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El Salvador se someterá la próxima semana al Examen Periódico Universal (EPU) ante la ONU. Para este 2025 será evaluado en 20 temáticas, cinco más de la última revisión, en 2019. Al menos siete países enviaron preguntas al Estado salvadoreño relacionadas al régimen de excepción y el respeto de los derechos humanos durante la medida.
Bélgica, España, Estados Unidos, Alemania, Canadá, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, Alemania y Liechtenstein son los siete miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que han enviado preguntas al Estado salvadoreño sobre el régimen de excepción y el respeto de los derechos humanos durante la medida, previo al Examen Periódico Universal (EPU) que inicia la próxima semana.
Durante el desarrollo del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que iniciará el 20 de enero, El Salvador será uno de los 14 Estados evaluados en cuanto a su compromiso por el respeto a los derechos humanos.
Como parte de esta evaluación, los países miembros de la ONU pueden enviar preguntas a los que serán examinados para ahondar en la situación previo a las sesiones en Ginebra, Suiza. Los países antes mencionados cuestionaron a su par salvadoreño sobre las torturas de las personas capturadas en el régimen de excepción, la situación de los hijos e hijas de los capturados, el hacinamiento carcelario, el debido proceso y la terminación del régimen, entre otros temas relacionados.
Bélgica preguntó cómo garantizará el actual gobierno de El Salvador que las personas capturadas durante el régimen de excepción no sufran el abuso de poder de las autoridades para evitar tratos crueles y muertes en las cárceles.
“¿Cómo garantizará el Gobierno de El Salvador que todos los órganos estatales competentes realicen investigaciones efectivas, independientes e imparciales sobre la conducta de los miembros de la Policía Nacional Civil, las Fuerzas Armadas y el personal de la Dirección General de Centros Penales, especialmente en relación con las denuncias de detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y muertes bajo custodia del Estado sufridas por los detenidos?”, pregunta Bélgica.
También pregunta qué medidas está tomando El Salvador sobre las preocupaciones planteadas por diferentes organismos internacionales de derechos humanos en cuanto a la extensión del actual régimen de excepción, “particularmente a la luz de la falta de evidencia proporcionada por las autoridades sobre la situación actual y la necesidad de esta medida de emergencia”.
Canadá cuestiona sobre el hacinamiento en los centros penitenciarios y cómo el gobierno salvadoreño está enfrentando la problemática, si ha implementado alternativas de encarcelamiento para niños y personas vulnerables, y si ha mejorado las condiciones para cumplir sus derechos.
España citó cifras del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF por sus siglas en inglés) que detallan que más de 100,000 niños, niñas y adolescentes no tienen cuidado parental por el régimen, y pregunta al gobierno sobre qué medidas ha adoptado El Salvador para atender a estos menores y cómo les facilita su integración a la sociedad.
También pregunta si hay intención de terminar el régimen de excepción, ya que se ha reducido la violencia y esta medida conlleva el riesgo de vulneraciones de derechos “por detenciones abusivas y arbitrarias, la eliminación del secreto de las comunicaciones y la prórroga de la puesta a disposición judicial de los detenidos”.
Siguiendo con el cuidado de los menores, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte preguntan a El Salvador qué medidas ha adoptado para implementar la protección integral de estos menores, cuyos padres fueron capturados durante el régimen.
Otra de las preguntas va relacionada a una de las reformas al Código Penal, que redujo la edad para que un menor sea juzgado por un delito como adulto. Antes la edad mínima era 14 años, pero con las reformas se redujo a 12 años.
“¿Se comprometerá El Salvador a elevar la edad mínima legal de responsabilidad penal a por lo menos 14 años, como lo recomendó el Comité de los Derechos del Niño?”, preguntan el Reino Unido.
Mientras que Estados Unidos realizó preguntas relacionadas al debido proceso. Aunque reconoce los avances a los derechos a la vida y libertad de movimiento de la población, pregunta sobre cuáles son las medidas adoptadas para “garantizar arrestos con base a pruebas”, y que los detenidos tengan un juicio justo y protecciones legales.
También quieren saber sobre cómo se garantiza que los detenidos sean juzgados “en forma oportuna y reciban una representación legal efectiva”. Además, cuáles son los procesos para garantizar que las personas capturadas en el régimen sean liberadas de manera oportuna.
Alemania pregunta a El Salvador cuántos casos de tortura se han denunciado desde el último EPU (en 2019) y cuántos de estos se han investigado y cuántos han obtenido sentencia y han sido condenados. Por su parte, Liechtenstein pregunta sobre si El Salvador ratificará el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura.
Los informes de sociedad civil
Este EPU está conformado por tres informes: el primero es el que presenta el Estado de El Salvador, otro informe es de expertos y grupos independientes de derechos humanos y otra entidades de la ONU; y un tercer informe que incluye información de partes interesadas como la institución de derechos humanos del país, organizaciones regionales y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Gerardo Alegría, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo durante un coversatorio con periodistas realizado este viernes 17 de enero, que en el EPU se evalúan entre los mismos países y salen a relucir reconocimientos y recomendaciones, pero también señalamientos.
“Es obligación de los países hacer una evaluación objetiva y en la práctica lo que lo que se hace es que los países consultan con sus sedes en el territorio, con sus embajadas. Habrá una comunicación para dilucidar ese tipo de informaciones; y si hubieran discrepancias entre lo que el Estado dice y lo que dicen las organizaciones de derechos humanos, pues los estados hacen una valoración sobre eso”, indicó.
Las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) presentaron para este EPU un total de 7 informes, entre ellos uno sobre de seguridad y derechos humanos en El Salvador, en el que se detalla que el régimen de excepción ha registrado más de 82,000 personas capturadas, representando “1,700 personas capturadas por cada 100,000 habitantes”.
Otro es sobre las capturas arbitrarias de personas defensoras de derechos humanos, y discriminación basada en género, agresiones a periodistas, entre otros. Otro señala la falta de la Ley de Justicia Transicional y congelamiento de investigaciones de crímenes durante el conflicto armado.
Juan Carlos Sánchez, representante de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), organización que participó en tres de los informes, dijo que el enfoque de estos documentos fue el régimen de excepción, justicia transicional y defensores de derechos humanos y que denunciaron las torturas, desaparición forzadas y privaciones ilegales de la libertad ocurridas en el régimen, además del estigma hacia los defensores de derechos humanos y el cierre de espacios, entre otros.
Por su parte, Héctor Carrillo de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), organización que trabajó en el informe de derechos sociales y culturales, habló sobre las complicaciones del acceso a la justicia que tienen actualmente las víctimas del régimen.
“El tema de acceso a la justicia, es una cosa muy preocupante y no le damos la dimensión que debe de tener. Ahí está de por medio la manera en que el Estado le responde a las personas ante cualquier situación que implique vulneración a sus derechos, no hay garantía en este momento en un aspecto tan delicado como es la libertad personal , base base de la existencia digna”, indicó Carrillo.
El Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), conformado por 47 Estados, es el encargado de realizar el Examen Periódico Universal (EPU).
En estas sesiones que comenzarán el 20 de enero y finalizarán el 31 podrán participar los 193 Estados que conforman la ONU en el examen de un país, según informó la ONU a través de un comunicado el pasado 15 de enero de 2025. El Salvador será evaluado el lunes 20 de enero.
Los tres países que revisarán a El Salvador en su calidad de relatores serán: Brasil, Indonesia y República Checa.
