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El Salvador. Este 10 de marzo marca el inicio del último tramo de vigencia para el Estatus de Protección Temporal (TPS). Pese a la dependencia económica y social del programa, la ausencia de gestiones oficiales para una nueva prórroga genera una alerta roja entre organizaciones de DD. HH., quienes prevén una crisis migratoria si no hay un pronunciamiento antes de septiembre.
El calendario migratorio volvió a colocarse en el centro de la preocupación de la diáspora salvadoreña en Estados Unidos. Este 10 de marzo no solo marca el primer aniversario de la última extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgada a El Salvador, sino también el inicio de la cuenta regresiva hacia su fecha de expiración prevista para el 9 de septiembre.
El TPS fue concedido a salvadoreños tras los terremotos de 2001, cuando alrededor de 230,000 personas se inscribieron inicialmente en el programa. Durante más de dos décadas llegó a proteger a cerca de 200,000 salvadoreños de manera simultánea, permitiéndoles residir y trabajar legalmente en Estados Unidos. Con el paso del tiempo, la población beneficiaria se redujo debido a procesos de regularización migratoria, retornos voluntarios o pérdida de elegibilidad. Según datos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), aproximadamente 117,000 salvadoreños se reinscribieron en la última prórroga, lo que evidencia que una parte importante de la comunidad continúa dependiendo exclusivamente de este estatus migratorio.
A seis meses del vencimiento, el ambiente entre beneficiarios ha pasado de la relativa calma a la incertidumbre. José Palma, representante de la Alianza Nacional por el TPS, explicó que el aniversario marca un momento crítico porque coincide con el inicio del periodo final antes de una decisión definitiva.
“Estamos llegando al año de la última prórroga y al mismo tiempo empieza la cuenta regresiva de seis meses para que finalice el programa. Muchas personas no saben qué va a pasar después de septiembre, porque si alguien se reinscribe para el TPS significa que todavía no ha podido regularizar su estatus y sigue dependiendo completamente de esa protección”, señaló.
La incertidumbre no se limita a escenarios futuros. Palma indicó que los primeros efectos ya comenzaron a sentirse debido a retrasos administrativos en la emisión de permisos laborales. Cuando se aprobó la última extensión, el gobierno estadounidense prorrogó automáticamente los permisos de trabajo por un año mientras se procesaban nuevas tarjetas; sin embargo, muchos beneficiarios aún no las han recibido.
“Hay empleadores que están diciendo: si no me trae una tarjeta nueva antes del 9 de marzo, lo voy a despedir. Esa es la primera prueba que está enfrentando la comunidad salvadoreña y es lo que está comenzando a generar preocupación real”, afirmó.
Los salvadoreños que retornan al país son auxiliados por la Gerencia de Atención al Migrante.
El contexto político en Estados Unidos tampoco ofrece señales alentadoras. El internacionalista Napoleón Campos considera que el TPS salvadoreño entra en una etapa decisiva sin indicios claros de una renovación desde la administración estadounidense.
“Yo no veo ningún indicio político que nos permita imaginar que el presidente Trump vaya a refrendar el TPS para El Salvador. A medida que se han ido cumpliendo los plazos de otros programas similares, la administración ha optado por terminarlos”, explicó.
Campos sostuvo que la política migratoria actual se caracteriza por un endurecimiento generalizado que afecta a distintos contingentes migratorios, incluso personas sin antecedentes penales. En ese escenario, señaló que los beneficiarios del TPS dependen principalmente de dos vías: la judicial y la legislativa.
“El aliado inmediato sigue siendo el tribunal federal. Ya ocurrió durante la primera administración Trump, cuando recursos judiciales lograron mantener con vida el TPS. El segundo aliado es político, porque el deterioro del sistema migratorio está generando cada vez más conciencia dentro del Congreso sobre la necesidad de una reforma migratoria integral”, afirmó.
El analista añadió que una eventual discusión legislativa podría abrir oportunidades en el futuro, aunque reconoce que el panorama inmediato continúa siendo incierto y que no existen señales de una decisión favorable en el corto plazo.
La experta en migración Celia Medrano advirtió que el contexto actual también coincide con cambios en el perfil de salvadoreños deportados desde Estados Unidos, lo que podría anticipar impactos más complejos ante un eventual retorno masivo.
“Ya no se trata únicamente de personas recién llegadas o con baja escolaridad. Cada vez más vemos salvadoreños que han permanecido más de cinco años en Estados Unidos, que alcanzaron mejores niveles de formación técnica e incluso manejan mejor el inglés que el español. Ese perfil coincide con muchos beneficiarios actuales del TPS”, explicó.
Según Medrano, estas personas enfrentarían mayores dificultades de reinserción laboral en El Salvador si el programa finalizara.
“Este perfil no encontrará fácilmente condiciones para insertarse en el país, lo que implicaría un reto importante para el Estado salvadoreño”, señaló, al tiempo que indicó que no se conocen públicamente programas gubernamentales orientados a preparar un eventual retorno de beneficiarios del TPS.
La especialista también consideró que la relación política entre los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos no se ha traducido en gestiones visibles a favor de la continuidad del programa. “Nada indicaría hasta el momento que esa supuesta buena relación vaya a manifestarse en una nueva extensión del TPS”, afirmó.
Las organizaciones migrantes observan además una tendencia regional adversa. Palma recordó que varios países han perdido recientemente el TPS y que las decisiones judiciales no siempre han logrado revertir las cancelaciones.
“A todos los países que les ha llegado su fecha de determinación se los han terminado. Pensar que los salvadoreños recibirán un trato especial por las relaciones entre gobiernos sería una lectura equivocada de lo que está ocurriendo en Estados Unidos”, dijo.
Para la Alianza Nacional por el TPS, el futuro del programa debe asumirse como un asunto que trasciende la discusión migratoria individual. Palma insistió en que miles de familias salvadoreñas dependen directa o indirectamente de quienes viven bajo este estatus.
“El problema del TPS debe verse como un problema de nación. El bienestar del tepesiano también garantiza el bienestar de muchas comunidades en El Salvador, porque su estabilidad impacta directamente en familias, economía y vínculos sociales”, sostuvo.
Aunque el escenario inmediato permanece incierto, tanto analistas como organizaciones coinciden en que aún existe margen de acción antes de septiembre. Campos considera que las cortes podrían limitar decisiones migratorias que vulneren derechos civiles, mientras Palma insiste en la movilización comunitaria y la presión política hacia el Congreso estadounidense.
“Todavía el Congreso puede actuar y aprobar una legislación que dé un alivio permanente. Nada está escrito todavía y la comunidad debe informarse, organizarse y participar”, afirmó.
Para miles de salvadoreños que han construido su vida en Estados Unidos durante más de dos décadas, los próximos seis meses definirán no solo el futuro de un programa migratorio, sino la estabilidad de familias enteras que continúan viviendo entre la protección temporal y la incertidumbre permanente.
