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Panamá. Expertos reaccionaron este lunes a los señalamientos de PPC, que advierte un deterioro en la confiabilidad de Panamá como destino de inversión extranjera tras la toma de las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal.
La creciente tensión entre el Estado panameño y empresas extranjeras, derivada de la toma de terminales portuarias y conflictos en contratos mineros, ha sembrado dudas sobre la seguridad jurídica del país y su impacto en el posicionamiento de Panamá como destino estratégico para la inversión.
El vicepresidente del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), José Javier Rivera, reconoció que “los arbitrajes internacionales sí influyen en la percepción de los inversionistas, aunque Panamá cuenta con antecedentes sólidos”.
“En el caso del Canal, los tribunales internacionales le dieron la razón a Panamá no por ser pequeño o grande, sino porque el contrato estaba bien estructurado”, afirmó.
Rivera subrayó que los nuevos casos —uno relacionado con una concesión portuaria y otro con la actividad minera— deben analizarse con profundidad, considerando los fallos judiciales, las condiciones contractuales y el contexto internacional. “Los equilibrios contractuales son fundamentales. Para que los contratos tengan expectativa de vida, deben ser convenientes para ambas partes”, señaló
Por su parte, el presidente de la Cciap, Juan Arias, respaldó el fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional el contrato minero y destacó la transición ordenada en la operación de los puertos.
“Nuestros miembros nos han informado que, en el peor de los casos, hubo un retraso de tres días en la entrega de mercancías, lo cual es positivo considerando el cambio de operador en dos puertos de gran magnitud”, dijo Arias.
Arias aseguró que Panamá está preparado para enfrentar los arbitrajes. “Si la parte legal se ha preparado como la operación portuaria, me siento cómodo de que el país sabrá responder como Dios manda”, expresó.
También reconoció que los temas de inconstitucionalidad afectan la imagen del país, pero insistió en que las inversiones siguen llegando: “Antes de esta entrevista, atendimos a dos empresas internacionales interesadas en invertir en Panamá. Esa es la realidad”.
En medio de este panorama, Panama Ports Company, S.A. (PPC) emitió un comunicado este lunes, en el que advierte que Panamá continúa deteriorando su confiabilidad como destino de inversión extranjera.
La empresa denunció que el Estado panameño no presentó su respuesta en el arbitraje internacional dentro del plazo fijado por la Corte Internacional de Arbitraje, y que solicitó una suspensión de tres meses sin comprometerse a negociar ni devolver las terminales de Balboa y Cristóbal.
PPC también señaló que, pese a que el gobierno reconoció que la toma fue indebida, las terminales siguen operadas por empresas privadas sin experiencia ni contratos válidos, lo que ha afectado la eficiencia, seguridad y reputación de los puertos.
“El Estado ha ignorado sus obligaciones internacionales, incluyendo tratados de inversión y contratos con PPC. Esta conducta pone en riesgo la reputación de Panamá y puede tener consecuencias legales y económicas graves”, advierte el comunicado.
La empresa reiteró su disposición a resolver la disputa de manera negociada, pero advirtió que continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para proteger sus derechos e inversiones.
