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El Salvador. Expertos y líderes de organizaciones migrantes señalan que la incertidumbre aumenta ante la ausencia de acuerdos visibles entre El Salvador y el gobierno de Trump respecto a la diáspora salvadoreña.
Los retrasos en la extensión del Estatus de Protección Temporal (TPS) están afectando a miles de salvadoreños que dependen de este programa para trabajar y mantenerse en Estados Unidos. En los primeros tres trimestres del año fiscal 2025 —de octubre de 2024 a junio de 2025— ingresaron 120,804 solicitudes para el proceso del TPS. En ese periodo, las autoridades estadounidenses aprobaron 9,510, negaron 1,442 y dejaron 117,192 casos pendientes.
Las demoras generan problemas en el empleo de los tepesianos, sobre todo porque la extensión automática del permiso de trabajo vence el 9 de marzo de 2026. La mayoría aún no recibe la nueva tarjeta que les permita seguir laborando.
José Palma, representante de la Alianza Nacional del TPS, confirma que muchas empresas ya empezaron a exigir comprobantes de la renovación. “La mayor cantidad de personas no han recibido el permiso de trabajo; algunos ya en sus lugares de empleo les están preguntando cuándo van a llevar la nueva tarjeta. No se sabe si esto vaya a llegar antes del 9 de marzo”, explicó. Ante la falta del documento actualizado, trabajadores salvadoreños podrían perder sus plazas.
La situación se suma al temor por el incremento de redadas migratorias. Palma señaló que en Massachusetts identificaron un caso de un salvadoreño protegido por el TPS que fue detenido durante un operativo, aunque posteriormente liberado tras mostrar la documentación. El incidente generó preocupación en la comunidad. “Todo mundo aquí que parece latino anda con un temor de que puede ser detenido en cualquier momento”, afirmó.
Organizaciones migrantes afirman que este cúmulo de solicitudes es uno de los factores que ha extendido el tiempo de procesamiento, afectando la continuidad laboral de miles de salvadoreños. De acuerdo con Palma, “es un momento bien caótico para todo el mundo”, pues la pérdida de trabajo comprometería el pago de vivienda, alimentación y demás responsabilidades.
El TPS para salvadoreños expira en septiembre de 2026. Activistas consideran que el panorama no es claro sobre una posible extensión, especialmente bajo la administración de Donald Trump. “Si continúan con la agenda de deportar a la mayor cantidad de personas posibles y cancelar el TPS como programa, esperamos que va a haber una cancelación”, afirmó Palma. El líder migrante aseguró que no tiene conocimiento de conversaciones entre el gobierno salvadoreño y la administración estadounidense para abordar esta situación.
Tampoco existen documentos públicos en Estados Unidos o El Salvador que acrediten algún diálogo bilateral encaminado a garantizar la permanencia del programa. Esta falta de información aumenta la incertidumbre para las comunidades salvadoreñas en ese país. Palma sostiene que la única vía para influir en la decisión de extender el TPS es la presión colectiva. “Hoy por hoy, todos los países con TPS se los han cancelado. Es posible que esa sea la decisión para los salvadoreños”, dijo.
Recrudecimiento
El escenario se ve afectado por las recientes declaraciones de figuras del gobierno estadounidense. Tanto el presidente Trump como la secretaria de Estado, Kristi Noem, han endurecido el discurso contra países catalogados como “del tercer mundo” y han señalado a comunidades migrantes latinoamericanas tras incidentes violentos ocurridos en semanas recientes.
Óscar Chacón, asesor de Alianza Americas, explicó que estas posturas se intensificaron luego de un asesinato en el que estuvo involucrada una persona de origen afgano. Las autoridades federales utilizaron el caso para justificar nuevas acciones. También indicó que el gobierno identificó 19 nacionalidades que serán objetivo prioritario de redadas y deportaciones, entre ellas algunas latinoamericanas.
Para Chacón, los salvadoreños están particularmente vulnerables porque constituyen uno de los grupos más numerosos sin una condición migratoria estable. “Los estimados van entre 750,000 y 1.1 millones de personas salvadoreñas que viven en Estados Unidos sin residencia permanente ni ciudadanía. Esto nos vuelve un grupo vulnerable”, dijo. Aun quienes cuentan con solicitudes de asilo o con TPS son considerados indocumentados desde la perspectiva de la administración.
Celia Medrano, experta en derechos humanos, señala que las recientes medidas contra migrantes ocurren en medio de tensiones entre tribunales federales y el gobierno estadounidense. Recordó la pesquisa ordenada por un juez federal sobre la expulsión de un grupo de venezolanos como ejemplo de estas confrontaciones. “En ese país se está jugando el sistema de independencia y balance de poderes que lo ha caracterizado por décadas”, afirmó.
Medrano advirtió que la incapacidad de los sistemas judiciales —en Estados Unidos y otros países cómplices— para reparar violaciones a derechos humanos está configurando “un cambio de era, marcada por el autoritarismo y el desprecio por la vida”. En este contexto, sostuvo que ningún migrante está completamente a salvo, incluyendo a las diásporas salvadoreñas.
Asimismo, rechazó la narrativa que atribuye la disminución de deportaciones o detenciones de salvadoreños a supuestas mejoras en seguridad pública en El Salvador. Señaló que existe “una cifra negra” de salvadoreños que optan por regresar voluntariamente ante la persecución migratoria, pero que no encuentran condiciones de reintegración en el país. También mencionó casos de salvadoreños expulsados hacia México o Guatemala sin ser deportados formalmente a su país de origen.
Según Medrano, ninguno de los beneficios obtenidos históricamente para salvadoreños en Estados Unidos ha sido resultado de gestiones gubernamentales, sino de la organización de las propias comunidades migrantes.
Las redadas recientes han afectado sectores con alta presencia de trabajadores salvadoreños, como la construcción y la jardinería. Palma describió estas operaciones como detenciones en las que no siempre se verifica si la persona está protegida por algún proceso migratorio. “No están viendo si la persona tiene documentos, si está en un proceso de asilo. Agarran a cualquiera”, explicó.
