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El Salvador. El gobierno de Estados Unidos anunció una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, como parte de una ofensiva migratoria orientada a impedir el ingreso de personas que puedan convertirse en una “carga pública” para el Estado estadounidense.
La medida, impulsada por el Departamento de Estado, entrará en vigor el próximo 21 de enero y permanecerá activa mientras se lleva a cabo una reevaluación integral de los procedimientos de selección, verificación y adjudicación de visas. Entre los países afectados figuran Somalia, Rusia, Irán, Afganistán, Brasil, Egipto, Nigeria, Tailandia y Yemen, entre otros.
Un memorando interno del Departamento de Estado —revelado inicialmente por Fox News Digital— instruye a los funcionarios consulares a rechazar solicitudes de visa bajo la disposición de “carga pública” de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, una cláusula que permite negar la entrada a personas que probablemente dependan de asistencia social financiada con fondos públicos.
“El Departamento de Estado utilizará su autoridad de larga data para declarar no elegibles a inmigrantes potenciales que exploten la generosidad del pueblo estadounidense”, afirmó el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott.
Criterios más estrictos y discrecionalidad consular
La nueva directriz amplía los factores que pueden influir en una negación de visa, incluyendo edad, estado de salud, dominio del idioma inglés, situación financiera, historial de uso de beneficios públicos e incluso la posible necesidad de atención médica a largo plazo. Según la guía, personas mayores, con problemas de salud crónicos o antecedentes de asistencia estatal podrían ser rechazadas.
Aunque la norma de carga pública existe desde hace décadas, su aplicación ha variado considerablemente entre administraciones. En 2019, el entonces presidente Donald Trump amplió su alcance, decisión que fue impugnada en tribunales y posteriormente revertida bajo la administración Biden en 2022, limitando los beneficios considerados principalmente a la asistencia en efectivo y la institucionalización a largo plazo.
Somalia bajo especial escrutinio
El caso de Somalia destaca dentro de la lista debido a un escándalo de fraude de ayudas sociales en Minnesota, donde fiscales federales detectaron un uso indebido masivo de programas de asistencia pública, con varios implicados de origen somalí o somalí-estadounidense. Este antecedente habría motivado un mayor nivel de vigilancia sobre solicitantes de ese país.
El Salvador, fuera de la lista por ahora
En medio de este endurecimiento migratorio, El Salvador no aparece incluido en la lista de los 75 países afectados, un dato relevante para miles de salvadoreños que mantienen procesos migratorios activos o planes de reunificación familiar con Estados Unidos.
Expertos en migración advierten, sin embargo, que la situación podría cambiar dependiendo de futuras evaluaciones del Departamento de Estado, por lo que recomiendan a los solicitantes mantenerse informados y cumplir rigurosamente con los requisitos financieros y legales exigidos.
Por ahora, El Salvador permanece al margen de esta suspensión, en un contexto internacional marcado por controles migratorios más severos y una política estadounidense cada vez más restrictiva frente a la inmigración basada en criterios socioeconómicos.
