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Haití. El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad este jueves la renovación por un año del mandato de la Oficina Integrada de Naciones Unidas en Haití (Binuh), cuya prórroga actual expiraba a finales de enero, en un contexto de creciente violencia de bandas armadas, un proceso político farragoso y un deterioro generalizado de la seguridad en el país caribeño.
El representante permanente adjunto de Panamá, Ricardo Moscoso, afirmó tras la votación que el nuevo mandato, redactado por su país junto con Estados Unidos, busca fortalecer la oficina de la ONU en Haití en un contexto «complejo» por la situación de inseguridad.
«Este texto se ajusta al contexto actual y procura mantener un equilibrio entre el acompañamiento al proceso político y electoral y el apoyo a su sistema de justicia», señaló.
El diplomático agregó que el mandato reforzará «el desarme de las pandillas y su reintegración, así como la protección de los derechos humanos».
Por su parte, la representante estadounidense Jennifer Locetta dijo que la lucha contra las pandillas es prioritaria y que debe «frenarse con un liderazgo firme y con el apoyo del pueblo haitiano».
Locetta dijo que la comunidad internacional debe asistir a las autoridades haitianas para facilitar la celebración de elecciones en el país, un proceso que debe promover una «representación inclusiva» en la toma de decisiones.
También recordó que el mandato del Consejo Presidencial de Transición (TPC, por sus siglas en inglés) expira el 7 de febrero. Antes de esa fecha, los actores políticos haitianos deben alcanzar un acuerdo u organizar elecciones para evitar un vacío de poder que podría agravar la crisis de seguridad.
Por su parte, Ericq Pierre, representante de Haití ante la ONU, afirmó en el Consejo que el Gobierno haitiano considera que la reducción de la violencia debe avanzar «de manera gradual» y enfatizó la necesidad de «proteger a la población, restaurar el estado de derecho y crear las condiciones para la estabilidad institucional mediante el diálogo».
La renovación del mandato de la Binuh se produce en un momento crítico para Haití, marcado por el control territorial de amplias zonas del país por parte de bandas armadas, el colapso de servicios básicos y un prolongado estancamiento del proceso político de transición tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021.
En este contexto, el Consejo de Seguridad subrayó en resoluciones previas que la Binuh, una misión política sin componente militar, no cuenta con capacidades para enfrentar la violencia armada, por lo que su labor se centra en el acompañamiento institucional, la mediación política, la defensa de los derechos humanos y la coordinación de la respuesta internacional.
Ante el deterioro acelerado de la seguridad, el Consejo aprobó en septiembre pasado la creación de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), un operativo multinacional con mandato explícito para combatir el crimen organizado y apoyar a la Policía Nacional de Haití (PNH).
La GSF reemplazará a la anterior Misión Multinacional de Seguridad (MSS), desplegada en 2024, cuyos resultados fueron considerados insuficientes frente al avance de las bandas, que controlan puertos, carreteras y barrios enteros de la capital, Puerto Príncipe.
Aunque se trata de mandatos distintos, la ONU señaló que la labor de la Binuh y el despliegue de la GSF son complementarios.
Se espera que los primeros contingentes de la GSF lleguen a Haití en abril, mientras que el despliegue completo está previsto para octubre, con hasta 5.500 efectivos aportados por al menos 18 países.
