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Panamá. La auditoría será en el primer semestre de 2026 sin presión de fecha, reconociendo el compromiso y avances en trazabilidad del país. Más de 150 naves y más de $181 millones en exportaciones están en juego
El camino de Panamá hacia la obtención de la “tarjeta verde” de la Unión Europea (UE), un reconocimiento crucial en la lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR), entra en su fase decisiva. Tras la reunión del 24 de octubre en Bruselas entre una delegación panameña y el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis, se confirmó que la auditoría final se coordinará de común acuerdo para el primer semestre de 2026.
Eduardo Carrasquilla, administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), señaló que el país ha recibido un “voto de confianza” de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG MARE) de la UE, que ha reconocido los avances significativos.
Avances sustanciales y coordinación sin presión
Carrasquilla detalló que la misión panameña presentó al comisario chipriota Costas Kadis —la autoridad más alta en materia pesquera de la UE— los progresos en materia normativa, tecnológica y de control de flota. El funcionario destacó que la UE ha visto un compromiso político e institucional fuerte, lo que ha disipado la presión inicial.
“Ya no existe la misma presión, porque ellos han visto avances sustanciales y un fuerte compromiso político e institucional. Cuando el país esté seguro de tener un nivel alto de cumplimiento, fijaremos conjuntamente la fecha para la auditoría del próximo año”, indicó Carrasquilla a La Estrella de Panamá.
Entre los avances clave, Panamá se encuentra en la fase de desarrollo del Sistema Nacional de Trazabilidad Pesquera, que hemos denominado “Traza Pesca”, creado con el apoyo del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). Este sistema es fundamental, ya que permitirá a los pescadores tramitar en línea zarpes, licencias y bitácoras, además de generar una guía de movilidad con código QR para la validación en plantas procesadoras.
Adicionalmente, se está reforzando el Centro de Monitoreo de Vacamonte con nueva tecnología, se están nombrando 40 inspectores de pesca y se están adquiriendo tres embarcaciones patrulleras, con una inversión de $3.5 millones destinados al control de exportaciones y trazabilidad.
Panamá necesita obtener la “tarjeta verde” de la Unión Europea para evitar sanciones severas, entre ellas la restricción de exportaciones pesqueras, embarques y transbordos que implicaría una eventual “tarjeta roja”. Este aval es vital para el sector pesquero, pues certifica que el país cumple con los estándares de la UE en la lucha contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.
El alto costo de una posible ‘tarjeta roja’
A pesar del optimismo y el reconocimiento de que Panamá está “en la recta final”, las consecuencias económicas de no obtener la “tarjeta verde” y, en su lugar, recibir una “tarjeta roja”, son graves.
Aunque la ARAP no contempla este escenario, Carrasquilla advirtió que una tarjeta roja afectaría a más de 150 naves con pabellón nacional, dedicadas a la pesca o actividades relacionadas, de las cuales más del 70 % utiliza puertos europeos.
El impacto económico más notorio se sentiría en la flota atunera, compuesta por 35 embarcaciones, que exporta entre $300 y $350 millones en atún al año.
“Perder acceso al mercado europeo significaría que muchas de estas embarcaciones renunciarían a la bandera panameña, con efectos negativos en licencias, servicios legales, empleo marítimo y aportes económicos”, explicó el administrador de la ARAP.
La pérdida del acceso al mercado europeo incidiría directamente en los ingresos de la ARAP y la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), considerando que en 2023 la Unión Europea recibió de Panamá $181.1 millones en recursos pesqueros. Una tarjeta roja prohibiría el desembarque, el transbordo y las exportaciones pesqueras a Europa.
