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El Salvador. Organizaciones defensoras de derechos humanos y especialistas en migración han expresado preocupación por el silencio del gobierno de El Salvador respecto al traslado de migrantes extranjeros al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una megacárcel de máxima seguridad.
Según el análisis de César Ríos, director del Instituto Salvadoreño del Migrante (INSAMI), esta omisión podría estar motivada por la intención del Ejecutivo salvadoreño de no afectar sus vínculos con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, con quien recientemente firmó acuerdos para albergar en cárceles a personas deportadas.
De acuerdo con el informe La Estrategia de Miedo en los Acuerdos entre El Salvador y EUA, publicado este mes, al menos 300 personas ya habrían sido trasladadas a cárceles salvadoreñas como parte de estos convenios bilaterales. La narrativa que rodea estos traslados ha sido acompañada por un discurso que asocia migración irregular con criminalidad, reforzando una estrategia de disuasión que busca sembrar miedo entre potenciales migrantes.
Uno de los elementos más preocupantes señalados por el análisis es la confusión intencional de términos legales. Mientras la administración Trump se refiere a estos traslados como “deportaciones de criminales”, en realidad se trata de traslados internacionales de prisioneros, figura que responde a acuerdos bilaterales y que no debería aplicarse a personas sin condena judicial en Estados Unidos. El uso del término “deportación” en este contexto genera confusión pública y contribuye a criminalizar la migración.
En paralelo, el gobierno salvadoreño no ha emitido ninguna postura oficial que desmienta o aclare la utilización del CECOT como centro de detención para personas migrantes. Este silencio, señala Ríos, “abre la puerta a cuestionamientos internacionales sobre el trato a quienes buscan oportunidades fuera de sus países de origen y atenta contra principios básicos de derechos humanos”.
La reciente visita del presidente Nayib Bukele a Washington para reunirse con Donald Trump ha reforzado la preocupación de que los acuerdos entre ambos gobiernos prioricen la cooperación penitenciaria por encima del respeto al debido proceso. Durante el encuentro, se reafirmó la colaboración salvadoreña en el uso del CECOT para encarcelar a personas que, según Estados Unidos, están vinculadas a pandillas criminales, aunque sin presentar pruebas o procesos judiciales formales.
Este modelo, basado en el uso de cárceles salvadoreñas como herramientas de política migratoria estadounidense, ha sido criticado por organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional. Ambas alertan sobre el riesgo de abusos y tortura a personas detenidas en un contexto de estado de excepción en El Salvador.
El informe de Ríos también advierte que el uso de la megacárcel como parte de una estrategia de disuasión migratoria “refuerza estereotipos perjudiciales” y puede terminar dañando la imagen internacional del país. “La migración debe tratarse con dignidad, no con amenazas”, señala el documento.
En este escenario, las organizaciones sociales exigen al gobierno salvadoreño una postura clara. “Es crucial que el Ejecutivo se pronuncie oficialmente y garantice que las cárceles de alta seguridad no serán utilizadas para la detención de migrantes”, concluye el informe. De lo contrario, sostienen los expertos, el mensaje de miedo continuará prevaleciendo sobre la búsqueda de soluciones reales y estructurales al fenómeno migratorio.
