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Costa Rica. Aunque comparten ciertos desafíos, las empresas bajo el régimen definitivo y el régimen especial de zonas francas enfrentan obstáculos distintos que condicionan su capacidad de competir, atraer inversión y generar empleo, según reveló la más reciente encuesta de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR).
En la décimo sexta edición del estudio sobre perspectivas empresariales y factores de competitividad del sector industrial, se evidenció que las compañías fuera del régimen especial identifican como principales trabas las elevadas cargas sociales, el tipo de cambio y la creciente competencia con negocios informales.
En contraste, las empresas de Zona Franca también mencionan el tipo de cambio como un factor relevante, pero priorizan la falta de personal capacitado y el elevado costo de la electricidad como sus mayores preocupaciones.
“La encuesta confirma que hay obstáculos estructurales que siguen minando la competitividad del país. Si no los enfrentamos con decisión, Costa Rica perderá oportunidades valiosas para generar empleo formal y atraer inversión”, advirtió Sergio Capón, presidente de la CICR.
Ante este panorama, la Cámara impulsa una Agenda de Competitividad con propuestas puntuales.
Entre las propuestas destacan la aprobación de la Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional, la cual permitiría la inversión del sector privado en energías limpias con tarifas más competitivas.
Asimismo, se requiere una reforma a la Ley del INA, con el fin de modernizar la formación técnica y adaptarla a las necesidades del mercado laboral. De hecho, este es un tema fundamental para las empresas, ya que el 70% de las compañías enfrentan problemas para encontrar al personal idóneo, según una encuesta de Manpower.
Finalmente, el proyecto de Jornadas Excepcionales, que busca dotar de seguridad jurídica a sectores estratégicos mediante esquemas laborales más flexibles, es otra de las demandas.
En este último caso, se trata de habilitar horarios laborales de 12 horas cuatro días a la semana, a cambio de tres días de descanso. La propuesta beneficiaría a las zonas francas principalmente.
Además, la CICR insistió en la urgencia de revisar el sistema de cargas sociales, una de las principales barreras para las pequeñas y medianas empresas.
En este sentido, recordó que la propia OCDE ha recomendado eliminar o reestructurar tributos que no financian directamente la salud o las pensiones, pero que encarecen la planilla y desincentivan la formalidad.
“Necesitamos acciones multisectoriales con visión de país para construir un entorno de negocios más dinámico y competitivo”, recalcó Capón.
