El Salvador. El Gobierno sigue protegiendo la economía de los salvadoreños a través de la aplicación de las medidas ante la inflación.
Dichas disposiciones están comprendidas en un marco jurídico que por 11 meses han evitado un golpe directo al bolsillo, y el cual comprendió la suspensión temporal de la contribución especial para la estabilización de tarifas del servicio de transporte público (COTRANS por $0.10), la suspensión temporal del cargo a la cuenta especial de estabilización y fomento económico (FEFE, equivalente a $0.16), y la Ley especial transitoria para sancionar infracciones a la comercialización de productos derivados del petróleo; y se mantiene vigente a través de la Ley especial transitoria de combate a la inflación de precios de productos básicos y las reformas a la Ley de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial.
Las acciones comprendidas en estas normativas han permitido que, a la fecha, El Salvador continúe siendo el país con menor tasa de inflación de Centroamérica (con un 7.03 %), sostuvo el titular de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar.
“Somos el país en centroamérica con la menor tasa de inflación comparado con Costa Rica, con un 18.45 %; Honduras, 16.16 %; Nicaragua, 15.74 %, y Guatemala, 13.32 %”, detalló el funcionario. “Esto es gracias a las 11 medidas de alivio económico anunciadas por el Presidente”, acreditó.
Las disposiciones han tenido efectos sobre el valor de los combustibles; además implican el despliegue de inspectores en embarcaciones y gasolineras; mantenimiento del subsidio al gas propano; inspecciones para garantizar el precio establecido en las unidades de transporte público; la suspensión de aranceles de importación a 20 productos básicos y la agilización de la autorización a proveedores para la importación de productos alimenticios.
En apego a las leyes, la Defensoría hace monitoreos y vigilancia de los proveedores. De acuerdo con Ricardo Salazar, solo en el 2022 se hicieron más de 144,000 verificaciones y este año ya son más de 4,500, y estas abarcan a los diferentes agentes de la cadena de suministros en una tarea articulada con otras instituciones del Gobierno que permiten alcanzar el mercado de los hidrocarburos y de los productos derivados del petróleo como el gas propano, garantizando el respeto de los consumidores.
Fuente: La Página.
