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Panamá. El grupo hongkonés advirtió que ante cualquier intento de APM Terminals de asumir Balboa y Cristóbal sin su consentimiento activará acciones legales, tras el fallo de la Corte Suprema que anuló la concesión vigente desde 1997. Sostiene que la continuidad operativa depende exclusivamente de la Corte Suprema y del Estado panameño
CK Hutchison Holdings Limited (CKHH) denunció que enfrenta presiones para forzar su salida de los puertos de Balboa y Cristóbal y advirtió que recurrirá a acciones legales si se intenta transferir la operación sin su consentimiento.
En un comunicado fechado el 10 de febrero de 2026, en Hong Kong, la compañía informó que notificó “a la República de Panamá sobre una disputa conforme a un tratado de protección de inversiones”, con el fin de salvaguardar sus derechos e intereses ante las medidas adoptadas por el Estado panameño que, según sostiene, han afectado a CKHH y a Panama Ports Company (PPC), su subsidiaria indirecta.
La controversia surge tras el anuncio del Poder Judicial, el 29 de enero de 2026, sobre la decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de declarar “inconstitucional” la Ley No. 5 del 16 de enero de 1997, base legal del contrato de concesión que permitió a PPC operar durante casi tres décadas los puertos de Balboa (Pacífico) y Cristóbal (Atlántico).
CKHH sostiene que “una determinación que pretende declarar inconstitucional la Ley No. 5 es ilegal”. Aunque la resolución aún no se ha publicado ni ha entrado en vigor, la empresa afirma que el Estado panameño ha avanzado hacia la salida forzosa de PPC y la transición del sector portuario sin definir claramente los planes operativos.
Advertencia directa a Maersk
El 30 de enero de 2026, la Autoridad Marítima de Panamá anunció que confiaría en APM Terminals (APMT), filial de AP Moller – Maersk A/S, como administrador temporal de las terminales de PPC en Balboa y Cristóbal. Ese mismo día, APMT expresó su disposición de asumir la operación temporal de ambos puertos.
Posteriormente, el 10 de febrero de 2026, Hutchison Port Holdings Limited (HPH) notificó formalmente a AP Moller – Maersk A/S que “cualquier acción de APMT o cualquiera de sus afiliadas para asumir la administración u operación de los puertos de PPC en Balboa o Cristóbal, en cualquier capacidad y por cualquier período de tiempo, sin el consentimiento de CKHH, causará daños a CKHH, HPH y PPC y dará lugar a recursos legales contra APMT y/o sus afiliadas involucradas”.
Asimismo, advirtió a terceros que no se confabulen en ninguna acción ilegal relacionada con el funcionamiento de las dos terminales.
Continuidad en manos del Estado
CKHH sostiene que el Estado panameño no ha brindado “garantías ni claridad sobre el futuro operativo de Balboa y Cristóbal” y continúa presionando para interrumpir o tomar el control de las operaciones, lo que —a su juicio— generará mayores perturbaciones y daños.
La compañía subrayó que, si la publicación del fallo implica la terminación de la concesión de PPC, el resultado inmediato sería la “imposibilidad” de operar las terminales. “Por consiguiente, en esta etapa, la continuidad de las operaciones de los puertos depende únicamente de las acciones de la Corte Suprema de Panamá y del Estado panameño, acciones que, por supuesto, escapan por completo al control de CKHH, HPH y PPC”, indicó.
El 29 de enero de 2026, el Pleno de la Corte Suprema declaró “inconstitucional” el contrato suscrito entre el Estado y PPC, concesión que había sido renovada por otros 25 años en 2021 y que, según el fallo, tenía “una inclinación desproporcionada a favor de la empresa” que perjudicaba al Estado.
Además de la notificación bajo el tratado de inversiones, PPC inició el 3 de febrero de 2026 un arbitraje conforme al contrato de concesión, previamente anunciado el 4 de febrero. La empresa también evalúa procedimientos legales adicionales, tanto nacionales como internacionales, contra la República de Panamá, sus agentes y terceros que, según afirma, coluden en este proceso.
PPC anunció que impugnará la sentencia ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC), con sede en París, por causarle “graves daños”, y denunció “una campaña del Estado” en su contra.
CK Hutchison aseguró que mantiene su compromiso de que PPC adoptará todas las medidas razonablemente disponibles para proteger a los empleados, evitar interrupciones en las operaciones portuarias y facilitar el flujo de buques y carga que transitan por el Canal de Panamá, siempre que las decisiones de la Corte Suprema y del Estado panameño lo permitan.
“CKHH continuará consultando con sus asesores legales sobre todos los recursos disponibles, incluyendo procedimientos legales nacionales e internacionales adicionales contra la República de Panamá, sus agentes y terceros que coluden con ellos en este asunto”, sostuvo el grupo hongkonés.
Postura de APM Terminals
APM Terminals reiteró este jueves, según EFE, que “no es parte de los procesos legales en curso ni participa en decisiones sobre la estructura y administración futura, a corto o largo plazo” de los puertos de Balboa y Cristóbal, cuya concesión fue anulada por la justicia panameña. La declaración se produjo luego de que CK Hutchison notificara a AP Moller-Maersk que tomará acciones si asume la operación sin un acuerdo previo.
La empresa danesa se mantiene en los términos de su comunicado del 30 de enero, en el que señaló que había “expresado su disposición en asumir temporalmente la operación” de ambas terminales “para mitigar los riesgos que puedan afectar los servicios esenciales para el comercio regional y global, y apoyar el hub logístico de Panamá”.
Un día después del fallo, el presidente José Raúl Mulino anunció que PPC continuará operando hasta que la sentencia quede “ejecutoriada”. Posteriormente, APM Terminals Panama asumirá de manera transitoria mientras se desarrolla un nuevo proceso de concesión. El 5 de febrero, Mulino afirmó que la transición fue planificada desde hace un año, responde a criterios técnicos y operativos; y destacó que Maersk es el principal usuario del puerto de Balboa, con experiencia global para asumir el reto.
En 2025, los puertos de Balboa y Cristóbal movilizaron 3,77 millones de contenedores, equivalentes al 38 % del total del sistema portuario nacional. Además, a finales de enero, el Canal de Panamá lanzó la licitación de los nuevos puertos de Telfers y Corozal, que requerirán una inversión estimada de $2.600 millones.
