El Salvador. El respaldo a la reelección presidencial sin restricciones supera el 55 %, aunque disminuye de forma significativa entre la población con mayor formación académica. Las tendencias de simpatía partidaria e identidad ideológica refuerzan un escenario dominado por el oficialismo y una ciudadanía que aún confía en las elecciones.
Más de la mitad de los salvadoreños considera conveniente que la reelección presidencial sea permitida sin límites, de acuerdo con la más reciente encuesta de LPG Datos, la unidad de investigación social de La Prensa Gráfica.
La encuesta fue realizada vía telefónica entre el 19 y el 25 de enero de 2026, con el objetivo de evaluar, desde la perspectiva ciudadana, el clima electoral de cara a las elecciones de 2027. Se aplicaron 1,200 entrevistas a personas mayores de 18 años en todo El Salvador, mediante un método de muestreo aleatorio simple. El estudio presenta un margen de error aproximado de ±2.8 % y un nivel de confianza del 95 %.
El 55.7 % de los consultados se manifestó a favor de la reelección sin restricciones, mientras que un 22.8 % prefiere que exista reelección, pero no inmediata. En contraste, solo el 12.1 % se opone a cualquier forma de reelección presidencial.
Este respaldo muestra una distribución amplia entre distintos grupos de la población. Por sexo y edad, el apoyo a la reelección sin límites es mayoritario en todos los segmentos, sin brechas significativas que indiquen una polarización generacional o de género.
El nivel educativo, sin embargo, introduce diferencias más marcadas: mientras el respaldo a la reelección supera el 60 % entre personas con menor escolaridad, desciende entre quienes cuentan con estudios universitarios completos, grupo en el que solo el 35.8 % se manifiesta a favor.
Los datos sugieren, entonces, que la continuidad presidencial cuenta, por ahora, con legitimidad social extendida, pero persisten visiones más cautelosas frente a la concentración del poder entre los sectores con una mayor formación académica.
El Salvador mantuvo, durante casi dos siglos, una prohibición expresa a la reelección presidencial inmediata. Este principio quedó plasmado en la Constitución vigente desde 1983, que establece que una persona que haya ejercido la Presidencia no puede postularse de forma consecutiva y consagra la alternancia en el poder como un eje esencial del orden democrático.
Ese criterio cambió de manera abrupta en 2021, tras la destitución de los magistrados propietarios y suplentes de la Sala de lo Constitucional por parte de una Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo y el posterior nombramiento de nuevos magistrados. El proceso fue cuestionado debido a que no siguió el procedimiento constitucional que exige la propuesta previa del Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ). Meses después, la nueva Sala reinterpretó la Constitución y habilitó la reelección presidencial inmediata, al argumentar que la prohibición no recaía sobre el presidente en ejercicio, sino sobre el antecesor que ya no ocupaba el cargo.
Un cambio de esta naturaleza habría requerido una reforma constitucional y su posterior ratificación por una legislatura distinta. Sin embargo, la legislatura electa en 2024 optó por modificar el procedimiento de reforma constitucional, permitiendo que los cambios puedan ser aprobados y ratificados dentro de un mismo período legislativo.
En ese mismo marco, la Asamblea Legislativa aprobó reformas que alteran los ciclos electorales presidenciales, ampliando la duración del período presidencial a seis años y eliminando la exigencia de obtener la mitad más uno de los votos válidos para ganar en primera vuelta, cambios que transforman de manera sustantiva el diseño original del sistema político salvadoreño.
El respaldo ciudadano a la reelección inmediata y continua se produce en un contexto de elevada confianza en el sistema electoral. El 75.8 % de los encuestados considera que en las próximas elecciones generales se respetará la voluntad de la población votante, frente a un 10.5 % que opina lo contrario y un 9 % que cree que esto ocurrirá solo en parte. Estos niveles de confianza coinciden con una alta disposición a participar en los comicios presidenciales de 2027: el 69.3 % afirma que definitivamente irá a votar y un 17.9 % señala que probablemente lo hará.
Entre quienes expresan intención de acudir a las urnas, las motivaciones están estrechamente vinculadas al respaldo al actual proyecto político. Un 13.2 % señala que votar es un deber y una obligación, mientras otro 13.2 % lo concibe como un derecho ciudadano. Sin embargo, un 10.9 % afirma que votará por apoyo al presidente o para mantenerlo en el cargo, y un 6.9 % dice hacerlo para que continúen los cambios impulsados en los últimos años. También aparece, aunque con menor peso, el apoyo explícito a la reelección como razón para participar.
En contraste, entre quienes manifiestan dudas o rechazo a la participación electoral, la principal razón es la desconfianza en el proceso, señalada por el 32.1 % de quienes no planean votar. Otros motivos incluyen la percepción de que no hay buenos candidatos (7.1 %), la incertidumbre personal (6.3 %) y dificultades de movilidad o salud (6.3 %), lo que sugiere que la abstención se explica más por factores de confianza institucional y de oferta política que por desinterés generalizado.
Las tendencias históricas de simpatía partidaria refuerzan este panorama. En 2026, Nuevas Ideas alcanza un 53.1 % de simpatía, muy por encima de los partidos tradicionales, mientras que ARENA y el FMLN registran niveles mínimos. A la par, la identidad ideológica muestra una ciudadanía predominantemente neutral (45 %), con un crecimiento del centro político (28.8 %) y bajos niveles de identificación con la izquierda (2.2 %), lo que sugiere un electorado más pragmático que ideologizado.
