Panamá. Expertos internacionales y regionales expresaron su preocupación por los altos volúmenes de comercio ilícito que pasan por las zonas de libre comercio de Centroamérica, al reunirse en el Foro regional sobre “Hubs de comercio ilícito” organizado hoy por la Alianza para Combatir el Comercio Ilícito en Panamá.
La ubicación estratégica de Panamá es un factor atractivo para empresas criminales dedicadas al comercio ilícito, la corrupción, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, según un estudio presentado en el foro por el Centro de Terrorismo, Crimen Transnacional y Corrupción (TraCCC por sus siglas en inglés) de la Universidad George Mason, EE.UU.
El estudio evaluó cuatro hubs a nivel mundial, incluyendo Suramérica (la zona fronteriza que comparten Brasil, Argentina y Paraguay), Centroamérica (Panamá, Guatemala y Belice); Medio Oriente (Dubai) y Europa del Este (Ucrania) y encontró que todos ellos tienen en común un entorno favorable para el comercio ilícito debido a laxitudes regulatoria, y son puntos de convergencia de diferentes tipos de crimen organizado como la corrupción, el lavado de dinero y otros factores que favorecen las actividades delictivas y el movimiento de mercancías ilícitas.
El codirector del Instituto Anti-Comercio Ilícito (AITI) de TraCCC y exdiplomático estadounidense, David M. Luna, subrayó al presentar los hallazgos del estudio que algunos hubs de comercio ilícito se caracterizan notoriamente por «un alto nivel de secreto financiero en regulaciones contra el lavado de dinero y son particularmente atractivos para las redes de comercio ilícito involucradas en el lavado de dinero basado en el comercio y la financiación ilícita en zonas francas y economías nacionales.» Luna, también jefe del Grupo de Expertos en Negocios Anti-Comercio Ilícito de la OCDE, enfatizó “que la corrupción, la débil aplicación de la ley y las fronteras porosas ponen en peligro la integridad de las instituciones de gobierno y los sistemas judiciales, permitiendo a los criminales y a las redes terroristas como Hezbolá cooptar al Estado y penetrar en los mercados legales.»
En el foro participaron expertos, autoridades, gestores de políticas y representantes del sector privado, quienes debatieron sobre los desafíos que el comercio ilícito plantea para Panamá y la región, y cómo se pueden implementar las directrices de la OCDE en las zonas francas para mejorar la transparencia sin afectar el comercio legítimo.
“Debido a su rol como hub en la región, Panamá enfrenta desafíos importantes en materia de comercio ilícito y necesitamos continuar promoviendo y desarrollando las capacidades y recursos a nivel nacional e internacional para garantizar un combate enérgico y efectivo contra este flagelo que tiene efectos devastadores en la economía, seguridad y salud pública,” explicó Marissa Lasso de la Vega, Presidente de la Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá.
El comercio ilícito toca una variedad de sectores. Según datos de la Autoridad Nacional de Aduanas de Panamá, solo en 2022, se decomisó el equivalente a 73 mil 133 dólares de licor comercializado ilícitamente y 10 millones 360 mil 236 dólares equivalentes en cigarrillos ilegales. Por otro lado, solo en 2022, las autoridades panameñas atendieron múltiples casos de contrabando de medicamentos por un valor de $229 mil 449 dólares.
“Los hallazgos divulgados en este foro deben ser una llamada de atención para la acción inmediata por parte de todos los sectores para fortalecer los esfuerzos en la lucha contra el comercio ilícito,” añadió Lasso de la Vega. “Desde la Alianza, estamos comprometidos con seguir adelante articulando esfuerzos conjuntos dedicados a combatir de manera efectiva el comercio ilícito y hacer el debido seguimiento para que sus impactos negativos puedan contenerse” puntualizó la vocera.
Según el estudio, la región centroamericana desempeña un papel crucial como punto de tránsito para el comercio ilícito, aunque en los cuatro hubs analizados operan redes de organizaciones criminales que operan en estas zonas francas.
Para abordar esta situación, Alejo Campos, Director de Crime Stoppers Panamá, subrayó la importancia de la cooperación público-privada. «Para enfrentar este desafío, debemos trabajar juntos, uniendo esfuerzos multisectoriales,» enfatizó. «La transparencia y el cumplimiento de las regulaciones son clave para mitigar esta problemática.»
Durante el foro, la Asociación Latinoamericana de Industriales (AILA) enfatizó que la relación entre el comercio ilícito y el crimen organizado internacional no es exclusiva de Panamá; por el contrario, es una amenaza para los sistemas financieros y de seguridad de toda la región. Según AILA, este tipo de operaciones representan cientos de millones de dólares en ingresos fiscales perdidos cada año, impactando significativamente los recursos disponibles de los países latinoamericanos para la inversión social.
Este foro ocurre en Panamá solo unos meses antes de la celebración en el istmo de la Conferencia de las Partes (COP10) del Convenio Marco para el Control del Tabaco y la Reunión de las Partes (MOP3) del Protocolo sobre Comercio Ilícito, que tendrán lugar en noviembre, lo cual refuerza la urgente necesidad de abordar las fuentes y facilitadores del comercio ilícito y pone en evidencia la insuficiencia de las propuestas de control del tabaco, especialmente en Centroamérica, dado que si no se contiene el comercio ilícito, regulaciones adicionales serían insuficientes.
Un llamado a la acción
El foro Hubs del Comercio Ilícito culminó con la presentación de recomendaciones y puntos de apoyo para mejorar la supervisión y regulación de productos de alta sensibilidad en las zonas motivo de estudio. En este contexto, la Alianza contra el Comercio Ilícito en Panamá, tras el diálogo sostenido durante el foro, compartirá con las autoridades y demás actores presentes un informe sintetizando con las recomendaciones derivadas del foro, con el fin de colaborar en el fortalecimiento de la regulación y el control en las zonas francas. Esto debe hacerse sin afectar los flujos comerciales lícitos para ayudar a garantizar la integridad de los ingresos fiscales y tener un impacto positivo en la salud pública.
Fuente. Alianza Contra el Comercio Ilícito de Panamá
