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El Salvador. Una organización civil de El Salvador solicitó este jueves a la Corte Suprema que declare “inconstitucional” una polémica ley con la que según oenegés de derechos humanos el gobierno de Nayib Bukele busca silenciarlas.
Impulsada por Bukele, la ley entró en vigor el 7 de junio tras ser aprobada por el Congreso dominado por el oficialismo. Es similar a normas existentes en Rusia, Venezuela y Nicaragua que restringen la labor de las oenegés y establece un impuesto de 30% por las donaciones que éstas reciben.
“Presentamos a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad (…) de la Ley de Agentes Extranjeros”, dijo a periodistas Silvia Navarrete, dirigente del Movimiento para la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), que aglutina a varios sindicatos.
Esta ley “busca criminalizar a las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos”, afirmó Navarrete, quien citó el caso de la detención de la abogada y activista Ruth López, directora de la unidad anticorrupción de la reconocida ONG Cristosal.
López fue arrestada el 18 de mayo acusada por la fiscalía de enriquecimiento, pero Amnistía Internacional la declaró “presa de conciencia”. La ONG optó por exiliarse hace una semana por temor a que el resto de sus miembros sean detenidos.
El MDCT sostiene en su solicitud que con esta ley “al menos se violenta de manera flagrante una decena de artículos de la Constitución“, principalmente los referidos a la “legalidad, igualdad, a los derechos de expresión, organización y participación”.
Tras presentar el recurso a nombre del MDCT, el abogado Luis Rivera señaló que la ley dejó en la incertidumbre a las oenegés.
“Hay muchas organizaciones que ya dejaron de funcionar justamente por la falta de financiamiento en los proyectos sociales que estaban realizando (…). Los cooperantes ya les notificaron que no pueden pagar ese 30% (de impuesto) que el gobierno está exigiendo”, dijo Rivera.
El abogado indicó además que en lo que va del año unas 120 personas, entre periodistas, líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, partieron al exilio por temor a ser detenidas.
Para contener la violencia de las pandillas, Bukele instauró hace tres años un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Las organizaciones de derechos humanos afirman que ahora utiliza esta norma para detener a sus críticos con el fin de silenciarlos.
