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Grenat cerró las actividades del Mes Minero con un encuentro donde se abordaron: Los costos y beneficios de la actividad minera en el país

Guatemala. En Guatemala, la confianza en la industria minera mejoró en el último año, esto debido al compromiso y el esfuerzo continuo del sector para generar un impacto positivo en la economía y el medio ambiente, comentó Jaime Arteaga, director de Arteaga y Asociados, quien presentó los resultados de la encuesta: Brújula Minera 2024 en Guatemala durante el evento organizado por Grenat. “El país tiene el potencial para convertirse en un jugador regional relevante, pero debe mostrarse como un sector minero fuerte y robusto”, expresó el especialista.

Arteaga compartió que más del 50% de los encuestados considera que los conflictos alrededor de la minería en el último año se han mantenido igual. Es por esa razón que más del 60% afirmó que la minería es positiva para el país y casi un 80% estuvo de acuerdo en que la minería bien hecha trae desarrollo para las regiones donde opera.

Además, entre un 70% y 63% afirmó que la minería es necesaria para la vida moderna y se necesita aumentar la exploración y producción de minerales en el país, respectivamente. “Estos resultados confirman que Guatemala posee una tradición minera arraigada, por lo tanto, es el momento de hacer minería aprovechando la confianza que reflejó la encuesta para ir diluyendo el pequeño grado de percepción de que las utilidades de la minería se van en temas de corrupción”, planteó Arteaga.

Sin embargo, el sector aún tiene trabajo por hacer para traducir esa confianza en proyectos que estén bien sostenidos a través de pilares de políticas mineras que sean modernos. “hay países que aún mantienen vigentes marcos jurídicos de hace 40 años, haciéndolos obsoletos e ineficientes”, comentó Andrea Lemus, Senior Policy Advisor y coordinadora para Latinoamérica y El Caribe del Foro Intergubernamental de Minerales, Metales, y Desarrollo Sostenible (IGF) dentro del programa de Política y Derecho Económico del IISD.

Los pilares que planteó Lemus son al menos VI. El primero de ellos establece las bases de un marco legal moderno para el desarrollo sostenible de la minería. Este abarca el derecho nacional e internacional, el entorno institucional, la generación de datos geológicos, así como los detalles del sistema de concesión de permisos. Los Pilares del II al VI establecen los objetivos y requisitos que sustentan dicho marco.

Actividad minera en Guatemala requiere una visión de país

Durante el panel de discusión titulado: Costos y Beneficios de la Actividad Minera en Guatemala, participaron profesionales y líderes del sector, incluyendo a Julio Luna, Director General de Minería, Jorge Ayala, Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República, Mireya Archila, Directora de Geoambiente, Bequer Chocooj, Vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, y Ricardo Rodríguez, CEO de Cabi Economics.

El panel fue moderado por Rodolfo Mendoza, Director Estratégico de Diestra, y planteó que ya han transcurrido casi ocho meses de que el nuevo gobierno de Bernardo Arévalo tomó posesión y aún existe una alta incertidumbre de cómo se desarrollarán los proyectos mineros en Guatemala, porque hay varios que han cumplido con los requisitos legales y ambientales, pero que no están en operación y aún se desconoce cuándo entrarán vigencia. “Esta situación no solo afecta a las empresas, también a los trabajadores y comunidades donde se desarrollan, al país y a la imagen que proyectamos a nivel internacional al no brindar certeza jurídica”, expresó el moderador.

Mireya Archila, Directora de Geoambiente opina que Guatemala debe contar con una “visión país en temas de minería a través del análisis de criterios tomando en cuenta el potencial minero real y plantear políticas de largo plazo”. En ese sentido, coincidió Julio Luna, Director General de Minería del Ministerio de Energía y Minas (MEM), porque existe un “verdadero potencial minero en el país que debe ser investigado para determinar qué minerales tenemos que sean susceptibles de explotación y obtener el mayor beneficio de cada uno de ellos, pero aprovecharlos adecuadamente”.

Luna informó que la dependencia que coordina ya ha dado resolución a casos de proyectos que estaban teniendo algún tipo de atraso legal y/o administrativo y están trabajando en optimizar una plataforma electrónica que ayudará a reducir tiempos de trámites. “Las empresas pueden acercarse a la dirección para analizar en conjunto su situación”, resaltó.

Bequer Chocooj, Vicepresidente de la Comisión de Pueblos Indígenas, planteó tres criterios que podrían ser claves para tomar en cuenta con las comunidades en donde operan los proyectos, principalmente, enfocarse en el bien común, también definir el tema de la minería como de interés nacional y determinar su impacto en el desarrollo económico y social.

En el tema del impacto económico Ricardo Rodríguez, CEO de Cabi Economics, resaltó que este no debe basarse únicamente en el “costo-beneficio”, el verdadero impacto radica en que la actividad minera opere con todas las garantías cumpliendo con las normativas, porque no se trata únicamente de cancelar una actividad económica, dado que tiene un alto potencial para generar miles de empleos y llevar desarrollo a las comunidades donde operan.

Por último, Jorge Ayala, Presidente de la Comisión de Economía del Congreso de la República e integrante de la Comisión de Energía y Minas, comentó que en el legislativo se encuentran tres iniciativas de ley que no fueron discutidas en el pleno, y que se encuentran en la comisión, pero ninguna de ellas propone cuáles son las acciones específicas para garantizar la certeza jurídica, cómo actualizar la ley de minería, y ninguna comenta si se debe actualizar el régimen de regalías, de lo que hablan es únicamente de otorgar moratoria minera ya sea entre tres y 10 años o nunca más actividad minera.

“Lamentablemente la visión es ideológica y las propuestas no tienen ningún sustento, por lo tanto, ninguna de ellas pasó, sin embargo, es importante que exista coherencia de la política pública porque de seguir esa línea Guatemala se podría enfrentar a demandas internacionales que se traducirían en pérdida de empleos y el pago de millones de quetzales”, enfatizó.

Valery Zurita, directora ejecutiva de la Gremial de Recursos Naturales, Minas y Canteras (GRENAT), agregó que pese a la incertidumbre por la que atraviesa el sector, han seguido buscando la forma de superar los obstáculos y de encontrar formas de trabajo cada vez más responsables, más sostenibles tanto con el ambiente como con la sociedad. “Hoy reconocemos todo ese esfuerzo que los mineros guatemaltecos realizan”.

Fuente. GRENAT

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