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EEUU. La corte determinó que el sistema vulnera el debido proceso al no permitir a los migrantes disputar su elegibilidad ni demostrar permanencia en EE.UU.
Un tribunal federal de apelaciones rechazó este sábado 22 de noviembre dejar vía libre a que el Gobierno estadounidense pueda reanudar las deportaciones rápidas de inmigrantes indocumentados, al dar la razón a un fallo de una corte inferior que había bloqueado las políticas de la Administración Trump.
El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.
En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.
«Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.
La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».
La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.
En enero, Trump restableció la «expulsión inmediata» de inmigrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.
Juez reanuda investigación al Gobierno Trump por posible desacato al expulsar migrantes
Por otra parte, un juez federal anunció el 19 de noviembre que reanudará una investigación para determinar si funcionarios del Gobierno Trump violaron una orden judicial que prohibía los vuelos de deportación a El Salvador, después que un tribunal de apelaciones le diera vía libre para continuar con la indagación, según informó el Washington Post.
En abril pasado, el juez federal James Boasberg había ordenado la investigación como parte de un proceso para declarar a la Administración del presidente Donald Trump en desacato por ignorar un fallo judicial y haber enviado a más de 200 migrantes, en su mayoría venezolanos, a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
La orden había sido puesta en pausa después que el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia bloqueó el procedimiento para evaluar los argumentos del Gobierno Trump, que impugnó la decisión de Boasberg.
En una audiencia este miércoles en Washington, el juez dijo que el tribunal de apelaciones le había dado luz verde para continuar con la indagación.
“Mi investigación no consiste en determinar si se debe declarar al gobierno en desacato, sino en determinar si existe suficiente información para remitir el caso por desacato”, aclaró el magistrado citado por el Washington Post.
Boasberg dijo que llamará a declarar al menos a dos personas relacionadas con el caso: Erez Reuveni, un informante del Departamento de Justicia (DOJ, en inglés) que fue despedido, y Drew Ensign, un abogado del mismo departamento a quien Reuveni acusó de engañar al tribunal sobre los vuelos de migrantes, de acuerdo al rotativo.
En su primera opinión de más de 40 páginas, el magistrado acusó al Ejecutivo de haber ignorado con «completo menosprecio» una orden judicial que les instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano.
«La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla», escribió el juez en su fallo de abril pasado.
