Observamos con inquietud los acontecimientos que han surgido en torno a la estabilidad de la minería, una actividad que cuando se realiza de manera responsable, contribuye significativamente al desarrollo económico y social sostenible de las naciones.
La reciente aprobación de la Ley 1110, que establece una moratoria a la minería metálica, nos preocupa profundamente. Estas acciones pueden incentivar la minería ilegal y representan un obstáculo para el desarrollo de un país con importantes recursos minerales.
Además, las recientes protestas han afectado la estabilidad económica de la nación, perjudicando diversas industrias y a todos los panameños. Respetamos el derecho de la población a manifestarse de forma pacífica, pero condenamos enérgicamente los actos de vandalismo y violencia que amenazan la paz en Panamá.
Minera Panamá ha sido un componente esencial de la economía panameña desde 2009 y ha desempeñado un papel crucial en el desarrollo del país. Esta empresa no solo ha proporcionado empleo directo a más de 9.000 familias panameñas, sino que ha inyectado más de 10.000 millones de dólares a la economía nacional. Su presencia en Panamá se ha caracterizado por un modelo de minería responsable que garantiza la mitigación de impactos ambientales derivados de sus operaciones.
Hacemos un llamado urgente a todas las partes involucradas en este conflicto a buscar el diálogo constructivo. Instamos a la intervención de organismos internacionales imparciales para mediar en esta conversación, asegurando que todas las partes puedan expresar sus preocupaciones y que las propuestas se basen en la verdad y en hechos comprobados en búsqueda de soluciones que beneficien a la comunidad y fomenten el desarrollo sostenible del país.
Panamá es un socio valioso en la industria minera de América Latina, y estamos seguros de que, a través del diálogo y la colaboración constructiva, se pueden encontrar soluciones que atiendan las legítimas preocupaciones de todas las partes involucradas y que aseguren un futuro próspero para el país.
Fuente. OLAMI (Organismo Latinoamericano de Minería -Centroamérica y El Caribe-)
