Estimated reading time: 3 minutos
El Salvador. La Asamblea Legislativa de El Salvador, dominada por el partido gobernante Nuevas Ideas (NI), ratificó este jueves una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua para los delitos de homicidio, violación y organizaciones terroristas (pandillas), impulsada por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
La reforma fue ratificada con 58 votos de 60 diputados de este órgano de Estado, todos del partido gobernante, Nuevas Ideas (NI), sus aliados y de la opositora Alianza Republicana Nacionalista (Arena); solo el partido minoritario de oposición VAMOS no acompañó la votación.
“Se prohíbe la prisión por deudas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento. La pena perpetua solo se impondrá a los homicidas, violadores y terroristas”, dice la reforma al inciso segundo del artículo 27 de la Constitución, que entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Esta reforma se da una semana después de que se aprobó la iniciativa, respaldada en una reforma a la Carta Magna que permite cambios exprés en una misma legislatura.
En enero de 2025, la Asamblea Legislativa ratificó una polémica reforma que permite cambios exprés a la Constitución en una misma legislatura, anteriormente las enmiendas constitucionales necesitaban la votación de dos legislaturas diferentes.
La propuesta del Gobierno de Bukele para permitir las penas perpetuas llegó a unos días que El Salvador cumpla cuatro años bajo un régimen de excepción que se aprobó el 27 de marzo de 2022 para combatir a las pandillas, acusadas de cometer la mayoría de homicidios en el país, que por años fue considerado como uno de los más violentos del mundo.
Se prevé que este jueves, en la misma sesión del Congreso que se desarrolla, se apruebe una serie de reformas al Código Penal, Ley Penal Juvenil, Ley Contra Actos de Terrorismo y Ley para una Vida Libre de Violencia Contra las Mujeres para homologarlas con la nueva redacción de la Carta Magna.
Analistas también consideran que fue en respuesta a un informe de juristas internacionales que afirman que existen elementos para considerar que bajo este régimen se han cometido crímenes de lesa humanidad.
Bajo el régimen de excepción se han encarcelado a más de 91.650 personas acusadas de ser pandilleros o tener vínculos con esos grupos, y han muerto bajo custodia de agentes del Estado más de 500 detenidos, lo que ha encendido las alarmas de los defensores de derechos humanos.
