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Panamá. Empresarios y representantes de la industria en Panamá pidieron al Gobierno Nacional elevar la reciente moratoria minera aprobada por un Decreto Ejecutivo a un estatus legal sólido a través de la aprobación de una ley. Las manifestaciones y los bloques en varios puntos del país siguieron ayer.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y la Cámara Panameña de la Construcción (CAPC), en comunicado por separados, consideran que el decreto es un avance, pero que no es suficiente para garantizar la tranquilidad social y la estabilidad económica del país.
Los empresarios consideran que elevar la moratoria a la categoría de ley brindaría un marco legal más sólido y garantizaría su continuidad a largo plazo. Esto, a su vez, contribuiría a la estabilidad y certeza en el sector minero, lo que beneficiaría tanto a la industria como a la población en general.
La CCIAP considera que el Decreto Ejecutivo es un avance positivo, pero insta al presidente a ir más allá y presentar un proyecto de ley que otorgue un marco legal sólido a la moratoria minera. Además, piden una revisión exhaustiva y completa del Código de Recursos Minerales.
Además, reitera que, frente al reto establecido de fiscalizar la actual mina, propone transformar y unificar de las instituciones actualmente encargadas en una autoridad que cuente con los recursos necesarios y técnicamente capacitados para monitorear, auditar y vigilar de forma estricta y rigurosa las actividades que aquí se llevan a cabo y que ésta a su vez dicte las sanciones correspondientes en el caso que el proyecto no esté cumpliendo con los parámetros exigidos. Esta autoridad debes ser fiscalizada por una Comisión Supervisora, representativa de la sociedad civil.
Junto a otras organizaciones que se han unido al llamado de acciones inmediatas y contundentes, la CCIAP solicitará cuanto antes una reunión con el mandatario para manifestarle este sentir.
En tanto, a juicio de la Apede el declarar la moratoria minera mediante un Decreto Ejecutivo “no recoge en su totalidad las acciones que deben llevarse a cabo para que se regrese al país a la normalidad”, por las protestas contra el contrato minero entre el Gobierno Nacional y Minera Panamá.
La Asociación empresarial reconoció el «interés» del Gobierno por atender los reclamos de la ciudadanía, pero cree necesario que se presente un proyecto de ley, que reemplace ese decreto y prohíba nuevas concesiones de exploración, producción y explotación de minerales metálicos en Panamá.
«Se debe rechazar las [concesiones] que están en trámite y hacer un dictamen de las ya otorgadas y que no están en operación, para proceder a su cancelación», comentó la Apede.
También exigen que se haga una revisión y actualización de Código de Recursos Minerales para fiscalizar de forma sostenible y moderna las futuras concesiones de recursos minerales metálicos.
Otro punto que solicitan es la conformación de un grupo de profesionales que hagan una fiscalización imparcial de las concesiones que operan actualmente en el territorio nacional.
La Apede solicitó a la Corte Suprema de Justicia atender con celeridad las demandas de inconstitucionalidad que se han presentado y que todos los ciudadanos “asuman las consecuencias que esto implique”.
La CAPAC aseguró que aún cuando califican como positivo este primer paso para atender las reclamaciones ciudadanas y encontrar puntos de encuentro con quienes se oponen al desarrollo de proyectos mineros en el territorio nacional, en nuestra consideración la moratoria establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 23 de 27 de octubre de 2023, no cuenta con la jerarquía jurídica que satisfaga las expectativas de quienes se oponen al otorgamiento de explotaciones minera en nuestro país.
En este sentido, consideran que la moratoria para el otorgamiento de concesiones mineras debe elevarse a ley de la República de Panamá, aprobada por la Asamblea Nacional en el menor término posible.
Como complemento a esta decisión, proponemos que el Órgano Ejecutivo designe cuanto antes, una comisión interdisciplinaria conformada por especialistas y técnicos versados en la materia, para que redacte un Código de Mina moderno, actualizado y que responda a los mejores intereses nacionales.
“Desde luego esta iniciativa debe ser ampliamente consultada con todos los sectores que participan en las distintas disciplinas propias de la industria minera”, aseguró el gremio.
Demandaron que el gobierno nacional, como responsable de la conducción del Estado panameño, adelante los mayores esfuerzos para iniciar cuanto antes, un acercamiento con los dirigentes de los grupos que actualmente se manifiestan en contra del proyecto minero, en procura de encontrar puntos de encuentros para solventar lo antes posible la grave crisis que vive el país.
Fuente: La Estrella de Panamá.
