventajas competitivas para la generación de electricidad a partir de energía solar y eólica, ya que en la zona de la Puna (que abarca territorios de Argentina, Bolivia, Chile y Perú) se encuentra el área con el mayor potencial práctico de energía fotovoltaica del mundo.
“La utilización de fuentes de energía solar y eólica a pequeña escala puede ser una forma costo efectiva de alcanzar regiones aisladas en la extensa geografía de la región”, mencionó la CAF.
Política
El reporte indica que los precios al carbono se consideran la política más eficiente para reducir emisiones, ya que es un mecanismo con el que se puede crear un incentivo financiero a los agentes para que reduzcan sus emisiones al menor costo posible, tanto a través de la reducción del consumo de combustibles fósiles como del desarrollo de tecnologías más limpias.
Este instrumento, explica, se puede implementar ya sea como un impuesto o mediante un sistema de comercio de emisiones (SCE). Ambas alternativas aumentan el precio relativo de los bienes y servicios intensivos en emisiones, disminuyendo su consumo. Si bien los precios al carbono se enfocan en la práctica casi de manera exclusiva en los combustibles fósiles (con excepción de Nueva Zelanda), en principio estos pueden abarcar todas las fuentes de emisión de GEI, lo que permitiría la reducción de emisiones por parte del sector agropecuario e indirectamente desincentivar la expansión agrícola, reduciendo las emisiones del cambio de uso del suelo y silvicultura.
Fuente: La Estrella de Panamá.
