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Panamá. Mientras ese proceso se cumpla, la ARAP busca adquirir un software de trazabilidad pesquera para que la pesca nacional cuente con la certificación de legalidad para ser aceptados por la UE, así como el nombramiento de más recurso humano
No será hasta principios del 2026, que Panamá podrá conocer si sale o no de la clasificación de la tarjeta amarilla, que lo mantiene como país no cooperante en la lucha contra la pesca ilegal no declarada y no reglamentada, que corresponde a la Unión Europea (UE), así lo confirmó el administrador general de lal Autoridad de los Recursos Acuátivos (ARAP), Eduardo Carrasquilla.
“Panamá esta dando los pasos correctos. Definitivamente estamos limitado de presupuesto, pero estamos confiados que a principios del próximo año podremos recibir la visita de la UE para demostrar que en enfecto estamos cumpliendo contra la lucha de la pesca ilegal”, comentó Carrasquilla, a este medio.
“Hemos venido avanzando en un proceso de diálogo amplio y con muchos aspectos técnicos que el país ha venido desarrollando. Tenemos un avance importante en cuanto al control de la flota pesquera internaciona y nacional”, añadió.
El administrador general de la ARAP adelantó que la semana pasada fueron notificados de una asignación presupuestaria que les permitirá adquirir un software de trazabilidad pesquera para que la pesca nacional cuente con la certificación de legalidad para ser aceptados por la UE.
Aparte del software, dijo, la entidad esta nombrando a 50 inspectores de pesca, que van a participar de manera permanente dentro de las plantas procesadoras de exportación, así como también estan adquiriendo botes patrulleros que permitirán a la entidad fiscalizar los procesos de pesca en la zona económica exclusiva de aguas nacionales.
”Todo este conjunto de acciones creemos que en los próximos días ya podremos estar concretando todas estas tareas, que nos llevarán a estar en una posición real de control de nuestra pesca nacional”, manifestó Carrasquilla.
Exportaciones y zonas vulnerables
Para la Arap, los inspectores suman un valor importante, ya que Panamá cuenta con 38 plantas procesadoras de productos del mar certificadas, donde 16 de ellas realizan exportaciones a la UE y otros mercados
Además, porque la UE se consolidó como el cuarto mercado donde más se exportador productos del mar en el 2024, sólo superado por China, Taiwán y Estados Unidos.
“Las principales zonas que contribuyen a la producción de la mayor cantidad de transformación de productos pesqueros y exportación es toda la zona de Azuero y Chiriquí”, indicó Carrasquilla.
En la actualidad, según la Arap, la pesca ilegal en Panamá golpea fundamentalmente a zonas protegidas y áreas restringidas.
Las principales áreas con altas incidencias de pesca ilegal es la cordillera de Coiba, la zona adyacente al Parque Nacional Coiba y la zona protegida del área de Bahía Piña, en Darién.
“Esas tres zonas son las de mayor incidencia de pesca ilegal, provocada principalmente por parte de nuestra flota nacional, que hace caso omiso de la regulación y entran a zonas donde esta prohibido realizar la pesca industrial, una actividad no permitida por las leyes”, subrayó Carrasquilla.
Evaluación
A la UE le interesa que Panamá pueda dar evidencia de que, en efecto, está controlando todas las operaciones de las flotas, ya sea en aguas internacionales como nacionales.
Para ello, revisará las evidencias documentales que pueda tener la ARAP sobre el control que hace en las flotas que estén en aguas internacionales, tomando en cuenta que Panamá se adhiere y cumple con las reglas que estipulan las organizaciones que fiscalizan estas zonas, que van desde el Pacífico, Pacífico Oeste y Atlántico.
La UE sancionó por primera vez a Panamá con una tarjeta amarilla en 2014, pero en 2017 recuperó la tarjeta verde. Luego, tras una etapa de poca inversión y control, el bloque económico volvió a sancionar al país con una tarjeta amarilla en 2019.
Después de 2019, hubo dos auditorías, una en 2020 y otra en 2022, sin resultados para salir de la sanción de la tarjeta amarilla, situación que representaría que la tercera auditoría sea una sanción para una tarjeta roja, que estaba programada para el segundo trimestre de 2025, pero no se realizó.
